Confirma Soberanes desaparición forzada de 275 personas durante la guerra sucia

martes, 27 de noviembre de 2001
México, D F (apro)- "No hay razón de seguridad nacional que justifique la desaparición forzada de personas y no hay razón de Estado que pueda estar por encima del Estado de Derecho", aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, al dar a conocer el Informe sobre la guerra sucia en México, cuyos resultados incriminan directamente en la comisión de diversos delitos de lesa humanidad ?tortura, detención y retención ilegal y desaparición forzada-- a 74 exservidores públicos y a 37 dependencias gubernamentales, en particular a los de la Dirección Federal de Seguridad y al Servicio Secreto, agrupación que dependió de la dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) En el patio central del Archivo General de la Nación, inmueble que antes de habilitarse como centro de acopio de la información gubernamental fue la cárcel de Lecumberri, donde se alojaron lo mismo a los delincuentes más peligrosos del país que a presos de conciencia y a dirigentes estudiantiles, algunos de los cuales, por cierto, fueron víctimas de las más crueles vejaciones a los derechos humanos, el "ombudsman" nacional añadió, así mismo, que en 275 casos se logró establecer que los afectados fueron "víctimas de detención, interrogatorios y eventual desaparición forzada por parte de servidores públicos" Además, en 97 casos más, dijo, se encontraron indicios aunque por sí mismos, aclaró, resultan jurídicamente insuficientes para concluir la existencia de desaparición forzada, pero aclaró que en absoluto se descarta esa posibilidad En los 160 casos restantes, la CNDH no logró acreditar la desaparición forzada, lo cual no obsta para que el Ministerio Público que se encargue de deslindar responsabilidades deseche esa hipótesis Según la CNDH, el modo de operar de las fuerzas de seguridad del Estado encargadas de desarticular a grupos que habían tomado las armas como una forma de expresar su inconformidad con el sistema político vigente entonces, siempre fue el mismo: detenciones ilegales, retenciones indebidas, torturas y otras formas de trato inhumano y degradantes tendientes a la anulación de la personalidad de las víctimas De la indagatoria, se pudo precisar también que los lugares de reclusión utilizados por las fuerzas del orden fueron, en particular, el Campo Militar Número Uno, instalaciones propias de la DFS, cárceles clandestinas, cárceles militares en distintas partes del país, y el cuartel de Atoyac y la Base Aérea de Pie de la Cuesta Las dos últimas, se localizan, en el estado de Guerrero Se logró acreditar, así mismo, que por lo menos 42 elementos de la DIPD participaron directamente en la desaparición forzada de personas Dicha dependencia estuvo al mando de Francisco Sahagún Baca y Arturo Durazo Moreno, en el gobierno de José López Portillo La administración siguiente, la de Miguel de la Madrid, desapareció a la agrupación precisamente por la estela de terror y muerte que dejó a su paso Ante poco más de 300 invitados especiales y el gabinete de seguridad en pleno, Soberanes dio más datos que ilustran el tamaño de la represión de Estado que se desató en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo: En los 532 casos investigados, las detenciones se practicaron sin orden legal; cuatro de cada 10 detenciones se realizaron de noche y en el domicilio de las víctimas; en el 100 por ciento de los casos documentados, las personas fueron víctimas de tortura física o de otras formas de trato inhumano y degradante; en los 275 casos comprobados de desaparición forzada, hubo amenazas o violación de los derechos humanos contra familiares; 70 por ciento de los desaparecidos en el medio urbano eran estudiantes, 20 por ciento obreros y el resto, profesionales y empleados y, en el medio rural, 75 por ciento de los casos eran campesinos y maestros Más: De los 532 casos investigados, 351 ocurrieron en zonas rurales, 332 de ellos en el estado de Guerrero, y 181 en la zona urbana, particularmente en el Distrito Federal, con 50 casos, y Sinaloa, con 40 Apuntalada con mil 603 diligencias hechas en 19 entidades del país, 544 testimoniales de familiares y testigos y la revisión de 80 mil tarjetas y 41 mil 200 fojas de expedientes bajo resguardo del Cisen y reportes periodísticos, la investigación permitió, así mismo, el esclarecimiento de algunos casos de personas reportadas como desaparecidas que, en realidad, se encontraban privadas de su libertad o sujetas a proceso, o que desaparecieron en acciones en las que no se registró participación de autoridad alguna Con base en esos elementos, la CNDH emitió la recomendación 26/2001 al presidente Vicente Fox ?la primera dirigida al Poder Ejecutivo en 11 años de existencia de la Comisión---, en la que le solicita que se designe un fiscal especial para que investigue penalmente las conductas delictivas que se desprenden del informe, así como que se repare el daño a familiares afectados, se establezca un marco jurídico regulatorio del sistema de seguridad nacional y que el gobierno asuma el compromiso de evitar que puedan repetirse hechos como los que dieron lugar a la recomendación Entre sorbo y sorbo de agua, Soberanes sostuvo que "conocer la verdad y hacer justicia permitirá a la sociedad fijar límites al poder, para que por ninguna razón vuelvan a cometerse graves violaciones a los derechos humanos", como los ocurridos durante la guerra sucia De antemano, aclaró que los delitos cometidos en ese oscuro periodo de la historia de México no prescriben, por tratarse de delitos de lesa humanidad "La responsabilidad subsiste, independientemente de los cambios de gobierno, por lo que no existe impedimento legal para proceder contra los presuntos responsables", martilló Previamente, Soberanes, quien inició su discurso con la narración de un caso de violación a las garantías individuales de una mujer y de su hija, dio cuenta de la forma como diversas autoridades pretendieron ocultar o manipular los hechos Por ejemplo, hizo mención a un informe oficial de 1979, en el cual, el entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, aludió a la muerte de 44 personas en el rescate del en aquel tiempo senador, Rubén Figueroa Figueroa, ocurrido el 8 de septiembre de 1974, en el estado de Guerrero Sin embargo, la CNDH pudo demostrar que en ese incidente sólo perdió la vida una persona y que el grueso de las víctimas, fue privada de su libertad e interrogada por servidores públicos También exhibió la grave omisión en que incurrió en su momento el Ministerio Público Federal al no investigar hechos que, por ley, dijo, se persiguen de oficio En su informe, la CNDH le pone reflectores a algunos casos simbólicos, como el Jesús Piedra Ibarra, hijo de la dirigenta de Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, quien, según el organismo, fue arrestado por elementos de la DFS y llevado con vida a un rancho ubicado en el estado de Nuevo León, donde presuntamente fue interrogado Después de ese hecho, no se volvió a saber más del entonces estudiante y presunto dirigente de la Liga Comunista "23 de Septiembre" De su desaparición, al CNDH responsabiliza directamente a la DFS, organismo por el que desfilaron Fernando Gutiérrez Barrios, Javier García Paniagua y José Antonio Zorrilla Flores Gutiérrez Barrios murió en octubre de 2000; García Paniagua falleció el 24 de noviembre de 1998 y Zorrilla se encuentra recluido en el Reclusorio Norte, por la muerte del periodista Manuel Buendía Miguel Nazar Haro dirigió la DFS de 1978 a 1982 y a él se atribuye la paternidad de la Brigada Blanca, grupo parapoliciaco clandestino integrado por agentes de la DFS, la Policía Judicial federal, la DIPD y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación El hoy asesor de diversas corporaciones policiacas y empresas de seguridad se encargó de desmembrar a la Liga 23 de Septiembre y a todo lo que oliera a grupos subversivos entre 1970 y 1980 De la investigación de la CNDH también se desprenden presuntas responsabilidades contra un puñado de oficiales del ejército, entre ellos Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo Los dos militares, presos actualmente por sus presuntos nexos con el narcotráfico, participaron activamente en actividades de contrainsurgencia en el estado de Guerrero, en la disolución del Partido de los Pobres, en la batida contra el jefe de la guerrilla rural, Lucio Cabañas, y antes y después del secuestro de Rubén Figueroa Figueroa Por delitos de lesa humanidad, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo tenían acumuladas hasta agosto pasado 65 averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia Militar Después de entregar el informe al presidente Fox, Soberanes se trasladó a las cámaras de Senadores y Diputados para llevar copia del material que se trabajó durante 22 meses y en cuya elaboración intervinieron poco más de 80 personas, encabezadas por el primer Visitador, Raúl Plascencia 27/11/01

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