CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Concebida no sólo para gestionar los asuntos intraeuropeos, sino definida desde 2003 por el Consejo Europeo como una organización regional con participación internacional a partir de los postulados de la gobernabilidad global y el multilateralismo, la Unión Europea (UE) ha tenido que hacer verdaderos actos de equilibrismo para enfrentar la política exterior de Donald Trump sin que sus principios e intereses se vean vulnerados. Y no sólo en los grandes organismos internacionales, de donde el aislacionista presidente estadunidense se ha ido retirando gradualmente, sino en casos muy concretos, en los que instituciones y gobiernos europeos tienen que enfrentarse a decisiones tomadas, ante las que obligadamente deben asumir una posición. La última de ellas es la autoproclamación como presidente interino de Venezuela de Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional declaradamente apoyado por Washington. De hecho, la UE había desconocido el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de mayo de 2018, y reconocido como institución con representatividad democrática a la Asamblea Nacional. Pero sus delegados en Caracas se encontraban justo en contacto con las dos partes para tratar de impulsar un diálogo de conciliación, cuando el 23 de enero Guaidó salió a decir que Maduro era un presidente “espurio” y, por lo tanto, según la Constitución venezolana, el que debía asumir el cargo y convocar a elecciones era él. El gobierno de Trump, que siempre estuvo detrás de la jugada, lo reconoció de inmediato y conminó a las “naciones libres” a hacer lo propio. Desconcertada, la UE vaciló: una cosa era desconocer a Maduro y otra reconocer a Guaidó. Y, sobre todo, avalar el procedimiento para investirlo, que en mucho semejaba a un golpe palaciego. Además había que hacer consultas para conocer la opinión de los 28 miembros comunitarios. Pronto se descubrió que no había consenso. Inclinados más por una conveniencia política interna, que por un compromiso ideológico –aunque también–, los países europeos fueron tomando posiciones, sin decidirse del todo. Y estaba claro que naciones como Alemania, Francia, Gran Bretaña y España no deseaban subirse sin más al carro de la Casa Blanca. La posición intermedia elegida fue advertirle a Maduro que si en ocho días no convocaba a nuevas elecciones, la UE reconocería a Guaidó. Sobra decir que Maduro no convocó a nada. En una tensa sesión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que Estados Unidos, Rusia y China se liaron a acusaciones mutuas, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Arreaza, reclamó por el contrario a la UE que cómo se atrevía a exigirle a un país soberano que convocara a elecciones. El plazo se venció y el 4 de febrero la UE reconoció a Juan Guaidó. Pero no lo hizo de manera unánime: 19 países rubricaron el apoyo, mientras que otros como Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta y Rumania (que ocupa la presidencia semestral de la UE) se abstuvieron de hacerlo. Y ello puso inclusive en cuestión la normativa del ente comunitario. Decididos a presentarse como una sola voz, los países europeos se dieron una cláusula que establece la unanimidad para asuntos externos, misma que no se cumplió en el caso de Venezuela. La creciente diversidad de posiciones, que cada vez dificulta más este consenso, inclusive hizo proponer a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, un sistema de mayoría calificada que permita posicionarse a la UE ante un tema específico, aunque no todos sus miembros estén de acuerdo. Y en el tema venezolano no sólo varios no estuvieron de acuerdo, sino que el conjunto mantuvo una cierta ambigüedad. En el comunicado emitido se hizo hincapie en que se confería a Guaidó “la legitimidad necesaria… para que convoque a elecciones presidenciales libres, justas y democráticas”. Es decir, en el fondo, el mismo planteamiento anterior de un nuevo proceso electoral. Al mismo tiempo, la UE no abandonó la perspectiva de una salida negociada, por lo que promovió el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que se reunió por primera vez este 7 de febrero en Montevideo. Por la parte europea asistieron los ministros de exteriores de Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia, mientras que por América Latina sólo estuvieron presentes los de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay como anfitrión y México como observador. La mayoría de los otros países latinoamericanos, junto con Canadá, está reunida en el Grupo de Lima, que sigue básicamente los lineamientos del gobierno de Trump. Aparte, está el llamado Mecanismo de Montevideo, que reúne a Uruguay y México con los países de la Comunidad del Caribe, y que aspira a coordinarse con la ONU, aunque su secretario general, Antonio Guterres, ya aclaró que no se sumará a ninguno de estos grupos, para mantener su “credibilidad” en materia de buenos oficios y ayuda humanitaria. En este contexto, la iniciativa de la UE hacia el conflicto venezolano se ve con escepticismo. Poco se logró en la reunión de Montevideo, más que una declaración conjunta que plantea “encontrar una solución pacífica, política, democrática y venezolana”. Y Bolivia inclusive se negó a firmar estos términos genéricos, con lo que el apoyo de los países latinoamericanos se redujo a tres, con Uruguay jugando a dos bandas y México sin pronunciarse. Presente en la reunión, la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, informó que el grupo abrirá en Caracas una “oficina técnica” que sólo operará tres meses, tiempo que considera suficiente para valorar si se puede destrabar la actual situación. No aclaró qué sucedería en caso contrario. Sí explicó, en cambio, que de lo que se trataba era de “ayudar” y de evitar que se “politice” la ayuda humanitaria que la UE pretende enviar –igual que Estados Unidos y Canadá– y que hasta el momento Maduro se niega a recibir. Pero lo que quedó claro, sobre todo, es que los europeos buscan distanciarse a toda costa de los métodos, las amenzas y las sanciones que enarbola el gobierno de Trump para sacar al chavismo del poder en Venezuela. Ése parece haber sido el principal objetivo.