CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir del 1 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador, su gabinete y los representantes de Morena en las cámaras de diputados y senadores comenzarán el ejercicio de gobernar bajo una enorme expectativa social y, al mismo tiempo, bajo el escrutinio de la opinión pública que, desde ahora, ya pone en duda que pueda cumplir con todas las promesas de la cuarta transformación. A ningún presidente electo le ha ocurrido lo que a López Obrador: que antes de iniciar su administración, ciudadanos, movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y familias se arremolinen en su casa de transición para pedirle que resuelva sus problemas que, en su mayor parte, no fueron atendidos en el gobierno saliente. A López Obrador, así como a los integrantes de su gabinete y los legisladores los tendrán bajo la lupa en cada una de sus acciones y en muchas ocasiones se magnificarán sus errores que, seguramente, tendrán. Y sus aciertos no serán reconocidos sino tiene un impacto en la población. Muchas de las expectativas con las que llega López Obrador a la Presidencia de la República han sido generadas por él mismo en su larga campaña de 18 años de candidato, tales como el combate a la corrupción, el uso transparente de los recursos públicos y el ejercicio honesto del poder público. Pero muchos otros, los más sentidos por la población, han surgido en la última campaña, como el combate a la violencia, la inseguridad y el crimen organizado, cuyos niveles de gravedad son parte del legado de Enrique Peña Nieto. El problema de la atención a las familias de muertos, desaparecidos y desplazados por la violencia generada en esta larga guerra de 12 años contra el narcotráfico es, quizá, el tema social más sensible que desde ahora ya está enfrentando el gabinete de López Obrador y, en especial, Alfonso Durazo, propuesto como próximo secretario de Seguridad Pública. Los familiares de las víctimas han pedido justicia desde hace más de una década en foros, marchas, mítines y caravanas sin que nadie los atienda. Su voz, sus demandas, sus peticiones han sido expresadas miles de veces dentro y fuera del país. La demanda de todas y cada una de ellas nunca ha sido una indemnización pecuniaria ni la venganza. Lo que piden es justicia, que se establezca un padrón nacional de desaparecidos, protocolos de búsqueda, identificación de los restos en los miles de fosas clandestinas y que no haya impunidad para los responsables, muchos de ellos autoridades civiles, policiacas y militares. En los foros de paz que ahora organizan los integrantes del próximo gabinete en todo el país, nuevamente se escuchan los reclamos que, por mucho, rebasan a Durazo, quien no sabe qué hacer ante estas voces. Tanto en Ciudad Juárez como en Morelia, donde se han efectuado los foros hasta ahora, los asistentes han rebasado las intenciones oficiales y expresado su inconformidad con el perdón y la amnistía propuestas por el líder de Morena. También han expresado su enojo ante lo que pareciera ser la pretensión de los organizadores de usar estos foros solo para legitimar la estrategia ya planeada de antemano de pacificación con base en la amnistía. Pareciera que Alfonso Durazo no ha tomado en cuenta todo el trabajo ya avanzado por los familiares de las víctimas de la violencia, quienes se han convertido en peritos forenses, investigadores, exploradores en el terreno y en abogados en las investigaciones empantanadas en los tribunales. No había necesidad de realizar más foros para escuchar lo ya dicho hasta el hartazgo: “¡Justicia!”. Lo que se requiere es ponerse de acuerdo con los afectados en los mecanismos expeditos para satisfacer esta demanda que nada tiene que ver con el perdón. Algunos de los retos para el gobierno entrante se antojan imposibles de resolver en seis años, como es la atención a miles de afectados por el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Ni con toda la voluntad habida y por haber se puede solucionar este problema de la atención, si al mismo tiempo no se combate a fondo el narcotráfico, un conflicto internacional en el cual están involucrados megapoderes como el sistema financiero y bancario mundial, en los que se lavan miles de millones de dólares y euros generados por la industria criminal. Es evidente que, en este tema, uno de los más sensibles en la sociedad, López Obrador se juega una buena parte de la credibilidad de su gobierno. Si Alfonso Durazo, el responsable de contestar las demandas de las familias afectadas, no da una respuesta convincente, su carrera como funcionario será muy corta. Por cierto... En dos de los 22 foros de paz previstos a realizarse, la película se ha repetido: los familiares de las víctimas están inconformes con la forma en que se realizan y acusan que se trata de una farsa. Alfonso Durazo tendrá que hacer algo para que cambie esta percepción antes de que su proyecto fracase, aún antes de que arranque el lopezobradorismo el 1 de septiembre próximo.