CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cada septiembre, la Asamblea General (AG) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) da inicio a un nuevo periodo ordinario de sesiones. Y este 2018 arranca su 73ª edición, que marca el número de años transcurridos desde su creación en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Pero cada año, también, sobre los discursos grandilocuentes que pronuncia una pléyade de jefes de Estado en su sede de la ciudad de Nueva York, planean su crónico déficit financiero y, sobre todo, su incapacidad operativa para cumplir con los dos fines principales para los que la ONU fue creada: la paz y la seguridad mundiales. La necesidad de una reforma a la organización se ha planteado de  manera recurrente. Pero dada su estructura conformada por naciones soberanas, cuyos compromisos con la comunidad internacional están sujetos a los intereses y las veleidades de los gobiernos en turno que las representan, no se ha encontrado la fórmula para crear un ente supranacional que de manera imparcial dirima los conflictos internacionales. Nadie quiere ceder terreno. Así, las resoluciones de la AG se quedan en simples exhortos que los destinatarios pueden o no cumplir, porque no son vinculantes; y las que emite el Consejo de Seguridad (CS), que sí lo son, corren siempre el riesgo de ser vetadas por alguno de sus cinco miembros permanentes –China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia– que no están dispuestos a renunciar a este privilegio ni a modificar la membresía del consejo en sí, aunque éste ya no represente el actual orden mundial. Pero pocas veces como en este 2018 se ha visualizado de manera tan flagrante la debilidad de la ONU ante los embates de una de estas cinco potencias: Estados Unidos. En menos de dos años, desde que asumió como presidente Donald Trump, el país se ha retirado o ha atacado a una decena de agencias del Sistema de Naciones Unidas, e inclusive está latente la posibilidad de que abandone a todo el organismo. En su debut ante el pleno de la AG en 2017, Trump –quien antes había tuiteado que la ONU era “un club para que la gente se junte, charle y pase un buen rato”– ya planteó que en años recientes el organismo “no ha alcanzado su potencial total debido a la burocracia y la mala administración”; y llamó a “centrarse más en la gente y menos en asuntos burocráticos”. Estados Unidos es el principal financiador de los fondos de funcionamiento de la ONU, con 22% de un total de 5 mil 400 millones de dólares; y 28.5% del presupuesto para las operaciones de paz ($7 mil 300 millones). Pero en este último rubro la embajadora Nikki Haley ya impulsó un recorte de $600 millones el año pasado y se espera que éste vaya por más. Más allá de estas presiones financieras, la administración Trump ya abandonó la UNESCO, porque es “anti-israelí”; y dejó el Acuerdo de París sobre cambio climático, porque “es muy injusto y permite a otras naciones sacar ventaja sobre la industria estadunidense”. No se retiró todavía del acuerdo firmado entre Irán y el llamado Grupo 5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China, Francia y Alemania), pero se negó a “certificar” que Teherán cumple con sus compromisos, reanudó las sanciones y mantiene la amenaza de irse. En el campo comercial, Washington se retiró inmediatamente de la Asociación TransPacífico (TPP), signada en 2015 por 11 naciones del área Asia-Pacífico; y abrió negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994 con Canadá y México. Ya ni hablar de la guerra arancelaria que mantiene con China y la Unión Europea. Y, de hecho, toda la Organización Mundial de Comercio está en su mira, dado que no está dispuesto a someterse a su arbitraje ni ve con buenos ojos los acuerdos multilaterales que promueve la OMC. En diciembre de 2017 Trump decidió abandonar el pacto migratorio de la ONU conocido como “Declaración de Nueva York”, signado un año antes por los 193 países miembros para enfrentar la grave crisis internacional en esta materia. Haley argumentó que el pacto era incompatible con la soberanía de su país. “Nuestras decisiones sobre las políticas de inmigración deben siempre ser tomadas sólo por los estadunidenses”, sostuvo. A fines de ese mismo mes, Trump se lió en un diferendo con los países que promovieron una resolución para condenar el reconocimiento oficial de Washington a Jerusalén como capital de Israel y trasladar ahí su embajada, en contravención de todos los acuerdos internacionales. Haley simplemente la vetó, pero el presidente amenazó con retirarles su apoyo económico. “Toman nuestro dinero y luego votan en contra nuestra”, bramó. Y en estos meses previos a la AG, la administración Trump ha vuelto a blandir sus armas. En junio se retiró del Consejo de Derechos Humanos por considerarlo “hipócrita” y parcial contra Israel, y porque no le gustaron las críticas a su política de “tolerancia cero” a la inmigración ilegal en Estados Unidos. Luego, en agosto, Washington anunció la cancelación de todas sus aportaciones a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), como “presión” para obligar a la Autoridad Palestina a volver a la mesa de negociaciones. Sin embargo lo más inaudito es que hace unos días Estados Unidos amenazó con arrestar, procesar y sancionar económicamente a los jueces de la Corte Penal Internacional que osaran juzgar por crímenes de guerra a estadunidenses que han combatido en Afganistán. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional, acusó a la corte de ineficaz y “francamente peligrosa” para Washington y sus aliados, léase Israel. En realidad ninguno de los dos debería preocuparse, ya que al no ser signatarios del Estatuto de Roma sus ciudadanos no pueden ser juzgados por esta instancia judicial. Pero no sólo la gran potencia estadunidense se atreve a desafiar a la ONU. En estos últimos meses Venezuela, Nicaragua y Guatemala refutaron sus informes y aun expulsaron a sus enviados especiales. El régimen de Nicolás Maduro, por ejemplo, rechazó como “injerencista y sesgado” el informe del Consejo de Derechos Humanos por graves violaciones a éstos contra miembros de la oposición y la población civil que se han manifestado en las calles. El CDH también censuró la “falta de atención” a la grave cisis alimentaria que ha obligado a cientos de miles de venezolanos a emigrar a países vecinos. Cabe decir que el gobierno de Caracas no autorizó a los enviados de la ONU recabar información in situ, por lo que hubo que allegársela a través de terceros. En Nicaragua, Daniel Ortega simplemente echó al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, después de un informe en que daba cuenta de los excesos de fuerza que han costado al menos 300 muertes en las protestas sociales surgidas este año. El gobierno de Managua adujo que la presencia de los enviados de la ONU sólo se autorizó para supervisar el retiro de barricadas, y que cumplida esa misión no tenían nada que hacer en el país. Por lo que toca al presidente guatemalteco, Jimmy Morales, éste expulsó al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero ahí las masivas protestas populares y una orden de la Corte de Constitucionalidad lo obligaron a permitir su regreso. En un primer momento Morales sacó a la policía y al ejército a las calles, pero aunque tuvo que recular, responsabilizó a la ONU de cualquier consecuencia derivada de su intervención. Aunque hay muchos ejemplos en los siete decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la coyuntura actual sin duda el que mejor ilustra la incapacidad de la ONU para preservar la paz es el de Siria, que desde 2011 ha costado cerca de medio millón de vidas, desplazado a más de diez millones de personas, provocado una destrucción material y cultural incalculable, y creado una tensión regional peligrosa. Como en otros conflictos armados, en el sirio se observa con claridad el juego de intereses regionales e internacionales que impide una mediación efectiva e imparcial de Naciones Unidas. Sobre Siria, el Consejo de Seguridad ha presentado trece resoluciones; pero éstas no han llegado a ser aplicadas por los vetos alternos de Estados Unidos, Rusia y China, o simplemente porque no hay condiciones sobre el terreno, como lo han evidenciado todos los fallidos intentos de negociación. Otro caso presente es Yemen, donde una coalición militar encabezada por Arabia Saudita –que combate a rebeldes hutis que se hicieron del poder– ha llevado al país a una hambruna generalizada y una grave epidemia de cólera. Pero la ONU no sólo no ha podido frenar la ofensiva armada, sino también ha enfrentado dificultades para cubrir las necesidades humanitarias más básicas. Algo similar ocurrió el año pasado con los 700 mil rohingyas que huyeron de la persecución militar en Myanmar hacia Bangladesh y, en general, el cuadro se repite en escenarios de éxodos forzados y masivos. En este contexto, el 17 de septiembre asumió la presidencia de la AG para este periodo la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, cuarta mujer y primera latinoamericana en ostentar ese cargo. Según adelantó, siete serán las prioridades durante su mandato: el derecho a un trabajo decente, los programas para las personas con discapacidad, la acción ambiental, la defensa de migrantes y refugiados, la equidad de género, y la prevención de la violencia, sobre todo entre los jóvenes. Y la séptima, claro que sí, una reforma administrativa y una revitalización del sistema de la ONU, para que pueda ser más eficiente. Se trata, dijo Espinosa, “de acercar las Naciones Unidas a la gente y la gente a las Naciones Unidas”. Algo que recuerda mucho a lo que hace un año dijo Trump.