CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ocurrió el pasado viernes 17 de enero cerca de Mezcalcingo, Guerrero. Un comando de hombres armados, identificados como integrantes del grupo Los Ardillos que dirige la familia del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez emboscaron un camión donde venían integrantes del grupo musical Sensación. La matanza fue brutal, ejecutaron y calcinaron a 10 músicos indígenas de esta región donde la gente esta bajo el yugo del crimen organizado.
Desde 1997 el municipio de Chilapa, donde ocurrieron los hechos, es parte de la región donde la gente decidió formar las primeras autodefensas del país para enfrentar a los delincuentes y narcotraficantes. La falta de seguridad y la ausencia de autoridades hizo que la gente se organizara para defenderse y es así que nace la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Esta situación de inseguridad, violencia y crimen organizado ha creado un infierno en esta región donde el año pasado hubo al menos cinco ataques del grupo delictivo de Los Ardillos a comunidades que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) con un resultado trágico de 16 muertos.
Si tomamos en cuenta los 16 asesinatos del año pasado y sumamos los 10 indígenas de Alcozacán ejecutados y calcinados en la emboscada del viernes pasado cerca de Mexcalzingo, tenemos una cifra alarmante de 26 ejecutados por la banda de Los Ardillos que encabeza Celso Ortega, hermano del diputado local perredista, Bernardo Ortega.
Lo que acontece ahí es tan grave como la masacre a la familia LeBarón en Sonora, pero no ha tenido tanta repercusión a nivel nacional e internacional y tampoco la atención del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que en su primer año rompió récord desde 1997 con el registro de 26 mil 959 homicidios dolosos.
La decena de músicos nahuas ejecutados en Guerrero tendría que ser un tema prioritario en la agenda del gobierno federal para ser atendido pues representa la situación de violencia, inseguridad e impunidad con la que el crimen organizado se maneja en diversas partes del país.
Cobra además relevancia en el marco de la Caminata por la paz, la justicia y la verdad que inicia este jueves 23 en Cuernavaca, Morelos, y que llegará a la Ciudad de México el domingo 26 con la intención de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dé atención prioritaria en su programa de gobierno a las miles de víctimas de la violencia.
Por cierto… La marcha por la paz que encabeza Javier Sicilia tendrá la participación de más de 70 organizaciones sociales y no se trata de ningún espectáculo que pueda dañar la investidura presidencial como la catalogó López Obrador. Mancha más la figura del presidente no atender a quien esta pidiendo justicia.