Una cadena de fracasos

lunes, 11 de junio de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- El fracaso del presidente Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico gravita alrededor de otros fracasos de su administración, sobre todo en materia de empleo, salarios, combate a la pobreza, oferta educativa y políticas contra las adicciones. Estas son algunas de las conclusiones incluidas en el libro México a la deriva: y después del modelo policiaco, ¿qué?, del investigador Pedro José Peñaloza y editado por la UNAM. “Por eso podemos afirmar, con certeza, que la curva de aprendizaje de la administración calderonista resultó demasiado onerosa –en más de un sentido–, para los contribuyentes y, políticamente, un desastre para los haberes panistas”, señala el autor, de cuyo volumen, que comenzará a circular en los próximos días, se adelantan algunos fragmentos. El presidente Calderón actuó prisionero de dos vectores, a saber: la relación umbilical con la Casa Blanca, y su pragmatismo político, por lo cual hizo caso omiso de los análisis y opiniones que demostraban que la llamada “guerra global” contra las drogas ha fracasado en todo el mundo, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedad. Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta después de que el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, la discusión es más urgente que nunca. Las aparentes victorias en eliminar una fuente o una organización de tráfico son negadas casi instantáneamente por la aparición de otras fuentes de producción y tráfico. Un eficaz diseño de políticas requiere de una clara articulación de los objetivos de la política. La Convención Única de 1961 sobre estupefacientes dejó en claro que el máximo objetivo del sistema será el mejoramiento de la “salud y bienestar de la humanidad”. Esto nos recuerda que inicialmente las políticas de drogas se desarrollaron e implementaron con la esperanza de alcanzar resultados en términos de una reducción de los daños a los individuos y la sociedad –menos crimen, mejor salud–, y más desarrollo económico y social. Sin embargo, hemos estado evaluando nuestro éxito en la guerra a las drogas, principalmente con medidas totalmente diferentes que informan sobre procesos, número de arrestos, las cantidades incautadas, o la severidad de los castigos. Estos indicadores pueden decirnos cuán exigentes somos en materia reactiva, pero no nos dicen el nivel de éxito que hemos alcanzado para mejorar “la salud y el bienestar de la humanidad”. Por tal motivo las políticas de drogas deben basarse en los principios de derechos humanos y salud pública. Asimismo, debemos terminar con la estigmatización y la marginación de las personas que usan ciertas drogas, y de aquellos que están involucrados en los niveles más bajos del cultivo, la producción y la distribución, y tratar a las personas dependientes de las drogas como pacientes, no como delincuentes. Por eso podemos afirmar, con certeza, que la curva de aprendizaje de la administración calderonista resultó demasiado onerosa –en más de un sentido–, para los contribuyentes y, políticamente, un desastre para los haberes panistas. Lo anterior tiene sustento en las cifras, los hechos y las sensaciones ciudadanas mayoritarias. La revisión documentada y puntual del curso que siguió el gobierno comprueba que el saldo del licenciado Calderón es deficitario. Poco a poco quedó más claro que las distancias entre sus propuestas, no sólo en la coyuntura electoral sino en el ejercicio de gobierno, resultaron por lo menos limitadas, e incluso llegaron al extremo de no cumplir con los parámetros básicos que exige la edificación de las políticas públicas, a saber: un diagnóstico, un pronóstico y una proyección longitudinal. En términos latos, el titular del Ejecutivo optó por el efectismo discursivo como único camino para tratar de refrendar la legitimidad cuestionada y con ello exorcizar la ineficacia de sus iniciativas. En este contexto, es perfectamente válido que con los indicadores disponibles y las proyecciones previsibles podamos calificar ya a la segunda administración panista, y advertir que, desde el punto de vista del resultado de la gestión, las cuentas son insatisfactorias y, ostensiblemente, están muy por debajo de un resultado mediocre, con lo que se prefigura un horizonte, por lo demás complejo, en las pretensiones triunfalistas del presidente y de la cúpula panista para las elecciones presidenciales de julio de 2012. Por lo anterior, es evidente que el presidente tiene muy poco que aportar para apuntalar a su partido. Es más, en los últimos meses hemos observado cómo lejos de construir vías alternas para dar un giro a su viaje al precipicio se empeña en hundirse y, con él, arrastrar a su partido. B. El otro México. El perdido y olvidado En nuestro país, según el informe de la CEPAL, 36.3 de cada 100 personas están en condiciones de pobreza, cifra superior a la registrada en 2008, cuando la tasa de pobreza era de 34.8%. Si se considera una población de 112 millones 336 mil habitantes, según el censo nacional de 2010, eso quiere decir que 46.8 millones de mexicanos son pobres. En el conjunto de países de América Latina y El Caribe la pobreza se ubicó en una tasa de 31.4%, en promedio. La de México estuvo casi 16%, arriba. Más lacerante aún es el dato del aumento de la indigencia que, según la CEPAL, pasó de 11.2% de la población en 2008, a 13.3% dos años después. Es decir, hay en el país 15 millones de mexicanos sumidos en la indigencia. Si se suman las dos cifras, hay casi 62 millones de personas con algún grado de pobreza, es decir, 55%, de la población. A su vez, las mediciones que en México hace el gubernamental Consejo Nacional de Evaluaciones de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que para 2010 había 52 millones de pobres, incluidos los de pobreza extrema, que significan 46.3% de la población del país. Cuando Calderón inició su gobierno, el INEGI registraba 1.6 millones de desempleados, que representaban el 3.6% de la PEA. Y para el tercer trimestre de 2011 –último dato trimestral de la institución– ya eran 2.76 millones de desempleados, equivalente al 5.6% de la PEA. Calderón termina su quinto año de gobierno con más de 1 millón 601 mil desempleados, más de los que había al inicio de su administración. En el subempleo estaban, al final de 2006, 3 millones de personas, 7% de la población ocupada. Actualmente hay 1 millón 166 mil 300 más, pues la subocupación –en las que están las personas que no la “libran” con el trabajo que tienen– suma ahora 4 millones 174 mil 327 trabajadores, casi 9% de la población ocupada. Al término de 2006 había 11.4 millones de informales, 26.6%, de la población ocupada. Hoy hay 2.8 millones más en la informalidad, pues ese sector suma ya 14 millones 200 mil personas, lo que equivale al 28.7%, de la población ocupada. Se puede decir, también, que los empleos de casi tres de cada 10 personas ocupadas son informales, con todo lo que ello implica: sin prestaciones, sin seguridad social, baja remuneración y toda la desprotección posible. El hecho es grave, pues ya no falta mucho para que la informalidad alcance el número de trabajadores formales, afiliados al IMSS, que suman 15.3 millones de personas. Incluso en materia de salarios, también la Presidencia del empleo sale debiendo. En 2007, primer año de gobierno calderonista, el salario mínimo diario promedio era de 48 pesos con 88 centavos; en 2011 es de 58 pesos con 6 centavos. Un “generoso” aumento nominal de 11 pesos en cinco años. Pero en términos reales ofende la situación, veamos: esos 58.06 pesos de salario mínimo diario de hoy tenían un poder de compra, en octubre de 2011, de apenas 10.6 pesos a precios de 1994, según datos de la misma Secretaría del Trabajo. (…) Al terminar 2006, 2 millones 527 mil 451 personas tenían un ingreso de hasta un salario mínimo, según los tabulados del INEGI. Al quinto año de Calderón, en el tercer trimestre, ya eran 6 millones 100 mil los que tenían esa magra percepción. (…) J. Narcotráfico, violencia y juventud: el laberinto construido De acuerdo con cifras oficiales, el número de infantes presentados ante el Ministerio Público por cometer el delito de delincuencia organizada se ha incrementado en los últimos cuatro años hasta en 70%. De 2007 a 2010, 5 mil 113 menores fueron detenidos por cometer ilícitos federales, esencialmente contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y Ley contra la Delincuencia Organizada. La PGR reconoce únicamente el vínculo de 95 con cárteles de la droga en ese periodo. De 714 se desconoce la organización para la cual servían; no obstante, seis formaban parte de Los Zetas; cinco de La Familia; cuatro de los Beltrán Leyva; dos de La Línea, dos del Cártel de Juárez; dos del Cártel de Golfo; dos más de los Arellano Félix, uno, del Cártel de Sinaloa. Los jóvenes son las principales víctimas de la violencia y del crimen organizado. Por ejemplo, el 60% de los 50 mil asesinados en México son menores de 35 años. Un estudio realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México advierte que “cifras de la academia hablan de unos 30 mil niños y niñas que cooperan con los grupos criminales de varias formas: los más pequeños trabajan como vigilantes, lo más grandes se ocupan del traslado de droga y a partir de los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios. Las niñas están involucradas sobre todo en el empaquetamiento de la droga”. Entre 2007 y 2009, el número de jóvenes asesinados creció 147 por ciento. Lo anterior, pese a que desde el año 2000 se venía registrando un descenso en el homicidio de jóvenes, con un ligero aumento en 2005 y 2006; a partir de 2007, esta tendencia se revirtió completamente, en tanto que en 2007 fueron ultimados 2 mil 977 jóvenes. En 2009 esta cifra creció a 7 mil 348. Un dato nuevo y dramático: El homicidio fue la primera causa de muerte entre los jóvenes en 2009, superando a los accidentes automovilísticos. Por otra parte, el homicidio de hombres de 15 a 29 años creció en 154%, mientras que el de las mujeres en 89%. La mitad de los homicidios juveniles, cometidos en este periodo, se concentró en Chihuahua. Mientras que en 2007 fueron ultimados 201 jóvenes, en 2009 el registro pasó a mil 647, lo que representa un incremento total de 719% en tres años. Otros estados con fuerte presencia del crimen organizado registraron aumentos de homicidios juveniles: Durango, con 154%; Baja California, con 307%; Sinaloa 298%; Morelos, 190%; Guerrero, 180%, y Nayarit, 162%. Chiapas es el tercer estado con mayor incremento de homicidios; mientras en 2007 se registraron 27 asesinados, en 2009 fueron 151, lo cual representa un incremento de 421%. Con base en datos de presuntos homicidios relacionados con la delincuencia organizada, se estima que en 2007 fueron ejecutados alrededor de 366 jóvenes de 16 a 30 años; en 2008, esta cifra ascendió a mil 638; en 2009, a 2 mil 511, y en 2010, a 3 mil 741. Es importante señalar que estas cifras están minusvaloradas, en virtud de que en los años analizados no se determinó la edad de al menos 40% de las víctimas. Incluso, en 2007, no se tienen registros de la edad de 63.2%, de los muertos por el crimen. Otro dato relevante es el bajo perfil educativo de las víctimas registradas: el 4% de los jóvenes asesinados entre 2007 y 2009 carecían de instrucción escolar. Asimismo, 31% sólo había concluido algún grado de primaria, y 8% no acabó la secundaria. De los asesinados de entre 25 y 29 años, apenas 6% contaba con estudios profesionales. Casi 70% de las víctimas sólo tenía educación primaria, secundaria, o bien, no recibió instrucción escolar alguna. (…) L. La ruta de violencia de los derechos humanos En los últimos 6 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido un promedio de cinco quejas diarias contra las instituciones federales encargadas de la seguridad y la procuración de justicia en el país por presuntas violaciones a las garantías de la población. Cabe mencionar que 54% de estos reclamos han sido formulados contra la actuación del Ejército. El reporte del 1 de enero de 2006 al 31 de octubre de 2011 señala que el total de quejas recibidas fue de 11 mil 600, contra la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, así como contra las secretarías de Marina y de Seguridad Pública Federal. La investigación de estos casos derivó en 163 recomendaciones emitidas por la CNDH, en las que acreditó la comisión de violaciones a los derechos humanos, transgresiones cometidas por servidores públicos de estas cuatro dependencias federales, entre las que se encuentran casos de privación de la vida, tratos crueles, tortura, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad, entre otros. Asimismo, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de diciembre de 2011 se han acumulado 92 recomendaciones por abusos contra civiles cometidos por elementos del Ejército, mientras que la cifra llegó a sólo 2 en el sexenio de Vicente Fox. En diversos casos registrados durante los últimos cinco años, particularmente en los que involucran muerte de civiles, la CNDH ha documentado un patrón de alteración de la escena en la que ocurrieron los hechos por parte de personal militar. La última recomendación dirigida a la Sedena, la 67/2011, denuncia el caso de un joven náhuatl de 17 años de edad que murió en el estado de Guerrero luego de que militares del Batallón de Infantería abrieran fuego en su contra mientras buscaba un animal perdido. La defensa que ha hecho el Ejército de su actuación no tiene desperdicio, y muestra la creciente subestimación de los derechos básicos de cualquier ciudadano, haya violado la ley o no. Las fuerzas castrenses sostienen que han matado a 2 mil 268 personas vinculadas con bandas criminales y que han detenido a 2 mil 180. Esta afirmación no tiene sustento legal, empezando por una interrogante básica: ¿qué facultad tiene el Ejército para determinar quién o quiénes son delincuentes? Hasta donde se sabe, en México sólo el Poder Judicial tiene facultades exprofeso para emitir sentencias condenatorias. Por supuesto, el responsable de las acciones del Ejército y en general de las fuerzas armadas es el Presidente de la República, jefe nato de los contingentes castrenses.

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