Una revisión periodística de las tragedias contemporáneas que han dejado hondas heridas en el país, como los casos de Ayotzinapa, de la guardería ABC y de la Sonda de Campeche, es compendiada en La ira de México. Siete voces contra la impunidad, con textos de Lydia Cacho, Anabel Hernández, Marcela Turati, Juan Villoro, Diego Enrique Osorno, Emiliano Ruiz Parra y Sergio González Rodríguez, prólogo de Elena Poniatowska e introducción de Felipe Restrepo Pombo. Aquí se adelanta una reseña elemental y fragmentos de esta antología, puesta en circulación por la editorial Debate. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La última década mexicana se ha significado por tragedias sociales cuyos denominadores comunes han sido la corrupción, la indolencia, la complicidad y la denegación de justicia. La ira de México. Siete voces contra la impunidad, de editorial Debate, compendia el trabajo de siete narradores que –provistos de afinadas técnicas narrativas, periodísticas e investigativas–, descendieron a los sórdidos sótanos de esos fenómenos para dar a conocer una realidad que gobiernos de todos los niveles se han empeñado en ocultar o eludir. El recorrido por los cada vez más extensos senderos del desgobierno, la violencia y la impunidad comienza con “Anamorfosis de la víctima”, de Sergio González Rodríguez, “En las mazmorras del gobierno de México”, de Anabel Hernández, y “Reportear desde el país de las fosas”, de Marcela Turati –ambas reporteras, colaboradoras de Proceso–; continúa con “Confesiones desde la selva mexicana”, de Lydia Cacho, “El sueño de Jesús Fragoso, de Emiliano Ruiz Parra, y “La guerra me hizo feminista”, de Turati, “México: regreso al abismo, de González Rodríguez, y termina con “Niños de la calle”, de Juan Villoro. De 296 páginas, el volumen cierra con dos apéndices: uno en torno al “Registro de 94 periodistas, locutores y fotógrafos asesinados en México desde 2000”, y otro sobre la organización no gubernamental Artículo 19. En el Prólogo, Elena Poniatowska anota: Antes los automovilistas, en su camino a Acapulco, solían detenerse en Chilpancingo a cargar gasolina o reparar alguna llanta ponchada. Hoy Chilpancingo es una ciudad clave que denuncia los atropellos gubernamentales en la voz autorizada de un luchador social de noventa y ocho años, el médico Pablo Sandoval Cruz. A unos cuantos kilómetros de la autopista del Sol se encuentra la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de la que desaparecieron 43 jóvenes que deseaban convertirse en maestros normalistas. Desde el 26 de septiembre de 2014, los padres que viajaron a Estados Unidos y a Europa denuncian este crimen de lesa humanidad. Años antes, el maestro Lucio Cabañas, al ver que las autoridades jamás respondían a la necesidad de los jóvenes, escogió el fusil y se remontó a la sierra con unos cuantos campesinos de Guerrero que decidieron jugarse la vida. Lo mismo sucedió con Genaro Vásquez Rojas, maestro de la misma Normal Raúl Isidro Burgos, asesinado el 2 de febrero de 1972. Esta escuela, considerada un nido de guerrilleros, siempre fue satanizada por el gobierno dentro del estado de violencia y narcotráfico que es Guerrero. Gobernadores deshonestos —desde Caballero Aburto hasta Ángel Aguirre— lo llevaron a la catástrofe. Por su culpa, Guerrero es un estado tomado por el narcotráfico, un estado de políticos corruptos y un ejército que ha sido acusado de colusión con el crimen organizado. A México lo marcan las tragedias que parecen ser exclusivas de la gente marginada, aquellos que los estudios socioeconómicos suelen etiquetar como “grupos vulnerables”. Lydia Cacho, Anabel Hernández, Marcela Turati, Juan Villoro, Diego Enrique Osorno, Emiliano Ruiz Parra y Sergio González Rodríguez se indignan contra lo que consideramos “una de las mayores tragedias en la historia del país”. ¿Cuántas “mayores tragedias” le esperan a México? ¿Cuántas más habrán de sumarse a las víctimas bajo tierra cuyos cuerpos ahora aparecen en todo el territorio nacional? ¿Cuántas fosas más quedan por encontrar? Del suelo de México y sus esqueletos enterrados estalla el dolor, la rabia de vivir en medio de tanta podredumbre. Nunca sabremos con precisión cuántas son las desapariciones forzadas, cuántos muertos se contabilizan desde que el gobierno de Felipe Calderón inició la fallida, la absurda guerra contra el narcotráfico. Tampoco sabremos cuántas mujeres y hombres perdieron su identidad para volverse un cuerpo más dentro de una de las tantas fosas clandestinas. * * * La información es poder y quienes están encumbrados en los cargos públicos la utilizan a su favor. Para el gobierno de México –prosigue Poniatowska–, un individuo que piensa es más peligroso que uno que maneja un arma de fuego. De ahí el desastre de la educación en nuestro país y el desprecio de la cultura, la desconfianza y el ninguneo al intelectual, y la crítica muy bien fundada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera a México un país a todas luces indigno y defectuoso. El 2 de marzo de 2016, la CIDH –tras permanecer del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 en nuestro país– destacó que en México las desapariciones forzadas son una práctica constante en la que la respuesta del Estado es deficiente. Según el Registro Nacional de datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, “las personas ‘no localizadas’ al 30 de septiembre de 2015 son 26,798”. Otra de las cifras que data del sexenio de Peña Nieto es la de 94,000 asesinatos. El informe, de más de 200 páginas, resume la violencia que anega al país. Además de nuestros fallidos derechos humanos, “analiza la situación de asesinatos, violencia y amenazas contra periodistas, que hace que México sea considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”. Estas “grandes tragedias”, la de Ayotzinapa, la de la guardería ABC, la de la Sonda de Campeche, son el resultado del mal gobierno y la violencia; y las muertes que causa son calificadas de “daños colaterales” por el irresponsable presidente Felipe Calderón. Su estúpida guerra contra el narcotráfico dejó miles de muertos. James Cavallaro, presidente de la CIDH, fue terminante: “El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”. El gobierno federal no podía dejar pasar esta “afrenta”. El mismo 2 de marzo se declaró consternado porque el informe de la CIDH “no refleja la situación general del país”, ya que el Estado presume avances en materia de derechos humanos desestimados por la comisión Interamericana. El comunicado es tajante: “En nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos…” Claro, ¿qué funcionario del gobierno en su lujosa oficina sabe lo que son los atropellos a los indígenas, los inmigrantes, las mujeres, las jornadas inhumanas de los niños de la calle, los limpiaparabrisas de la Ciudad de México? ¿Quién es más culpable, el corrupto funcionario tras su escritorio o el informe de la CIDH? La Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República protestaron: “La metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial. En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento”. Si la CIDH ampliara su investigación a las 32 entidades federativas los números rojos aumentarían y el gobierno de la República tendría que hacer algo más que enojarse. Más que el gobierno, somos nosotros –los mexicanos de todos los días– los indignados. No podemos olvidar Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato y Ayotzinapa en 2014 y 2015. Quienes participan en La ira de México son periodistas y escritores reconocidos. Villoro apenas cuenta con sesenta años; Osorno empezó a escribir en Milenio; Marcela y Anabel en Proceso. Sus artículos son un referente dentro de la crónica y la literatura mexicana. No sólo han publicado libros de gran circulación, sino que toman partido por la herida que supura: Ayotzinapa, y denuncian a costa de la propia vida un México real y tenebroso. * * * Es necesario mencionar que los autores de esta antología no viven ni trabajan en entornos donde quepa esperar responsabilidad por parte de los servidores públicos, o que la información que los órganos del Estado ofrecen sea confiable (dice por su parte Felipe Restrepo en la Introducción). Ellos viven y trabajan en un medio donde deben suponer que las versiones ofrecidas por el Estado como verdad deben ser tomadas con un escepticismo natural. Han sido testigos de primera mano de algunos de los eventos que describen; de hecho, algunos de ellos han sido víctimas de aquellos sucesos. Han entrevistado directamente a las personas involucradas. Han vivido y trabajado junto a estas atrocidades y, gracias a lo que aquí han escrito, son capaces de compartir al mundo el mejor reporte de los hechos tal como ellos lo perciben, y sin su coraje posiblemente esos acontecimientos no habrían tenido ningún impacto en este ancho mundo. Los periodistas mexicanos han sufrido en carne propia el auge de la violencia y la impunidad. De acuerdo con datos de Artículo 19 –organización independiente dedicada a promover y defender la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico–, durante el sexenio del presidente Calderón cada 48 horas un periodista era agredido. Esta cifra se disparó en los tres años que van de la presidencia de Enrique Peña Nieto; hoy día se agrede a un periodista cada 26.7 horas. Uno de los datos más preocupantes es que alrededor de la mitad de estas agresiones las llevan a cabo sujetos que trabajan para el Estado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene abiertos 433 expedientes por agresiones a medios de comunicación o a periodistas desde 2010. La situación es particularmente grave en Veracruz, Michoacán y Tamaulipas, los estados donde se registran más agresiones, homicidios, torturas y desapariciones. En el 96% de los casos, los periodistas afectados cubrían temas de inseguridad y corrupción relacionados con funcionarios públicos o con el crimen organizado. Tan sólo entre diciembre de 2010 y febrero de 2016, 19 periodistas veracruzanos fueron asesinados sin que los casos se resolvieran. Nombres como Regina Martínez, Gregorio Goyo Jiménez y Anabel Flores Salazar se volvieron tristemente emblemáticos como víctimas de los ataques a la libertad de expresión durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Darío Ramírez, exdirector de Artículo 19, señaló a principios de 2016 que México es “el país donde hay más periodistas desaparecidos en el mundo”. Entre enero de 2003 y enero de 2016, esta misma organización registró la desaparición forzada de 23 periodistas; es decir, un promedio de dos periodistas desaparecen al año. Gracias a mi trabajo como director de la revista Gatopardo he tenido la oportunidad de conocer, leer y editar a decenas de cronistas que buscan retratar las injusticias que se viven en su país. Entre ellos se encuentran Juan Villoro, Lydia Cacho, Marcela Turati, Emiliano Ruiz Parra, Diego Enrique Osorno, Sergio González Rodríguez, Anabel Hernández y Elena Poniatowska: ocho autores extraordinarios que desde la narración se han levantado contra el silencio. Todos –a pesar de que pertenecen a diferentes generaciones y tienen orígenes muy distintos– han tenido que someterse a la dificultad de producir periodismo narrativo e independiente. Se han enfrentado a los peligros de trabajar como reporteros en zonas inhóspitas sin ninguna protección; han luchado contra la censura oficial y la de diferentes poderes, y se han encontrado con que los medios tradicionales no publican sus trabajos o, si lo hacen, pagan sueldos de miseria. Los textos que aparecen en este libro no se limitan a explicar. Son retratos vivos, descripciones intensas, escenificaciones precisas de momentos fundamentales de la reciente historia mexicana. Son narraciones estremecedoras, pero que cargan con una responsabilidad enorme. La labor de los periodistas que aparecen en estas páginas –y todos los demás que no están– es poco gratificante. Implica tomar riesgos vitales y narrativos, y enfrentarse a un mundo donde abundan las incertidumbres. Espero que este libro sirva para que su trabajo sea más difundido. Y para que se conozcan –y se acaben– los sufrimientos de todo México. Es necesario mencionar que los autores de esta antología no viven ni trabajan en entornos donde quepa esperar responsabilidad por parte de los servidores públicos, o que la información que los órganos del Estado ofrecen sea confiable. Ellos viven y trabajan en un medio donde deben suponer que las versiones ofrecidas por el Estado como verdad deben ser tomadas con un escepticismo natural. Han sido testigos de primera mano de algunos de los eventos que describen; de hecho, algunos de ellos han sido víctimas de aquellos sucesos. Han entrevistado directamente a las personas involucradas. Han vivido y trabajado junto a estas atrocidades y, gracias a lo que aquí han escrito, son capaces de compartir al mundo el mejor reporte de los hechos tal como ellos lo perciben, y sin su coraje posiblemente esos acontecimientos no habrían tenido ningún impacto en este ancho mundo.