Traducido por : Mathieu Tourlière 

Chapo: Planes para incendiar cultivos de subsistencia, depósitos para “comprar” líderes locales, y envíos de dinero a la Policía Nacional… El grupo minero Solway, que controla la mina Fénix en El Estor, Guatemala no ha escatimado sus recursos financieros y políticos para influir en la toma de decisión en el país. Una filtración masiva de datos a la que Forbidden Stories tuvo acceso y compartida con 65 periodistas en el mundo ofrece una mirada sin precedente en la manera de operar de esta turbia transnacional.

Este trabajo forma parte del proyecto Mining Secrets –publicado tres años después del proyecto Green Blood–, una colaboración global que da seguimiento al trabajo de periodistas amenazados por investigar delitos ambientales.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fue el producto de varios meses de un diálogo intenso, y de una votación muy anhelada: el 6 de enero de 2022, la mina de níquel Fénix en El Estor, en Guatemala, recibió del Ministerio de Energía y Minas (MEM) la autorización para reanudar sus actividades de extracción. La mina había sido clausurada en febrero de 2021, un año y medio después que la justicia determinó que no había consultado a las comunidades locales sobre los impactos ambientales y sociales de sus actividades.

La reapertura de la mina derivó de una consulta entre el gobierno de Guatemala, líderes comunitarios de El Estor y representantes de Grupo Solway, un conglomerado con sede en Suiza y cuyo equipo directivo está integrado principalmente por hombres de negocios de Rusia y Estonia. En sus respectivos comunicados de prensa, Grupo Solway –que compró la mina en 2011 y la opera a través de sus filiales CGN y Pronico-- y el gobierno ensalzaron la consulta como un proceso armonioso e inclusivo.

“Lo importante del proceso es que partió desde los altos liderazgos —de las comunidades— que contó con los insumos que se recogieron de los pobladores de las comunidades del área de influencia”, declaró Óscar Pérez, el vicepresidente de sustentabilidad en el MEM.

Pérez omitió el hecho de que, fuera de la luz pública, Solway había movido los hilos de la consulta. Desde octubre de 2020, un año antes del arranque del proceso, las filiales de la empresa entregaron dinero en plazos regulares a los líderes comunitarios involucrados en la consulta; lo hicieron a través de una fundación llamada Raxché, cuyos recursos provienen casi exclusivamente de filiales de Solway, según datos bancarios revisados por Forbidden Stories.

Entre octubre de 2020 y enero de 2021, Raxché depositó 38 mil 500 quetzales mensuales –alrededor de 5 mil dólares-- a la Asociación Nacional para el Desarrollo Mutual (ANADE) para “reforzar” a uno de los dos consejos indígenas que votó a favor de la reapertura de la mina. En por lo menos dos ocasiones, 10 mil quetzales (mil 300 dólares) fueron canalizados como “apoyo económico” a cuatro integrantes del consejo, una suma importante en un país donde el salario mensual promedio vale 468 dólares.

“Algunos aquí son vendidos, más claro ni el agua”, dijo María Choc, una residente de El Estor, en entrevista con periodistas del consorcio encabezado por Forbidden Stories.

En una carta dirigida a Forbidden Stories, Solway negó cualquier irregularidad. “Solway Investment Group opera de manera totalmente alineada con las regulaciones nacionales e internacionales”, escribió su director general, Dan Bronstein. “Refutamos cualquier afirmación que se mencione sin base factual”.

Sin embargo, millones de documentos internos, que Forbidden Stories obtuvo y compartió con 20 medios internacionales en el marco del proyecto Mining Secret, confirman las sospechas que los residentes de El Estor tenían desde hace mucho tiempo sobre las verdaderas intenciones de la empresa.

Forbidden Stories y sus socios exhiben al secretivo y poderoso conglomerado suizo-ruso Solway, y revelan los esfuerzos que éste desplegó para manipular las comunidades locales durante las negociaciones de la consulta, que culminó con la aprobación de la reapertura de la mina en diciembre de 2021.

De la filtración, que incluye 470 buzones de correo electrónico (2 terabytes de datos) y 8 millones de documentos –como registros de envío e información financiera-- brotan varios escándalos: daños ambientales, intrigas para “comprar” líderes comunitarios, y pagos a policías y jueces; planes detallados para desplazar comunidades, e imágenes que evidencian el espionaje a periodistas que investigaban sobre la mina.

Consulta a la venta

Instalada en las montañas del noreste de Guatemala, El Estor colinda con una reserva natural –hogar de animales en peligro de extinción—y con el lago más extenso del país, el lago Izabal. Los indígenas maya Q’eqchi’ de la región han vivido históricamente del cultivo de cardamomo, maíz y frijol. Pero las comunidades que conforman El Estor están sentadas en un recurso mucho más codiciado: el níquel.

En 1960 arrancó el proyecto Fénix, que consistía en extraer y vender ese mineral de la región. Una vez procesado, el níquel puede encontrarse en todo tipo de objetos, desde mostradores de granito hasta rascacielos o monedas de dólares. En 2011, Solway adquirió la mina, la planta procesadora de níquel y la central eléctrica, e inició las operaciones en 2014. La empresa dice que Fénix genera cerca de 2 mil empleados, y que Solway invierte en “el desarrollo de infraestructura social en sus áreas de operación local en Guatemala” mediante empleos, programas de capacitación y otros proyectos.

Pero en 2017, la empresa se convirtió en el centro de una polémica nacional: pescadores locales acusaron la mina de contaminar el lago Izabal y lanzaron protestas que fueron brutalmente reprimidas, causando la muerte de un pescador. En 2019, Forbidden Stories reportó, en el marco del proyecto Green Blood, que los periodistas del medio Prensa Comunitaria que cubrieron las protestas fueron amenazados y obligados a esconderse.

La comunidad obtuvo un triunfo en 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó a la mina la suspensión de sus operaciones, que se hizo efectiva en febrero de 2021. Esa decisión obligó a la empresa y el gobierno guatemalteco a llevar a cabo un proceso de consulta con líderes locales para obtener su consentimiento antes de reiniciar sus actividades. Indígenas de la región sostienen que este proceso ha sido manipulado por la mina.

“No hay interés del gobierno en generar un diálogo real”, dijo Lucía Ixchiu, activista indígena y fundadora de Festivales Solidarios –un colectivo que protestó contra la mina-- a Forbidden Stories en entrevista telefónica.

Miembros de la comunidad indígena afirman que cuatro de sus órganos ancestrales de decisión fueron excluidos del proceso de consulta.

En una carta de Pronico, una de sus filiales, la empresa argumentó que ello se debió al diseño de la consulta. “[La participación de los órganos ancestrales de decisión] fue rechazada para no dañar la integridad del proceso de consulta indígena establecido por la Corte Suprema”, escribió Marvin Méndez, el director administrativo de Pronico. 

En al menos un caso, Forbidden Stories pudo confirmar que una lideresa indígena fue expulsada de uno de los consejos indígenas después de rechazar dinero de la empresa.

En 2019, representantes de la empresa pidieron a Guadalupe Xol Quinich, una lideresa ancestral e integrante del consejo indígena de El Estor, que se sumara a un amicus curiae, una figura legal a través de la cual una persona ofrece información a una corte de manera voluntaria para ayudar en la resolución de un caso, sin estar directamente vinculada con este caso. Le  ofrecieron 3 mil quetzales (cerca de 400 dólares) por su firma, dijo en entrevista. Como se negó a firmar, fue sustituida por otra persona en el consejo.

“Estamos muy divididos entre hermanos y hermanas de la comunidad” dijo la mujer a un miembro del consorcio de Forbidden Stories.

De nuevo, los documentos filtrados confirman que la consulta no fue totalmente imparcial. Un documento previo a la consulta enumeraba estrategias que incluían, literalmente, la “compra de líderes” en dos barrios de El Estor. (Méndez afirmó, en una respuesta escrita a Forbidden Stories, que nunca se hicieron pagos a estos líderes.) En 2021, las filiales de Solway contemplaron intensificar sus donaciones a “actores clave y partes interesadas relacionadas con la consulta”.

“Es totalmente violatorio a los estándares internacionales sobre la consulta y al principio de buena fe”, dijo Quelvin Jiménez, abogado de Santa Rosa que defiende los derechos a la tierra para la comunidad Xinca en el suroeste de Guatemala. “La cooptación de líderes, las negociaciones paralelas o las negociaciones con ciertos grupos son contrarios a la buena fe y no deberían ser autorizadas por el Estado”, dijo a Forbidden Stores, citando un precedente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estas tácticas no sonarán extrañas a los pescadores que integran la Asociación Bocas del Polochic: en un primer momento eran opositores de la mina, pero extrañamente se volvieron promotores de su reapertura, e incluso protagonizaron un video promocional de la empresa.

Documentos muestran la manera en la que Solway volteó la asociación y la convirtió en amiga de la mina: “Realizar durante el primer trimestre de 2020 la donación de $34,000 para la compra de 10 equipos de pesca con la intención de mantener como aliados a los líderes y socios de la Asociación Bocas del Polochic”, recomienda un plan de trabajo de una de las filiales, elaborado en 2019.

“La empresa encontró oportunidades en la pobreza de la comunidad”, dijo Cristobal Pop, un pescador de El Estor que vive ahora en la ciudad de Guatemala porque teme por su seguridad.

El plan de trabajo de Solway: “trabajos ficticios”, “incendios de cultivos”, “rumores”

En Las Nubes, los rastros de la pobreza se pueden observar en todas partes.

Los integrantes de esta pequeña comunidad indígena, ubicada en los terrenos explotados por la mina Félix y a cientos de metros de la planta procesadora de níquel, viven en casas con pisos de tierra y techos de lámina. Ante el deterioro de las condiciones ambientales, que afecta el cultivo del cardamomo y de los demás sembradíos, muchos habitantes tuvieron que enrolarse en trabajos manuales en la mina para sobrevivir.

Durante años, la presencia de esta comunidad representó un obstáculo mayor para las filiales de Solway, CGN y Pronico, pues se encuentra justo en su zona de operación. A partir de 2014, estas dos filiales locales elaboraron decenas de reportes sobre Las Nubes, en los cuales diseñaron tácticas cada vez más extremas para acceder a las tierras sobre las cuales están construidas las casas del pueblo.

Así como pareció hacerlo durante la consulta, Solway inundó la comunidad de Las Nubes con donaciones: en cuatro años, la empresa inyectó más de 200 mil dólares en Las Nubes a través de la fundación Raxché, que en 2019 y 2020 recibió casi todos sus fondos de las filiales de Solway, según un reporte interno.

Documentos muestran también cómo la empresa trató de ganarse un lugar en la comunidad de Las Nubes a cambio de favores: pintó la iglesia para “mejorar las relaciones con los líderes religiosos locales”, organizó un partido amistoso de fútbol para “ganar cercanía con líderes relevantes en la toma de decisión comunitaria”, y participó en una marcha del día de la madre para “evaluar el comportamiento del grupo”.

Otros donativos fueron entregados de manera más personalizada. En un documento de 2021 titulado “plan específico”, por ejemplo, la empresa planteó que ofrecería un trabajo al hijo de un líder comunitario y regalaría una sierra eléctrica a otro.

Un documento de 2016 sugiere que la empresa no se detuvo ahí, pues se propuso crear “empleos ficticios”, como señalizadores en carretera, y pagó “salarios apócrifos” a algunos pobladores. (En una respuesta por escrito a Forbidden Stories y sus socios, Méndez negó que la empresa pagó salarios ficticios; afirmó que “esa información no corresponde a la realidad”).

El objetivo de estas inversiones, según numerosos reportes iterados por CGN y Pronico entre 2016 y 2019, era nítido: “Obtener la reubicación voluntaria de la población fuera de la zona de interés de la mina en el tiempo más breve posible”.

Pero los miembros de la comunidad se negaron a abandonar Las Nubes, reivindicando los vínculos ancestrales con su tierra.

Paolina Chetek, una residente de Las Nubes cuyos familiares trabajan en la mina y cuyo esposo recibió una oferta de dinero de la empresa para ceder su tierra, dijo a integrantes del consorcio de Forbidden Stories que no le importaron estas donaciones. “No queremos recibir dinero, porque el dinero es como el agua mineral: burbujas que se desvanecen”.

“Yo voy a resistir hasta el final, porque mis hijos no tienen otro lugar para crecer y para su vida futura”, añadió.

Ante el fracaso de sus intentos por lograr una reubicación voluntaria, la empresa imaginó medidas más coercitivas, aunque no queda claro si echó a andar estos planes o no.

Un “plan de trabajo” de febrero de 2020 que pretendía lograr la reubicación de la comunidad Las Nubes incluyó ideas crueles, como despedir a trabajadores que se niegan a entregar sus tierras, o rociar cultivos de cardamomo con agroquímicos.

En un correo electrónico fechado el mismo mes, que el experto en relaciones comunitarias de las filiales locales envió al director administrativo Marvin Méndez bajo el encabezado “Propuesta Complementaria Las Nubes”, las propuestas para desplazar a los pobladores de Las Nuevas eran todavía más radicales: esparcir rumores sobre una epidemia de VIH entre los líderes comunitarios, pagar a delincuentes para que incendien cultivos de cardamomo, o lanzar un rumor según el cual la casa de un líder comunitario era en realidad el fruto de un soborno.

Los autores del informe señalaron los “pros” y “contras” de cada estrategia planteada. En la parte que detallaba el plan de reclutar delincuentes para provocar incendios criminales, por ejemplo, estimaron como ventaja que el plan lograría “la destrucción de sus métodos de subsistencia”, pero anotaron en la columna de desventajas que los delincuentes podrían delatar quién los había reclutado. A pesar de su diversidad, todas las estrategias tenían un punto en común en su metodología: “pagar sobornos”.

Preguntado sobre estos métodos, Méndez –quien recibió el correo mencionado– reiteró que “esa información no corresponde a la realidad”.

Más tarde ese año, sin embargo, la empresa pareció dar un giro estratégico. En lugar de buscar la reubicación voluntaria de la comunidad, CGN-Pronico empezó a comprar tierras individuales dentro de Las Nubes y explotarlas, según un informe.

En una parcela que adquirió, la empresa estimó la cantidad de níquel en 500 toneladas, con un valor final de 165 mil dólares.

“La empresa está lastimando a nuestra comunidad. Están dañando nuestro medio ambiente y nuestras culturas”, dijo Abelino Pantzir, poblador de Las Nubes y padre de ocho hijos. En una entrevista llevada a cabo en diciembre, dijo: “cuando nos dan una pequeña oportunidad, la tomamos”.

En una entrevista realizada en El Estor con integrantes del consorcio de Forbidden Stories, un representante de una filial local de Solway dijo que nunca existió ningún plan para desplazar a la comunidad de Las Nubes.

“La empresa no planea reubicar a los residentes de Las Nubes”, coincidió Méndez. “La empresa invierte en Las Nubes, y contribuye a su mayor prosperidad”.

Jueces, políticos y policías en la nómina de la empresa

Enrique Xol tiene conocimiento de primera mano sobre los métodos de Solway. Xol, quien acepta hablar en público por primera vez sobre su experiencia con la empresa, es integrante de uno de los cuatro consejos ancestrales de El Estor, y tiene una voz crítica hacia la mina.

En 2017, participó en una mesa de diálogo entre líderes comunitarios y la mina en el hotel Paraíso, ubicado a 20 kilómetros de El Estor. Narra a miembros del consorcio de Forbidden Stories que, después de la plática, el presidente de una de las filiales de Solway, Dmitry Kudryakov, se acercó a él, lo tomó aparte y, a través de un traductor, lo bombardeó de preguntas. “¿Qué quieres? ¿Quieres un proyecto? ¿Quieres algo?”, le preguntó el hombre, según recuerda Xol.

Para el líder comunitario, esta plática olía a sobornos. Rechazó.

Documentos y correos electrónicos internos a los que tuvo acceso Forbidden Stories sugieren que esta práctica pudo ocurrir a una escala mucho mayor.

En un intercambio de correos fechados en diciembre de 2016, directivos de la empresa elaboraron listas de “actores claves” para recibir un “potencial” regalo de Navidad. En los correos, se planteaba que se regalarían “como cortesías, como lo hacemos cada año”.

En respuesta, el abogado de una de las filiales de Solway agregó un nombre particularmente interesante en la lista: “Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios”. Abajo, el abogado especificó que el destinatario sería el propio juez que en ese entonces encabazaba el tribunal: Edgar Aníbal Arteaga López, quien años después resolvió, a favor de Solway, una demanda que la empresa presentó contra grupos de pescadores locales y periodistas.

Arteaga rechazó haber “recibido nunca algún regalo de CGN-Pronico o de cualquier otra entidad”. Las filiales de la empresa, por su parte, dijeron que enviar regalos a “amigos con quiénes interactuamos durante el año” es una “práctica común”, y que estas canastas de regalos “solo se entregan a personas cuando no lo prohíbe la ley”.

“Las canastas de Navidad no se entregan a jueces”, señaló Méndez.

No obstante, otro documento interno, “Listado de actores propuestos para entregar de (sic) presentes navideños Pronico/CGN 2016” incluye siete alcaldes, siete líderes comunitarios, dos jueces, dos sacerdotes, dos periodistas y un obispo entre los más de 100 actores destacados en la región de El Estoy y sus alrededores. 

Otros correos y archivos internos documentan la relación cercana entre las filiales de Solway y la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, el cuerpo de seguridad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en 2021 por “el uso excesivo de la fuerza y la represión en contra de pueblos indígenas mayas q'eqchi', periodistas y medios de comunicación en El Estor, Guatemala”.

En el transcurso de 2020, una de las filiales de Solway, Pronico, realizó al menos cinco donaciones a la Fundación Raxché como “aporte estratégico” al PNC, por un monto total de cerca de 350 mil quetzales (45 mil dólares). Correos filtrados muestran que los agentes de la corporación policiaca colocados en varios puntos de la mina y sus alrededores también recibieron su parte de dinero de la empresa.

En un correo dirigido al “Señor director” –probablemente Dmitry Kudryakov, entonces director de la mina--, Roberto Zapata, el jefe de seguridad de una de las filiales locales, consideró que “apoyar a la alimentación es más rentable o mejor recibido por el PNC que apoyar en insumos a nivel general”, y recomendó “que se les dé el apoyo necesario a todos”.

“La naturaleza humana es reactiva, si se les deja de apoyar existen riesgos potenciales estratégicos (sic) que es conveniente analizar. (personalmente)”, insistió Zapata.

Estos pagos, según el abogado Jiménez, en Santa Rosa, “pudieron constituir el delito de tráfico de influencias o soborno, dependiendo de los términos en los que se entregó o de lo que se pidió en cambio”.

Sin embargo, a la pregunta de si la empresa había entregado algún donativo a la PNC durante las protestas en El Estor, Méndez contestó con una sola palabra: “No”.

Poder y minería a la rusa

En el otoño de 2021, indígenas mayas Q'eqchi tomaron las calles de El Estor para protestar contra la mina, por segunda vez desde 2017. “El Estor Resiste” se convirtió en un grito de batalla que trascendió Izabal y se expandió por el mundo, en reacción a la violenta represión perpetrada contra las manifestaciones pacíficas, y al estado de sitio que el gobierno de Guatemala decretó en octubre de ese año.

Los manifestantes de El Estor no solo estaban enojados por la consulta indígena, sino también por lo que consideraron una evidencia más de la captura del Estado guatemalteco por las transnacionales.

“Solo en Guatemala cambiamos la riqueza mineral por migajas”, escribió el pasado 12 de noviembre en su cuenta de Facebook el abogado Rafael Maldonado, quien representa a una asociación de pescadores en El Estor. “La minera en El Estor gana miles de millones al año y estas son las miserias que paga, dejando atrás destrucción y contaminación. Todo gracias a funcionarios corruptos y vendepatrias”.

Lucía Ixchiu, de Festivales Solidarios, coincidió: “El Estado de Guatemala funciona en base a los intereses de los negocios transnacionales”, dijo. “Estamos hablando de una empresa multimillonaria, con todos los recursos y todo el apoyo y la complicidad del Estado”.

Hasta la fecha, la intromisión directa de Solway en el Estado nunca se había probado. Documentos en la filtración evidencian que las filiales de la empresa tienen, por lo menos, vínculos económicos con una empresa minera de origen ruso acusada de sobornar al presidente.

En el verano de 2021, antes de las manifestaciones en El Estor, estalló un escándalo conocido como la “alfombra mágica”. Lanzadores de alerta –que huyeron del país-- afirmaron que representantes del conglomerado minero de origen ruso Mayaniquel, S.A. sobornaron al presidente guatemalteco Alejandro Giammatei para tener un acceso privilegiado a un puerto en Puerto Barrios. El caso resultó peculiar, porque el pago corrupto se hubiera concretado con fajos de billetes enredados en alfombras.

Solway siempre negó sus vínculos con ese escándalo, y trató de marcar su distancia con Mayaniquel, S.A. La empresa incluso difundió un comunicado en el cual desmintió “cualquier involucramiento en el caso de sobornos”.

Sin embargo, correos electrónicos y contratos consultados en la filtración muestran que existió una relación comercial activa entre una de las filiales de Solway, Pronico, y Mayaniquel, S.A., lo que genera dudas adicionales sobre las conexiones entre la coalición de intereses mineros de Rusia activos en Guatemala y su influencia real en la cúpula del poder político.

Correos internos y contratos muestran que Pronico y Mayaniquel firmaron un contrato de más de 200 mil dólares por níquel a finales de noviembre de 2019. El contrato fue firmado el 21 de noviembre de 2019, y renovado en enero de 2021.

En respuestas a Forbidden Stories y sus socios, Pronico y Mayaniquel confirmaron la relación comercial entre ambas empresas, pero nada más.

“La única relación de Mayaniquel y Pronico es meramente comercial, e involucra la venta de mineral de níquel”, planteó un representante de Mayaniquel en un comunicado compartido con Forbidden Stories. “Mayaniquel no tiene otra relación, ya sea comercial, corporativa u otra con CGN/Pronico y/o el Solway Group, y no está afiliada ni relacionada de otro modo con CGN/Pronico y/o el Solway Group”. 

Las finanzas de Solway no parecieron sufrir de los escándalos, gracias en parte al incremento de la demanda global de níquel.

“Estos minerales tienen un precio elevado en este momento”, dijo Guadalupe García Prado, investigadora en el Observatorio de las Industrias Extractivas, en entrevista telefónica. “Y Solway está dispuesto a adentrarse más en la impunidad, la corrupción y la violencia para conseguir lo que quiere”, agregó.

Hasta la invasión de Ucrania por el ejército de Rusia, la empresa operaba minas en Ucrania, Rusia, Macedonia e Indonesia. (En una declaración del 3 de marzo, Solway anunció la suspensión de sus actividades mineras en Rusia). En África, Solway adquirió tierras en el monte Nimba, en Liberia, a través de una de sus filiales, llamada Solway Mining Incorporated. En ese país, donde más de un millón de personas viven en pobreza extrema, la filial prometió escuelas y centros de salud. Pero la gente no obtuvo lo que esperaba.

“Solway está actuando mal”, dijo un habitante al medio Mongabay. “Nuestra gente no anticipó que se comportaría como lo está haciendo, y es mi único lamento”.