Bolivia: lucha y represión invertidas

viernes, 9 de septiembre de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los mineros bolivianos tienen fama de estar muy bien organizados y ser muy unidos. También muy combativos para defender sus derechos. Esto les ha significado a lo largo de decenios un sinnúmero de represiones gubernamentales, muchas de ellas sangrientas. Pero hace unos días esta situación pareció haberse invertido o, al menos, compartido. El 25 de agosto el viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, viajó a Panduro, a 160 kilómetros de La Paz, para negociar con los cooperativistas de las minas locales que ya llevaban tres días de bloqueos carreteros y enfrentamientos con la policía, y que a la sazón se habían saldado con 17 agentes heridos, tres mineros muertos y otros diez detenidos. Pero Illanes no pudo cumplir su encomienda. Fue interceptado y retenido en el camino, y una turba enfurecida de mineros se le echó encima. Luego su cuerpo apareció tirado sobre la carretera Oruro-La Paz. El fiscal nacional, Edwin Blanco, informó que había muerto por traumatismos en el  cráneo y en el tórax. Lo habían linchado a golpes. Condenable desde cualquier perspectiva, el asesinato del viceministro resulta todavía más intolerable si se toma en cuenta que no ocurrió nada más al calor del momento, sino que, según el diario La Razón, los cooperativistas tenían un ataúd listo para él, en caso de que hubiera otra víctima entre los mineros. Es decir que estaba previamente contemplado. Y sí, en la trifulca con Illanes murieron tres mineros más. La situación fue tan extrema que inclusive el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó desde Ginebra “el brutal asesinato del viceministro” y deploró “las protestas extremadamente violentas de los mineros”. De cualquier manera urgió al gobierno de Bolivia a realizar “una investigación objetiva sobre la muerte de la autoridad y de los mineros”. Sobra decir que la respuesta del equipo gubernamental en La Paz fue más que airada. Según la agencia Fides, un dron de la policía que monitoreaba el bloqueo carretero captó las imágines de la agresión a Illanes. Y apenas dos días después, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anunció que ya había unos 120 detenidos y se tenía plenamente identificados a los “cabecillias”. El 2 de septiembre fue arrestado el líder cooperativista Freddy Cruz, quien en los videos y fotografías aparecía a la derecha del viceministro, e imputado no sólo de asesinato, sino de “organización criminal, porte ilícito de armas y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado”, según informó el fiscal deparatamental Edwin Blanco. Mientras, en La Paz, la policía cateó las oficinas de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), en donde incautó documentos y detuvo a otras 43 personas. Y es que según el presidente Evo Morales, las movilizaciones de las cooperativas mineras no corresponden a una reivindicación social, sino a “una conspiración política” en contra de su gobierno. Desde luego las pláticas se suspendieron y el ejecutivo decretó tres días de duelo nacional. Los mineros también optaron por replegarse, ante el riesgo de que después del asesinato y la batida en su contra la violencia escalara aún más. Pero el problema de fondo no quedó resuelto. Y no deja de ser suigéneris. Porque a contrapelo de las tradicionales protestas de los mineros en contra de la explotación del gobierno, la iniciativa privada y las trasnacionales, ahora son los cooperativistas más añejos los que explotan a sus pares y quieren asociarse con los capitales locales y foráneos para optimizar sus ganancias. La Fencomin agrupa a unas mil 700 cooperativas mineras con alrededor de 150 mil asociados, todas ellas concesionarias de yacimientos minerales. Conforme está establecido, no trabajan ni para el Estado ni para empresas privadas, nacionales o extranjeras; es decir, no tienen patrón y su labor se considera de subsistencia. Pero en los últimos años, ante el aumento en el precio de los minerales, muchas se han asociado con o cedido sus concesiones a capitales privados. Según las autoridades, hay 31 concesiones que en el papel pertenecen a las cooperativas, pero que en los hechos están siendo explotadas por empresas, la mayoría extranjeras, que son las que se encargan de todas las inversiones y de pagar a los trabajadores. Pero éstas entregan una parte de sus utilidades a los concesionarios originales, o sea a los cooperativistas, lo que desde la perspectiva gubernamental los convierte en “dueños de los yacimientos”, algo antes permitido, pero ahora prohibido por la Constitución de 2009. Bajo este nuevo esquema también se rompe el principio de que en una cooperativa todos son socios y no hay patrones y obreros. Según reporta el corresponsal de El País en La Paz, Fernando Molina, en este tipo de empresas un grupo de cooperativistas “fundadores” explota a decenas de trabajadores “nuevos”, quienes apenas perciben el salario mínimo por una labor sumamente peligrosa y, además, carecen de seguridad social. Como corolario, todas operan sin licencia ambiental. En todo esto el gobierno quiso poner orden. Se mantuvo firme en que los yacimientos eran concesiones y no propiedad de los cooperativistas, por lo que no podían “subarrendarlos” a capitales privados, ya que se tornarían ilegales. También quiso introducir sindicatos para que los trabajadores tuvieran derechos laborales y seguridad social, y revisar las condiciones ambientales. Contra todo ello fue que se sublevaron los cooperativistas mineros de la región de Panduro. Antes que nada quieren volver a ser “propietarios” de los yacimientos, lo que estaba previsto por la ley minera heredada desde la Colonia y que les permitía vender, rentar y heredar. Pero también exigen que el gobierno les facilite la venta de sus minerales y además reinvierta en el propio sector cooperativo las regalías que le pagan al Estado (2.5%). Y, por supuesto, no admiten que en su seno se creen sindicatos ni tampoco aceptan controles ambientales. Estas divergencias fueron las que desataron las protestas y llevaron a varios mineros y a Illanes a la muerte. Pero después del asesinato el gobierno ya no transigió. El 2 de septiembre, mediante dos decretos supremos, revirtió al Estado todas las áreas sobre las que se habían suscrito contratos de riesgo compartido, de arrendamiento o subarrendamiento, y también los “yacimientos ociosos” donde las cooperativas no realicen actividad minera alguna. Mediante un tercer decreto incorporó además a todos los trabajadores no asociados de las cooperativas mineras a la Ley General del Trabajo, lo que les garantiza sus derechos laborales y el acceso a la seguridad social. Y modificó otro decreto para reconocer las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares, “que serán pagadas… directamente por los empleadores de los sectores público, privado y de las cooperativas mineras”. Aparte estableció el aporte de 1.8% sobre el valor neto de la venta de minerales y metales a favor de la Caja Nacional de Salud. De momento el asunto quedó zanjado. Pero nada garantiza que las protestas no vuelvan en un futuro, ya que la parte gubernamental se impuso y ninguno de los reclamos de los cooperativistas fue satisfecho. Además, la ruptura de la Fencomin con el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, del que era uno de los pilares, significa un duro golpe político para el ejecutivo. Por otra parte, habría que esperar que así como se está dando cauce judicial al asesinato de Illanes, se investigue y sancione la muerte de los mineros. Según el diario paceño Página Siete, en los diez años de gobierno de Morales poco más de 70 personas han muerto en conflictos sociales. Hasta ahora ninguno de estos casos ha sido esclarecido, ni ninguna autoridad ha sido llamada a responder por ellos.

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