México, DF - El Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que permite la anulación del secreto bancario en la investigación de casos de corrupción de funcionarios federales A pesar de que en lo general todos los legisladores apoyaron la nueva ley, en lo particular los del PRI rechazaron dos puntos esenciales: la posibilidad de que la Secretaría de la Contraloría acceda a la información de los movimientos bancarios de funcionarios y familiares, y que esta misma instancia pueda embargar bienes de manera precautoria, no obstante que la investigación no esté concluida y determinada la sanción El senador del PRI José Antonio García explicó que su partido no está en la disposición de proteger a funcionarios que han violado la ley, pero tampoco ven con "simpatía" la aprobación de una nueva norma que viola las garantías constitucionales de los funcionarios --en tanto ciudadanos con el derecho de que sus bienes no sean afectados por nadie-- si no es producto de un juicio y de una orden judicial En tribuna y luego en conferencia de prensa, el senador priista explicó que esta ley "está mal hecha", porque faculta a la Secodam a violar el secreto bancario sin que sea autoridad judicial Es decir, convierte a esta secretaría en una instancia fiscalizadora A pesar de que todos los priistas sufragaron a favor en lo general, al momento de emitir su voto en lo particular dijeron que no estaban de acuerdo con la violación del secreto bancario y la incautación precautoria de bienes de funcionarios en proceso de investigación por acusaciones de corrupción Así, los del PRI se vieron entrampados al no votar en contra de una ley que trata de abatir los casos de corrupción entre los funcionarios públicos y, al mismo tiempo, apoyar una serie de leyes que atentan contra los derechos constitucionales de privacidad y protección de los bienes Para el coordinador del PRD, Jesús Ortega, la aprobación de esta nueva ley de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos abre la posibilidad de investigar los casos de fraudes incluidos en el Fobaproa y que anteriormente estaban protegidos en la impunidad del secreto bancario El PRD, a través de un comunicado, argumentó que apoyaba la aprobación de la ley porque con ésta se sujetaba, por fin, a los servidores públicos a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones Los panistas Jesús Corral y Fauzi Hamdam defendieron la iniciativa de ley que el mismo PAN promovió y apoyó en la Cámara de Diputados, donde se aprobó desde abril Ambos legisladores aseguraron, contra los argumentos del PRI, que no se violaba el principio de imparcialidad de las autoridades, al posibilitar que la Secodam investigue y determine las sanciones de los funcionarios Las partes sustanciales de discusión fueron la fracción cuarta del artículo 16, que señala que las sanciones económicas serán impuestas por la Secodam, y que cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista el riesgo de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes, se procederá al embargo precautorio, "a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida" Y en lo que se refiere al secreto bancario, en el artículo 43 se autoriza al titular de la Secodam a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información bancaria de los servidores públicos, cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, "con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución de su patrimonio"29/11/01