El Estado sigue pretendiendo hacer creer a los ciudadanos que es el único garante legítimo de su seguridad personal, familiar y patrimonial, así cargue en sus espaldas cientos de miles de asesinados y decenas de miles de desaparecidos. Esta es la argumentación de mayor peso que se expone en El derecho de armarse. Lo que todo mexicano debe saber sobre la posesión y portación legales de armas de fuego, libro en el que Ernesto Villanueva, investigador y colaborador de Proceso, reflexiona sobre un derecho fundamental, el de armarse, que es concedido a cuentagotas a los mexicanos y, al mismo tiempo –en el colmo de las contradicciones–, desalentado por el propio Estado. Aquí se adelantan fragmentos de este polémico volumen de Ediciones Proceso, que ya se encuentra en circulación. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el transcurso de los años, particularmente en los más recientes, se ha podido apreciar cómo el estado de derecho se repliega y permite con ello que surjan islas cada vez más amplias de impunidad, corrupción e inseguridad a lo largo y ancho del territorio nacional. El anterior no es “nuestro” diagnóstico, sino una descripción de lo que sucede en el país y de cómo se deterioran los espacios públicos y privados, justo aquellos que debieran permitir el ejercicio apreciable de los derechos y garantías tutelados por la Constitución. Peor todavía: ante los cada vez más frecuentes homicidios y atentados cometidos contra servidores públicos, candidatos políticos y personajes con cargos de elección popular se impone una pregunta: ¿Cómo puede el Estado mexicano garantizar la seguridad de los ciudadanos si no puede defender la integridad física de un número creciente de los encargados de hacer cumplir la ley? Con el presente trabajo no pretendemos sostener que el ejercicio del derecho de posesión y portación de armas de fuego sea la solución al grave problema de violencia e inseguridad que vive el país. El tema sí se inscribe, empero, en la abultada lista de pendientes necesarios para que las personas de a pie, casi la totalidad de la población, puedan tener un instrumento para la legítima defensa de su vida y su seguridad en el marco constitucional. Para muchos mexicanos podría resultar desconocido el dato de que la posesión y la portación de armas de fuego forman parte de un derecho fundamental previsto en la Constitución vigente, en tanto que para otros pocos se trata de un tema indeseable. Es importante subrayar que el autor del presente libro no es quien está proponiendo que el derecho referido sea considerado fundamental e, incluso, un derecho humano. Existen distintos tratadistas y criterios jurisprudenciales que apuntan en este sentido. La falta de educación, instrucción y responsabilidad en el manejo de las armas de fuego como medios para la legítima defensa de los gobernados –promovida paradójicamente por una ley reglamentaria restrictiva– genera violencia, accidentes, crimen y, en suma, alienta la violación de los derechos humanos, además de limitar la gobernabilidad democrática. Con el propósito de identificar los prejuicios y las realidades que rodean el tema, en el presente trabajo se optó por crear un hilo conductor dotado de un centenar de preguntas básicas con sus respectivas respuestas, para lograr no sólo un conocimiento conceptual, sino empírico, del estado de la cuestión. Para tal efecto, se registraron las dudas, inquietudes y preocupaciones más reiteradas sobre el derecho fundamental estudiado manifestadas en las fuentes públicas disponibles. u u u ¿Por qué recurrir a la posesión de armas si existen otros medios para controlar el crimen? Porque se trata de un recurso complementario, no sustitutivo, del principio general que convalida el monopolio de la fuerza del Estado. Y, además, porque los medios previstos como deseables por el sistema legal desde los puntos de vista formal y teórico no han funcionado adecuadamente. Desde 1972, cuando se publicó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la legislación de nuestro país ha restringido a los ciudadanos la portación de armas de fuego. Sin embargo, esta medida no dio los resultados esperados, pues, a 40 años de haberse establecido, México atraviesa por uno de los periodos de inseguridad más críticos en su historia, toda vez que la violencia se ha extendido a lo largo del país y se ha convertido en un problema nacional. ¿Cuáles son los motivos por los que una persona podría tener interés en poseer un arma de fuego?  Los motivos pueden ser cinegéticos, deportivos, históricos, estimativos o de coleccionismo, de seguridad o legítima defensa, etcétera. Contra lo que generalmente se cree, las razones por las que una persona toma la decisión de poseer un arma de fuego de manera legal son totalmente ajenas a la pretensión de usarla para fines violentos o delictivos. De hecho, menos del 1% de pistolas es utilizado en la comisión de delitos. La tenencia de cualquier arma es independiente del uso que su poseedor le dé, y es en función de ese uso si eventualmente se amerita una acción punible o no punible. Como ejemplo de la idea anterior, Dennis Baker plantea la imposibilidad de prohibir la posesión y uso de autos basándonos en los índices de mortalidad por accidentes automovilísticos ocasionados por conductores en estado de ebriedad. Si bien es cierto que manejar bajo los efectos del alcohol exige una sanción, también lo es que poseer y conducir un auto es independiente del hecho de hacerlo en estado de ebriedad, por lo cual su posesión y uso no deben ser punibles. ¿Es verdad que los criminales se sienten amenazados al ver que sus víctimas portan armas de fuego Sí. Los investigadores Wright y Rossi realizaron un estudio sobre la correlación entre la posesión de armas y la disuasión en la comisión de delitos. Para dicho estudio, se llevó a cabo una encuesta entre delincuentes que purgan sentencia, a quienes se les preguntó si la sospecha de que sus posibles víctimas podrían estar armadas tuvo alguna influencia en la decisión de cometer el crimen. Los resultados fueron los siguientes: –El 56% de los encuestados respondió que “un criminal no va a meterse con una víctima si sabe que ésta tiene una pistola”. –El 81% estuvo de acuerdo en que “un criminal listo siempre trata de descubrir si su víctima se encuentra armada”. –El 58% piensa que “el dueño de una tienda que se sabe tiene una pistola no va a sufrir robos muy seguido”. Por su parte, John Lott realizó una encuesta nacional en la que demostró que en el 95% de los casos en que una persona utilizó una pistola de manera defensiva, únicamente tuvo que hacer visible el arma para que el delincuente desistiera del ataque. Además de que puede evitar una agresión, portar un arma y enseñarla al agresor no necesariamente termina en un enfrentamiento físico. ¿Existe alguna relación entre el crimen y la portación legal de armas de fuego? No. Las armas de fuego no determinan los índices de criminalidad, pues una acción delictiva no depende del arma utilizada para su comisión, sino de las intenciones del agresor. El uso de un arma de fuego sólo refleja que las intenciones del agresor son muy violentas, más no que él tenía un arma de fuego disponible para la comisión de algún delito. Por el contrario, sucede que el delincuente primeramente piensa en la forma en que va a cometer el delito y posteriormente obtiene el arma. Debe tomarse en cuenta asimismo que la mayoría de las personas que cometen homicidios no actúan de esta manera porque tengan un arma de fuego a su alcance, sino porque ya acusaban un comportamiento criminal anterior. Volviendo al caso de México, durante 2015 se perpetraron 17 mil 27 homicidios dolosos, de los cuales 9 mil 642 fueron cometidos con armas de fuego. Esto indica que en 7 mil 385 asesinatos no hubo necesidad de que existiera previamente un arma de fuego, pues bastó la sola intención del agresor. En lo que respecta a Estados Unidos, en 1992 Morgan O. Reynolds y W.W. Caruth realizaron un estudio en el que demostraron que los estados con las leyes más restrictivas en materia de posesión de armas de fuego tenían los índices más altos de crímenes cometidos con éstas. Por ejemplo, Nueva York posee una de las legislaciones más estrictas al respecto y, sin embargo, en ese estado se registra el 20% de todos los robos a mano armada perpetrados en los Estados Unidos. Y, para no ir tan lejos, está el problema de México, país que pese a su muy restrictiva legislación del ramo atraviesa por gravísimos problemas de inseguridad y de comisión de delitos a mano armada. ¿La posesión de armas de fuego es la causa de los altos índices de criminalidad? ¿O los altos índices de criminalidad provocan el interés de los ciudadanos por portar armas  de fuego? Gary Kleck demuestra que los civiles están recurriendo al uso de armas de fuego como una medida de autodefensa en respuesta al incremento de los actos delictivos. Es decir, los altos índices de criminalidad provocan el interés de los ciudadanos por portar armas de fuego, y no al revés: que el interés por armarse contra la delincuencia sea el origen del aumento de la inseguridad. De igual forma, estudios realizados por el mismo investigador demuestran que el uso de armas de fuego para repeler una agresión es tres veces más frecuente que su uso para cometer un delito. ¿El número de muertes violentas aumenta en un ambiente social en el cual proliferan las armas de fuego?  No. En sociedades donde la portación de armas de fuego es común, el uso de éstas es principalmente para defensa propia y prevención de delitos, y los criminales son más cautelosos, pues saben que existe una mayor posibilidad de que las personas que eligen como víctimas se encuentren armadas. La prevalencia de la posesión de armas de fuego no tiene efectos notorios en la tasa de delitos, ya que pueden ser sustituidas por otro tipo de armas. Tanto los académicos que se manifiestan en favor de las armas de fuego como los que están en contra coinciden en que éstas no son el único factor que influye en la tasa de homicidios en el caso de Estados Unidos. Incluso si en este país no hubiera violencia a mano armada, seguirían existiendo tasas de violencia mayores que las de Japón, Gran Bretaña y Canadá proporcionalmente. ¿De dónde provienen las armas que se utilizan en la comisión de delitos?  De transacciones ilegales o por robo. Se tienen datos que indican que la obtención ilegal se realiza mediante robo al manufacturero o transferencias de armas de fuego no reportadas. El robo de éstas a comerciantes, casas habitación y entre criminales son la fuente más importante de armas de fuego utilizadas en la comisión de delitos. De hecho, sólo una de cada seis armas usadas en homicidios fue adquirida legalmente. En el caso de Estados Unidos, ciudades como Nueva York y Washington, que tienen leyes muy restrictivas en la materia, demuestran que la mayoría de las piezas empleadas para delinquir son conseguidas de manera ilícita. ¿Qué tan efectivas son las campañas de desarme voluntario en nuestro país? Resultan poco efectivas porque la mayoría de las armas canjeadas son antiguas o están deterioradas, razón por la cual es poco probable que hayan sido usadas o que aún puedan funcionar. En el caso de los delincuentes, es lejana la posibilidad de que entreguen sus armas, pues ello los pondría en riesgo de confrontarse con las autoridades. Factores como éstos impiden que el programa dé los resultados para los que fue implementado: ni evita accidentes domésticos (de hecho, como decíamos, la mayor parte de las armas funciona mal o no funciona) ni desarma a los delincuentes. Una de las “ventajas” de esta campaña es que quienes canjean las armas pueden recibir productos diversos, como despensas y aparatos electrodomésticos. Iniciativas como la indicada se basan en la falsa idea de que las armas son peligrosas per se y de que fomentan la violencia, la inseguridad y el temor entre la sociedad, cuando la realidad indica lo contrario. Además, la socialización de estos prejuicios mediante la puesta en marcha de campañas como la descrita desincentiva a la población a ejercer un derecho humano y alimenta el rechazo a las armas de fuego. ¿Las autoridades mexicanas ejercen un control eficiente sobre la posesión y portación de armas de fuego? No. En México el estado de derecho tiene un lento proceso de desarrollo que da pie a la existencia de amplias islas de incumplimiento de la ley. Así, la cultura jurídica en el país se halla sujeta a un complejo entramado de prácticas culturales que mezclan percepciones de injusticia e inequidad en muchas disposiciones y de una práctica de negociación de la ley por parte de las autoridades y de los gobernados. El fenómeno descrito provoca, en mayor o menor medida, que en todos los ámbitos regulados por el derecho la ley sea sólo un referente y no una regla razonablemente puntual de conducta. Por esta razón, el Estado en sus diversas expresiones (federal, estatal y municipal) se encuentra limitado para garantizar la seguridad de las personas, lo que brinda aún más argumentos para darle eficacia al derecho fundamental de posesión de armas previsto en el artículo 10 constitucional, mediante la puesta en práctica las reformas pertinentes a la ley reglamentaria. Este adelanto se publicó el 17 de septiembre en la edición 2133 de la revista Proceso.