GINEBRA (apro).- La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acusó que existe en el país una política de Estado para silenciar a la oposición y sostiene que políticos venezolanos de alto nivel, han ejercido influencia en el sistema judicial con el fin de reprimir, encarcelar, enjuiciar a opositores reales o percibidos como tales.

La Misión de la ONU detalla cómo “las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno desde 2014’’.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia”, acusa el informe que revela las recurrentes violaciones al debido proceso en Venezuela, un sistema de justicia carente de independencia, que ha perpetuado las graves violaciones de los derechos humanos contra opositoras y opositores al gobierno’’.

“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales,” dijo en rueda de prensa en Ginebra Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales”, agregó.

Impunidad perpetua

En los últimos años, funcionarias y funcionarios públicos, incluso algunos de alto nivel, en Venezuela han podido cometer violaciones de derechos humanos y crímenes con impunidad, remarca el informe.

Según la Misión entre los casos que revisó se encuentran los que documentó en 2020 que involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos de ambos sexos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales. No se encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que haya investigado desde entonces.

El informe se centra en el rol del sistema de justicia en la investigación y persecución de las opositoras y los opositores del Gobierno, reales o percibidos, y en la perpetuación de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos.

“La Misión observa que en los casos investigados dichos opositores, opositoras, críticas y críticos del Gobierno, reales o percibidos, incluyen cada vez más a individuos y/o organizaciones que documentan, denuncian o intentan abordar problemas de derechos humanos o problemas sociales y económicos en el país, así como individuos que interfieren, o se percibe que interfieren en los intereses políticos, económicos o criminales de ciertos actores del Gobierno’’, sostiene.

La Misión de la ONU basó sus conclusiones en 177 entrevistas – muchas de ellas con actores del sistema de justicia – así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos, y en un extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales. También realizó un análisis detallado de 183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno (153 hombres y 30 mujeres; aproximadamente la mitad de civiles y la mitad de militares) entre 2014 y agosto de 2021, y documentó las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal.

Además, como parte de sus investigaciones, la Misión ha llevado a cabo una extensa revisión documental de miles de páginas de expedientes judiciales, incluyendo solicitudes de órdenes de aprehensión por fiscales, órdenes de aprehensión y allanamiento emitidas por los tribunales, y actas de audiencias de presentación, audiencias preliminares, juicios orales y públicos, y apelaciones y otros recursos legales.

Por otra parte, el informe hace hincapié en que “las autoridades venezolanas no han respondido a las cartas enviadas por la Misión”.

Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, la Misión envió 17 cartas dirigidas al Presidente Nicolás Maduro; al Fiscal General Tarek William Saab; al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel José Moreno Pérez; a la Ministra del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz Carmen Meléndez; al Defensor del Pueblo de Venezuela Alfredo Ruiz Angulo; y al entonces Ministro de Defensa Vladimir Padrino López. En dichas cartas, la Misión reafirmó su predisposición a cooperar con las autoridades de Venezuela y a iniciar un diálogo sobre los temas relacionados con el mandato de la Misión.

Entre los casos que la Misión revisó se encuentran los que documentó en 2020 que involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos de ambos sexos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales. “No se encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que se haya investigado desde entonces”, sostiene.

Entre estos casos destacan: Fernando Albán líder de la oposición que murió tras haber caído al vacío desde el décimo piso mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 2015; Rafael Acosta Arévalo oficial militar que se desmayó y murió en una sala de audiencias de Caracas con signos evidentes  de haber sido torturado en 2018; y Juan Pablo Pernalete era un estudiante que murió después de que una granada de gas lacrimógeno golpeara su pecho a corta distancia durante una manifestación en Caracas en 2017. La Misión estima que las acusaciones presentadas recientemente en estos casos tienen un alcance muy limitado y/o se centran en aislar a los autores de bajo nivel, en lugar de asegurar la rendición de cuentas entre personas de mayor rango en la cadena de mando. 

“La abrumadora mayoría de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes que documentamos anteriormente dirigidos a opositores y opositoras del gobierno no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas de todas y todos los presuntos responsables,” dijo Francisco Cox Vial, miembro de la Misión.

“La contribución del sistema de justicia a la crisis de derechos humanos de Venezuela no puede menospreciarse. Si las y los fiscales y actores judiciales hubieran desempeñado adecuadamente su función constitucional, podrían haber evitado que se cometieran los crímenes y violaciones de derechos humanos, o al menos haber erigido barreras jurídicas a la capacidad de los servicios de seguridad pública e inteligencia para cometerlos".

Irregularidades procesales contaminadas por tortura

“Los jueces y las juezas ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional”, remarca el informe.

Describe que en ocasiones, juezas, jueces y fiscales mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona. “En algunos casos, jueces y juezas dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo, que abarcaban periodos durante los cuales los detenidos y las detenidas padecían  torturas y violencia sexual, se les impedía comunicarse con sus familiares o su defensa, y quedaban fuera de la protección de la ley”.

Las y los fiscales presentaron evidencia contaminada por la tortura la que a su vez fue admitida por jueces y juezas  como prueba contra las personas acusadas. En algunos de los casos examinados, los jueces y las juezas tampoco protegieron a las víctimas de la tortura al ordenar que regresaran a los lugares de detención donde supuestamente se había producido la tortura. Ello a pesar de haber oído a las víctimas – que a veces presentaban lesiones visibles compatibles con la tortura – hacer la denuncia ante el tribunal, cita el informe.

Las largas demoras procesales negaron a las personas acusadas la oportunidad de impugnar las pruebas en su contra dentro de un plazo razonable. La Misión documentó 16 casos de detención en los que las audiencias preliminares se aplazaron durante más de dos años, tiempo durante el cual se prolongó la prisión preventiva o las medidas cautelares sustitutivas. A varias personas detenidas se les aplazó la audiencia preliminar más de 20 veces, y algunos estuvieron en prisión preventiva hasta por cuatro años, el doble del límite legal.

Las abogadas y los abogados defensores enfrentan habitualmente obstáculos y acoso y las personas acusadas son presionadas para aceptar una defensa pública, en lugar de una de su elección.

“Las múltiples irregularidades en los casos que hemos analizado, tomadas en conjunto, han tenido un impacto devastador en las vidas – incluso en la salud física y mental – de las víctimas y sus familias,” afirmó Marta Valiñas.

Políticos de alto nivel involucrados

La Misión encontró motivos razonables para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia.

El informe observa que el nombramiento de jueces y juezas provisionales por parte del Tribunal Supremo de Justicia, en contraposición a jueces y juezas de carrera, le ha permitido efectuar nombramientos y destituciones sobre la base de consideraciones personales o políticas inapropiadas.

“Fuentes del Poder Judicial informaron que los jueces y juezas de todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia”.

“Las juezas y los jueces que no han cedido a las presiones políticas han sido perseguidos, denigrados e intimidados; un ejemplo destacado fue la detención y el procesamiento de la jueza María Lourdes Afiuni en 2009. Esto ha dado lugar a un clima de miedo. Casi la mitad de los ex jueces, juezas y fiscales entrevistados, junto con muchos de sus familiares, han tenido que abandonar Venezuela temiendo por su seguridad; muchos otros se negaron a hablar con la Misión por temor a represalias”, señala.

Las y los fiscales también se han vuelto vulnerables. En 2018, el actual Fiscal General eliminó el proceso de selección por concurso público de fiscales y declaró que todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público ocupan “cargos de confianza”, por lo que sus nombramientos y destituciones son discrecionales. Fuentes con conocimiento directo dijeron a la Misión que el ingreso depende en gran medida de factores personales o políticos partidistas.

Según un exjuez, el sistema de justicia “no es ni la sombra de lo que era hace apenas 15 años”.

“En lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el sistema de justicia ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad. Algunos jueces, juezas y fiscales han negado los derechos de opositoras y opositores reales o percibidos como tales por el gobierno,” dijo Francisco Cox Vial.

“El sistema de justicia de Venezuela necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que proteja los derechos de todos los venezolanos y todas las venezolanas, de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.”, recomendó la Misión de la ONU.