Existen razones objetivas para considerarlo el peor gobernante del país: durante el sexenio del priista Javier Duarte, Veracruz dejó de ser una referencia entrañable para convertirse en sinónimo de narcoestado, de territorio impune, de averno. Y el aún gobernador está acusado de lo peor que puede acusarse a un político: opacidad, amiguismo, amenazas, corrupción desbocada, ataques, asesinatos. El corresponsal de este semanario, Noé Zavaleta, relata la historia de dicha podredumbre en su libro El infierno de Javier Duarte. Crónicas de un gobierno fatídico (Ediciones Proceso, 2016), que ya está en librerías y del que reproducimos un fragmento del primer capítulo. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Dos policías estatales con armas de grueso calibre se atrincheran en el cruce de la avenida Ignacio Zaragoza y Sebastián Camacho, en pleno corazón de Xalapa. Dos más se colocan en los bajos del viaducto, a unos pasos de la cochera del Palacio de Gobierno. Otros oficiales descienden de aparatosas motocicletas BMW con el logo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal. El mensaje para los comerciantes y transeúntes de Xalapa es elocuente: el gobernador, Javier Duarte de Ochoa, está por arribar a su oficina. Segundos después, un ulular de sirenas anticipa la llegada de un convoy de tres o cuatro camionetas Suburban blindadas, según la ocasión. En alguna de ellas, de forma aleatoria, viaja Duarte con sus colaboradores más cercanos. En las otras van los escoltas y empleados de ayudantía de la oficina de gobierno, todos ellos fuertemente armados y con entrenamiento en el ejército israelí. Al momento de entrar, los guaruras del primer cinturón de seguridad bajan de los vehículos aún en movimiento, con la mano en sus armas, atentos al mandatario y al entorno. Garantizado el arribo del gobernante priista sin contratiempos, entran al inmueble gubernamental antes de que la puerta se cierre. Otros dos funcionarios veracruzanos utilizan un operativo de seguridad igual de costoso y escandaloso: el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras. Ambos cuentan también con un convoy de la Marina-Armada de México y patrullas de la Fuerza Civil (FC). Sobre esas extremas medidas de seguridad del mandatario veracruzano para trasladarse a los actos oficiales y privados en el ocaso de su sexenio, los usuarios de Facebook y Twitter, así como los periodistas locales se preguntan: ¿A qué le teme Javier Duarte? El escándalo, el lucro En la colonia Dos de Abril, vecinos de la calle Guillermo Prieto reportan que la seguridad fue redoblada en la Casa Veracruz, residencia oficial del gobernador, después de que el 10 de agosto de 2015 más de mil activistas, estudiantes y reporteros veracruzanos gritaron consignas contra Duarte; el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el presidente Enrique Peña Nieto porque no han podido solucionar el multihomicidio en la colonia Narvarte, donde perdieron la vida el fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro Rubén Espinosa y la integrante del movimiento #YoSoy132 Nadia Vera junto con Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Virginia Martín. Con las puertas de Casa Veracruz cerradas de par en par, los manifestantes dejaron una ofrenda floral en memoria de Rubencillo y de la activista cultural Nadia Vera. En la calle Guillermo Prieto, a un costado de la Casa Veracruz, la SSP decidió instalar –a mitad del sexenio– un módulo de seguridad, en el que agentes de la corporación y un sofisticado sistema de cámaras de video vigilan las 24 horas la residencia del mandatario. Aunque Duarte mantiene su discurso de que no cederá “ni un milímetro en la lucha frontal contra el crimen organizado” y afirma que durante su administración ha neutralizado (abatido) y detenido a 123 delincuentes relacionados con el narcotráfico y que la entidad cuenta con 12 nuevas generaciones de policías acreditables graduados en la Academia de El Lencero, sus extremas medidas de seguridad muestran que ni siquiera él puede estar tranquilo. La situación política de Duarte cambió por completo desde la mañana del 17 de abril de 2013, al difundirse en los medios de comunicación del estado y a nivel nacional una serie de videos en donde funcionarios del gabinete de Duarte (Salvador Manzur como actor protagónico) lucran con programas sociales para beneficiar al PRI. El escándalo le costó el cargo a siete funcionarios del gobierno priista, entre ellos a Manzur, que pretendía suceder a Duarte tras las elecciones de 2016. Por instrucciones de su asesor de cabecera, el exsenador de Coahuila y hoy diputado federal Enrique Jackson, el gobernador de Veracruz “blindó” todos sus encuentros privados, reuniones de trabajo y hasta sus encuentros particulares. La fortaleza de la Casa Veracruz, donde Duarte vive con su esposa Karime Macías, así lo evidencia. De entrada, se alzó metro y medio la barda perimetral de concreto y se reforzó el circuito de cámaras de video. Uno de los numerosos exsecretarios del gabinete de Duarte (que ha realizado más de 60 cambios en su equipo amparado en el artículo 49, fracción XIV de la Constitución estatal, que le da la facultad de “nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la administración pública”), relata que desde 2013 está prohibido llevar a las reuniones con el gobernador celulares, ipads, cámaras, plumas, gafas y cualquier otro objeto que pudiera tener dispositivos de grabación o fotografía. La desconfianza llega a tal grado que todos los dispositivos son depositados en una canastilla y unidos con una cinta canela en la que se rotula el nombre del funcionario y se le devuelven al finalizar el encuentro. Lo mismo sucede cuando Duarte convida a columnistas, dueños de medios y jefes de información de televisoras y medios impresos a su residencia. Incluso los periodistas afines a él tienen que dejar en una charola sus aparatos y objetos personales sospechosos de portar mecanismos de espionaje. Otras desconfianzas de Duarte quedaron plasmadas con el despido de los funcionarios estatales Édgar Spinoso, hasta entonces oficial mayor de la SEV y Gabriel Deantes, subsecretario de Sefiplan, el 19 de marzo de 2014. En un boletín que se envió sólo a medios oficialistas como el Diario de Xalapa y Oye Veracruz, entre otros, la administración priista señaló que ambos funcionarios “defraudaron la confianza del gobernador”, por lo que, según el comunicado, se había ordenado una investigación de sus bienes muebles e inmuebles por las “autoridades correspondientes”. Una semana después, el 25 de marzo, en rueda de prensa Duarte exoneraría verbalmente a los dos funcionarios –Deantes presume de ser “compadre” del gobernador–: “Como todo funcionario de la administración, obedecen a tiempos, ritmos y circunstancias. El ciclo de estos dos funcionarios públicos terminó. No hay ninguna investigación, lo que hay es un proceso de entrega-recepción y en el caso de que se encuentren algunas anomalías tendrán que responder ante las instancias correspondientes”. Peor aún, con el paso del tiempo ambos funcionarios fueron reciclados por el propio Duarte: Edgar Spinoso hoy es diputado federal por el distrito de Martínez de la Torre, pues fue abanderado por el PVEM con el respaldo del gobernador, mientras que Gabriel Deantes terminará el sexenio como secretario del Trabajo y Previsión Social (STyPS), cargo que ocupa desde el primer tercio de 2015. Deantes se quedó con las ganas de ser candidato a la diputación local por el distrito de Zongolica sólo porque no tiene una buena relación con el actual candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes. “Si algo tiene Duarte es que no es rencoroso. Es inmaduro, visceral, reacciona de botepronto, pero no acumula rencor. Ve a Spinoso y a Deantes: los perdonó al año, después de todo lo que robaron y los problemas que causaron (con las auditorías)”, detalla otro exfuncionario veracruzano que hoy radica en el Distrito Federal. Ese perdón a Spinoso y Deantes causó mucha molestia incluso en el primer círculo de Duarte, lo que se sumó al malestar por la política “de inclusión”, consistente en ofrecer espacios de su gabinete a expanistas e incluso a familiares del exdirector general del ISSSTE Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN y el PRD a gobernador. A la sombra de Fidel Javier Duarte, de 41 años, es un político atípico, graduado en leyes por la Universidad Iberoamericana, con maestría en derecho, economía y políticas públicas por la Fundación José Ortega y Gasset, y con un doctorado en economía por la Universidad Complutense, de Madrid, España. Tres lustros de su trayectoria política los vivió a la sombra de Fidel Herrera Beltrán –exgobernador veracruzano y actual cónsul de Barcelona–, a quien hasta el último día del anterior sexenio le prodigó elogios, pero ahora es evidente que rompió con él políticamente. A menos de un año de que concluya su sexenio, Duarte de Ochoa pasará a la historia como el mandatario más cuestionado de Veracruz por sus escándalos: el asesinato de 15 reporteros que trabajaban en la entidad, más dos que ejercieron en Veracruz y que fueron asesinados en otras entidades, así como la expansión del crimen organizado y su infiltración en los cuerpos policiacos, el incremento de la deuda pública alrededor de los 45 mil millones de pesos y las pifias mayúsculas de su gabinete. Duarte empezó su carrera burocrática elaborando la síntesis de prensa de Herrera Beltrán cuando éste era delegado fiduciario del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonahpo). En esa dependencia Duarte solía contar que su primera chamba consistió en recortar y pegar todos los días las notas de periódicos nacionales que aludieran a su jefe, al presidente de la República y a Veracruz. Elaborado el primer despacho informativo, Duarte telefoneaba a sus amigos en Veracruz y Xalapa para que le dictaran los titulares de portada de los principales periódicos de la entidad: Dictamen, Diario de Xalapa, Notiver, Gráfico de Xalapa y Sur. También hacía resúmenes de los encabezados que aludían positiva o negativamente a Herrera. Posteriormente Duarte fue ascendido a asistente y a secretario particular de Herrera. En la tercera candidatura de éste a la diputación federal por el distrito de Boca del Río, Duarte fue su operador político, y cuando el jefe se lanzó por la gubernatura, Duarte le cuidó las espaldas como secretario de Finanzas del PRI. Este último apoyo le valió ser designado subsecretario de Finanzas y Planeación del estado cuando Herrera Beltrán llegó al poder. Apenas tenía 30 años y su carrera continuaría en ascenso. Ya desprendido de la paternidad política de Fidel Herrera, con quien tuvo severas diferencias por el reparto de los cargos en el gabinete, según relatan los priistas consultados, Javier Duarte cambió el rumbo de su gobierno y sus relaciones con la prensa local, regional y nacional quedaron lesionadas. En los círculos gubernamentales se sabe que la Tesorería estatal tiene importantes adeudos con televisoras y periódicos de circulación nacional por servicios publicitarios, aunque el gasto y las ministraciones mensuales que otorga el gobierno priista en ese rubro están clasificados como “confidencial” y “reservadas” por la administración de Duarte, con la complacencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). A la mala relación con los medios críticos, el gobierno duartista ha sido rebasado por la crisis de seguridad, en un contexto de disputas entre organizaciones criminales como Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha dejado un saldo de más de 2 mil 500 homicidios dolosos en cinco años, según publicó la agencia Apro en 2015. “Aquí no pasa nada” Aunque en los primeros meses de su gobierno Duarte intentó matizar la percepción de la inseguridad y anarquía en muchas regiones de la Huasteca, Totonacapan, el Sotavento y el sur de la entidad, sus afirmaciones de que “aquí no pasa nada” y de que los peores crímenes eran “hechos aislados” no funcionaron: la corrupción de los cuerpos policiacos estatales y municipales, así como la febril actividad de los cárteles del narcotráfico ensancharon el ya enorme boquete entre la credibilidad ciudadana. El primer paso que dio el mandatario para reconocer la crisis de seguridad fue el anexo que firmó el 19 de noviembre de 2011 con la Secretaría de Marina (Semar) para que la Policía Naval se hiciera cargo de la seguridad en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Para que el gobierno priista del estado aceptara que la federación tomara el control de la seguridad en varios municipios tuvieron que desatarse balaceras en centros comerciales, afuera de planteles escolares y en plazas públicas de varios municipios de la entidad. El hecho de violencia más emblemático ocurrió el 20 de septiembre de 2011, cuando un comando armado tiró 35 cuerpos en la Plaza del Volador, enfrente de la Plaza Américas, en Boca del Río. Tenían huellas de tortura por golpes y quemaduras, estaban atados de pies y manos y con las cabezas envueltas en bolsas negras. Esto sucedió un día antes de la reunión nacional de procuradores de justicia en este mismo municipio. Dos días después, 14 cuerpos más fueron abandonados en el puerto de Veracruz y el municipio boqueño. El gobierno de Duarte tardaría en reponerse del golpe. Los meses pasaron y Duarte de Ochoa pareció darse cuenta del complejo escenario en el que gobernaba y en el que muchas de sus decisiones y las de subalternos no fueron las más adecuadas. El séptimo día del séptimo mes de 2014 el político priista dejó la ceguera política –misma que han denunciado sus opositores del PAN, PT y PRD– y se sinceró en un desayuno con empresarios: “Me tocó gobernar en una de las situaciones más complejas y difíciles. Me ha tocado bailar con la más fea”. Varios empresarios se quedaron con la boca abierta y el tenedor suspendido en el aire. El priista continuó: “Como dicen en mi tierra, permítanme sincerarme. No estábamos preparados para este complejo escenario que se tenía, con grandes desastres naturales por huracanes, el flagelo de la inseguridad –remarcó– como en el resto del país, pero había trabas burocráticas que privilegiaban más la corrupción que la apertura de negocios.” Duarte siempre ha sido fustigado por cámaras empresariales, proveedores y ayuntamientos y políticos de oposición, a causa de la asfixia financiera en que está sumida la entidad. Sin embargo, el priista siempre ha buscado la mejor cara, aunque no la mejor respuesta para justificar el desbalance financiero de su gobierno. “El déficit es un instrumento, si se ocupa correctamente, responsablemente… Es una medida buena. Lo primero que nos enseñan en economía es que ni el déficit es malo ni el superávit es bueno; son herramientas… Entonces, cuando se ocupan correctamente y se aplica a lo que se debe aplicar, que es al progreso y al desarrollo, puede ser positivo”, expuso el priista en una entrevista con reporteros en las afueras de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en febrero de 2013. En esa misma reunión, Duarte trató de explicar a los empresarios su política de austeridad que tuvo que tomar el Estado y sus retrasos en el pago a proveedores: “Tuvimos que tomar medidas responsables, nos apretamos el cinturón, hicimos la parte que nos correspondía, tomamos medidas impopulares, pero responsables. Yo decía que la luna de miel con un gobernante se debe de disfrutar, en mi caso me pasó lo mismo que en mi luna de miel verdadera… Me duró muy poquito”, reflexionaría el gobernador. Se refería a que, por andar en campaña con su padrino político, Fidel Herrera, no pudo disfrutar de un viaje de bodas a plenitud con Karime Macías, hoy presidenta del DIF estatal. Aunque se han negado sistemáticamente a reprochárselo en público, varios secretarios de despacho y dipu­tados locales y federales le han reprochado a Duarte de Ochoa el “desfile de panistas” que ha cobijado su gobierno a lo largo de este sexenio: Eduardo Vega Yunes –sobrino de Yunes Linares– como subsecretario de Desarrollo Social; los exdiputados federales Silvia Monge como subdirectora de promoción turística, Baruch Barrera como subsecretario de desarrollo económico, Osiel Castro de la Rosa como director del Instituto de Bioenergéticos y Agustín Mollinedo como director de Carreteras Estatales. Además, nombró secretario de Gobierno y después como titular de Obras Públicas a Gerardo Buganza, excandidato del PAN al gobierno de Veracruz en 2004 y posteriormente legislador federal por el mismo partido. Duarte también maniobró para integrar al PRI a panistas como el exalcalde porteño José Ramón Gutiérrez de Velasco, a quien propuso como legislador local del tricolor; el exdiputado federal panista Rafael García Bringas es hoy diputado priista y Karla Vega Yunes –otra sobrina de Yunes Linares– fue impulsada como candidata a diputada federal suplente en el distrito de Xalapa, en las elecciones de 2015, pero perdió estrepitosamente. En el Poder Judicial, los nombramientos de magistrados y consejeros de la Judicatura siempre han sido “sugeridos” por el gobernante en turno, pues el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sólo hace la debida adscripción. En dicho poder, Duarte ha incrustado al exdiputado local panista Danilo Alvízar, primero como consejero de la Judicatura y luego como consejero del Centro de Mediación y Conflictos (Cemcos). Asimismo, el exdiputado federal y local Mauricio Duck hoy es representante del Poder Legislativo en la Judicatura; el exrepresentante del PAN ante organismos electorales, Javier Hernández, hoy despacha como magistrado electoral, mientras que José Luis Hernández, exsecretario del ayuntamiento panista de Boca del Río –feudo político de Yunes Linares– hoy es magistrado del TSJ. Fidel Robles, que llegó a la diputación por el Partido del Trabajo y ahora está en Morena, reprocha que a Duarte el estado se le salió de control y hay índices reprobatorios en salud, educación, pasivos ecológicos, de seguridad, falta de liquidez y procuración de justicia, pero el mandatario apela a su “mecanismo de defensa” psicológica: pronuncia discursos “triunfalistas” y de “grandes logros y aciertos” en materia financiera. Robles expone que Duarte también será recordado por los grandes yerros que cometió en materia ambiental por privilegiar el desarrollo económico. Como ejemplo recuerda la construcción de hidroeléctricas a costa del daño ambiental y la disolución de comunidades, la ampliación del puerto de Veracruz con la condición de extraer bancos de roca basáltica en la biosfera de Los Tuxtlas, “por mencionar sólo algunos”. De forma similar, el senador panista Fernando Yunes asegura que Javier Duarte podrá ser recordado “como el peor gobernador que actualmente tiene el país”, pero también como el “peor mandatario que ha tenido Veracruz”.