Transparencia, rendición de cuentas e interlocución con los partidos políticos son sólo tres de los temas que Sergio Aguayo Quezada pone sobre la mesa para que las organizaciones civiles los aborden y le den otra dimensión a la palabra democracia. Con la autorización del autor y de la editorial Taurus, presentamos aquí un adelanto de Vuelta en U, libro que empieza a circular en estos días y en el que el académico y columnista plantea una estrategia para que los ciudadanos tengan, por fin, incidencia en las decisiones políticas.

Las elecciones presidenciales de julio de 2012 abren una coyuntura adecuada para la aparición de un movimiento social que redefina la relación entre élite política y sociedad, desmantele partes del andamiaje autoritario y reduzca la corrupción e ineficiencia oficiales. Ya resulta insoportable el deterioro por la falta de cambios en beneficio de las mayorías. Es una propuesta oportuna, pues la sociedad organizada debe prepararse para un posible regreso del PRI a Los Pinos. El tricolor tiene muy poca simpatía por la organización ciudadana y hará todo lo posible por escamotearle los escasos avances logrados en ese campo.

Cuando termino este libro, está en sus inicios un proceso para crear un pacto nacional en el que participan personas y organizaciones sociales, académicas, de comunicación y ciudadanas. Un pacto de este tipo conlleva, de entrada, un entendimiento con organizaciones y personajes de la derecha; un bocado duro de tragar después del juego sucio de 2006. La gravedad del momento exige y justifica un acuerdo para el establecimiento de reglas del juego aceptables para todas las corrientes. Menciono a continuación algunas de las tareas más lógicas. Es prioritario regresarle confiabilidad a las elecciones.

Desde 2006, las urnas están atrapadas en procesos inequitativos que se mueven en tres dimensiones paralelas: una parte de los electores puede ejercer con libertad su derecho al voto; en las zonas pobres lo común son las irregularidades propias del viejo régimen, y hay regiones cada vez más grandes en las cuales el crimen organizado impone su ley.

Los organismos electorales son clave

La primera batalla de 2012 se librará en los últimos meses de 2010. (…) En ese periodo la Cámara de Diputados elegirá a tres nuevos miembros del Consejo General del IFE. Si por los partidos fuera, se repartirían las posiciones (el “cuotismo”) y elegirían a personajes mansos y menores con lo cual iniciaría una vez más el ciclo de 2006. Ante tanta irresponsabilidad, una tarea para el posible pacto es lanzar una cruzada nacional contra el “cuotismo” en el IFE (y en otros organismos), y proponer candidatos que combinen experiencia, integridad individual y agenda. Para renovar las élites políticas los organismos públicos tienen que ser dirigidos por personajes con otro tipo de valores y trayectoria. Si al IFE llegan tres personalidades independientes y con prestigio que arriesgar, mejoraría la confianza de los partidos y del movimiento de Andrés Manuel López Obrador en la institución que organizará los comicios de 2012.

Sería un error quedarse en lo electoral

En los tres estados con triunfos de las alianzas contra el PRI en 2010 están dadas las condiciones para que una coalición social establezca otro tipo de interlocución con los gobernadores. Poco después de los comicios de julio, Gabino Cué (Oaxaca), Rafael Moreno Valle (Puebla) y Mario López Valdez (Sinaloa) se comprometen a cumplir con doce puntos. Entre ellos, la ciudadanización de los órganos electorales, la eliminación del “cuotismo” y la transparencia. Es decir, asuntos centrales en la agenda ciudadana. Como prometer no empobrece, el reto es lograr que cumplan y un proyecto lógico sería el monitoreo permanente de su gestión para elaborar informes periódicos sobre los avances o retrocesos en los compromisos. El ejercicio se completaría con un seguimiento similar de lo hecho o dejado de hacer por gobernadores priistas también elegidos en julio de 2010.

El diálogo entre sociedad y partidos tiene que ser selectivo

Si bien todos los partidos viven, en mayor o menor medida, una crisis sistémica, y aunque todos parezcan iguales –y en cierto sentido lo son–, hay diferencias entre ellos y en sus vidas internas. Por ejemplo, el PRI sigue sin tener un mínimo de vocación democrática, el Verde es un grupo de simuladores empeñados en hacer negocios y el Panal, una maquinaria al servicio de una lideresa obsesionada con la adquisición de poder económico y político. Por tanto, los acuerdos de un pacto tendrían que ser con Convergencia, el PAN, el PT y el PRD; no son ejemplo de pulcritud pero sí ofrecen algo más de esperanza. Un actor adicional es el movimiento encabezado por López Obrador a quien también conviene la existencia de un movimiento cívico empeñado en hacer que la democracia funcione en beneficio de las mayorías.

(…) Sería un error imperdonable encajonarse en la democracia electoral. Son urgentes los cambios en otras dimensiones de las democracias. Menciono algunas que ya implementan ciertas OSC. No es un listado exhaustivo, sino un abanico para ilustrar posibilidades.

Monitoreo de partidos

Los partidos son indispensables para la democracia, pero en México no están funcionando. Necesitan reformarse, pero no lo harán voluntariamente porque sus dirigencias y burocracias son adictas al dinero fácil, a los cargos bien pagados y a la impunidad. En consecuencia, la presión social ha de concentrarse en denunciar y combatir su corrupción e ineficacia, al mismo tiempo que exigir transparencia y rendición de cuentas.

Por supuesto, son igualmente necesarias la investigación, la denuncia y las protestas sobre lo que hacen o dejan de hacer los partidos. Será inevitable utilizar la vía legal para exponer los casos más extremos de corrupción y opacidad. Dos exigencias inmediatas son la reducción en el financiamiento público a los partidos (el ¡Ya bájenle! impulsado por la Asamblea Nacional Ciudadana entre otras organizaciones) y la sujeción a las leyes de transparencia y adquisiciones. Es inaceptable el fuero político.

Organismos públicos de derechos humanos

El “cuotismo” es una peste para los organismos públicos encargados de tutelar derechos. Cuando los partidos empiezan a distribuirse los cargos en los organismos les arrancan el alma y les impiden convertirse en las instituciones de Estado responsables de salvaguardar los derechos ciudadanos frente a la autoridad. Su grisura e irrelevancia deja a las víctimas con muy pocas defensas.

El Ejecutivo y el Legislativo se lucen al crear organismos mediante los cuales presumen su compromiso con la sociedad. México financia a 33 comisiones de derechos humanos, además de a las procuradurías de defensa de consumidores, ambiente y periodistas; están también los institutos de transparencia y acceso a la información y los organismos que protegen los derechos de la mujer, la infancia, la familia, los adultos mayores y los usuarios de servicios financieros; el listado se engalana con las dependencias que atienden a refugiados y a jornaleros agrícolas, a poblaciones indígenas y a discriminados por raza, religión o preferencia sexual.

Algunos de estos organismos hacen un trabajo excelente, pero son la excepción. Por lo general, son dependencias preocupadas en quedar bien con el poderoso y simular la defensa de las víctimas. Quienes duden de esta afirmación pueden consultar el programa “Red de Vigías del Ombudsman” en la página de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Es un desfile de los despropósitos cometidos por las comisiones de derechos humanos. (…)

La distribución del ingreso

Otra área que la sociedad organizada necesita atender es la pésima distribución del ingreso. En principio parece difícil que personas y OSC puedan incidir en las reglas de la macroeconomía, pero sí hay formas de hacerlo.

Una de ellas es investigar y difundir lo que pasa en ese terreno. Gestión Social y Comunicación (Gesoc) revisa las evaluaciones hechas por ley a 104 programas sociales federales. La esencia del estudio aparece en las siguientes líneas: “cuatro de cada diez [programas] tienen una calificación reprobatoria en la calidad de su diseño, lo que refleja –entre otras cosas– que los funcionarios públicos no poseen las competencias necesarias para diseñar correctamente una política pública”. Es evidente que esas fallas van en perjuicio de los beneficiarios”.

Otra forma de incidir en el aspecto económico es confrontar los abusos a los consumidores. En la medida en la que se frene la voracidad de los monopolios y los oligopolios, aumentarán los ingresos a disposición de los menos favorecidos. Hay avances en este terreno porque en 2010 el Congreso reforma la Constitución para aprobar las acciones colectivas (una persona u organización interpone una demanda por la violación de algún derecho colectivo). (…)

Educación y salud

El sistema educativo mexicano es un desastre que ofende el presente y lastra el futuro nacional. Es inmoral que la educación pública se entregue al grupo político que encabeza Elba Esther Gordillo, la poderosa dirigente que muestra un nulo interés por la calidad de la educación. Lo positivo es que hay conciencia del problema porque un núcleo sólido de medios, OSC y especialistas monitorean y difunden permanentemente las mil y una facetas de este drama mexicano.

(…) La inseguridad se vuelve insoportable y las respuestas individuales son insuficientes. Se requiere acciones colectivas. Ya existen organizaciones como México Unido contra la Delincuencia que presionan a las autoridades para que modifiquen prácticas y leyes. Menciono aquí otras experiencias.

(…) Otra experiencia es el Monitor civil de la policía y las fuerzas de seguridad pública en la montaña de Guerrero con sede en Tlapa. Tres OSC (el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar y el Centro de Análisis e Investigación y el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde) monitorean a las 24 corporaciones de seguridad que operan en la región (incluido el Ejército). Documentan y denuncian los abusos, pero también diagnostican las debilidades de las corporaciones con el propósito de incidir en la modificación de sus hábitos y en la recuperación de su función principal: proteger a los ciudadanos. Es una tarea riesgosa, pero exitosa, porque cuenta con una buena metodología y con respaldo nacional e internacional.

El papel de la capital

(…) El DF está a la vanguardia de la transición y reúne las condiciones necesarias para detonar experiencias útiles al esfuerzo nacional por refundar la democracia.

Hasta 1997, los capitalinos no pueden elegir a sus gobernantes. Cuando logran hacerlo se convierten en uno de los electorados más exigentes del país por sus niveles de información y porque llegan relativamente maduros y modernos a ejercer sus derechos en todas las áreas. En otras palabras, mientras en el resto del país la transición se disputa sobre todo en las urnas, el DF acumula capa tras capa el capital social. En parte esto es consecuencia natural de ser el espacio donde se genera más conocimiento, en donde los principales medios de comunicación tienen su sede y en donde hay un activismo social más intenso y consistente. Aunque su importancia política y económica disminuye durante 2010, sin duda es una caja de resonancia nacional.

(…) Otra particularidad del DF es que buena parte de la ciudadanía se inclina hacia la izquierda social y por tanto resulta de gran naturalidad que el PRD gobierne la capital desde 1997 (a excepción de algunas delegaciones). Las autoridades capitalinas se muestran dispuestas a aceptar la democracia participativa y lo ejemplifican durante el proceso de elaboración del Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos.

Lamentablemente, la izquierda partidista también se distancia de una parte de la sociedad con decisiones como la de construir la Supervía Poniente. En consecuencia, está cayendo la simpatía por ese partido. En marzo de 2007, el PRD tiene 44% de intenciones de voto en el DF, y en junio de 2010, la mitad (22% según Reforma, 26 de junio de 2010). Hay un desencanto de la izquierda partidista.

En 2012, la capital renovará jefe de gobierno y el PAN y el PRI se preparan –no es descabellado anticipar una alianza entre ellos– para disputarle su predominio al PRD. El momento es particularmente oportuno para que el pacto impulse en el DF algunas de las reformas mencionadas. Además de beneficiar a sus habitantes, la capital podría convertirse en prueba viva de que la democracia sí puede funcionar en beneficio de las mayorías.

(…) Sí hay esperanzas de que la democracia funcione. Todo depende de que la sociedad organizada y consciente tome el liderazgo y asuma el protagonismo que el momento histórico le exige. Estoy convencido de que lo hará porque, después de todo, ¿existe una opción mejor para desatascar la transición y hacer funcionar la democracia en beneficio de las mayorías?

(*) Este texto se publica en la edición 1771 en la revista Proceso, ya en circulación.