WASHINGTON (apro).- La criminalización de los inmigrantes indocumentados es una obsesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que gracias al respaldo incondicional de los republicanos del Capitolio se está volviendo realidad. Como pocos, Trump hace hasta lo imposible por cumplir las promesas de campaña que hizo al sector más conservador y racista de Estados Unidos que lo llevó a la Casa Blanca. La Cámara de Representantes del Congreso federal dominada en representación por los republicanos, aprobó un proyecto de ley que autoriza la penalización judicial criminal para con los inmigrantes indocumentados. Bajo el lema de Trump de que son los inmigrantes indocumentados los responsables de la ola criminal que azota a Estados Unidos, de la que se destaca la venta de drogas y el pandillaje causante de asesinatos y robos, entre otros delitos, los republicanos se unieron al llamado presidencial de etiquetar como delincuentes a migrantes extranjeros. De ser corroborado por la Cámara de Senadores, también dominada en representación por los republicanos, todo inmigrante indocumentado que reincida en ingresar sin documentos migratorios válidos a Estados Unidos y en caso de ser detenido en el intento, podría recibir un condena de cárcel de hasta 25 años. Bajo dicha iniciativa que cuenta con todo el respaldo posible que pueda brindarle Trump, los inmigrantes indocumentados están sujetos a una serie de acciones judiciales inhumanas que pretenden acusarlos de delitos con carácter criminal para expulsarlos de los Estados Unidos. Los agentes migratorios y el Departamento de Justicia en cumplimiento de lo aprobado por la Cámara de Representantes, pueden acusar de delito criminal y deportarlo inmediatamente a su país de origen como “delincuente de alta peligrosidad”, a cualquier inmigrante indocumentado que cometa faltas a las leyes de tránsito, que se demuestre que no ha podido cubrir un adeudo con un banco sin que importe la razón de ello, o que utilice documentos de residencia permanente o el número de Seguro Social de otra persona. Las penalidades de estos delitos oscilan entre los 5 y 10 años de prisión, pero en general tienen como objetivo final el deportar rápidamente a los acusados y sentenciados. La Cámara de Representantes avaló otro punto de criminalización: Definir como traficante de personas a toda persona mayor de edad –sin que importe su estatus de residencia– que haya colaborado a concretar el ingreso a Estados Unidos como inmigrante indocumentado de un menor de edad. Dentro de este crisol jurídico no hay distinción de tipo de acciones ni de motivos. Hasta el padre o madre, tío, hermano y o cualquier otro familiar del menor de edad, será procesado como traficante de personas y por el delito ser castigado con una sentencia que en casos extremos puede llegar a los 50 años tras las rejas.