"Justicia tardía"

viernes, 9 de noviembre de 2001
Acapulco, Gro - El primer visitador del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", Alfredo Castillo y el campesino ecologista Rodolfo Montiel, afirmaron que la decisión del presidente Vicente Fox de indultarlo junto con Teodoro Cabrera, es un acto de "justicia tardía" Castillo dijo que no hay duda que las presiones internacionales para que el gobierno de Fox resuelva el crimen de la abogada Digna Ochoa, obligaron al mandatario a indultar a los campesinos ecologistas, quienes este jueves dejaron el penal de Iguala, a las 12:40 horas en medio de un fuerte dispositivo de seguridad "La presión internacional puede más que la voluntad política de los gobernantes", dijo en entrevista telefónica el primer visitador del Centro Pro y advirtió que se corre el riesgo de que "el gobierno de Fox quiera tender una cortina de humo sobre el caso de Digna Ochoa" Para los miembros del Pro, como para el mismo Rodolfo Montiel, la liberación ordenada por Fox -de la que se enteraron por los medios de comunicación-- se trató de un acto de "justicia a destiempo" Por ello, Rodolfo Montiel en conferencia de prensa en Iguala, y Alfredo Castillo en entrevista telefónica, coincidieron en que los casos abiertos por tortura en contra de los militares Artemio Nazario y Calixto Rodríguez, continuarán, así como el seguimiento de la denuncia interpuesta en la CIDH, la primera en contra del gobierno foxista "La impunidad en los órganos de impartición de justicia continúa, la liberación de los campesinos no resuelve todo el lastre que hay en México en materia de derechos humanos, y eso tiene que tener presente Vicente Fox, los defensores de derechos humanos celebramos su decisión, pero no estamos conformes aún, tiene que corregir las fallas y, sobre todo, esclarecer el asesinato de Digna Ochoa y someter a los culpables Que entienda el presidente, la liberación de los campesinos, no limpia su cara manchada de sangre de Digna", sentenció Castillo Tuvo que morir asesinada Digna Ochoa y Plácido para que el presidente Vicente Fox hiciera uso de una facultad que, desde antes de que tomara el poder, organizaciones humanitarias le exigieron que ejerciera para liberar a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, encarcelados desde mayo de 1999, y defendidos por la abogada ejecutada, dijo Castillo "Probablemente Digna estaría viva si Vicente Fox hubiera atendido esta demanda de liberar a los campesinos, que venía no sólo de parte de nosotros, sino de organizaciones ecologistas y de derechos humanos de todo el mundo", comentó Pese a que el artículo 75 del Código Penal Federal no ha tenido cambios recientes, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Mariclaire Acosta, aseguró que "hasta ahora" el gobierno de Fox encontró "la salida jurídica" para que Montiel y Cabrera -condenados a 6 años 8 meses y 10 años respectivamente-- fueran liberados Precisamente porque Fox siempre ha tenido la facultad de indultar, es que Amnistía Internacional, la Fundación Goldman de Ecología, Sierra Club y Cruz Verde Internacional -presidida por Mijail Gorbachov-- le demandaron que lo ejerciera como un acto de justicia para con los campesinos ecologistas En tanto, el abogado de los defensores de los bosques, Mario Patrón, sostuvo que la denuncia interpuesta por el Pro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el juicio plagado de irregularidades al que fueron sometidos los campesinos ecologistas, "continuará su curso", porque el que hayan sido liberados por razones humanitarias "no significa que el gobierno reconozca que son inocentes" Desde que la defensa de los ecologistas tuvo acercamientos con Vicente Fox, con abogados de la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República -para perfeccionar el amparo que se presentó el 9 de marzo de este año--, se externó el deseo de los ecologistas de que más que libertad exigían justicia Los primeros encuentros de los abogados del Pro con la administración foxista se efectuaron en noviembre del año pasado El representante gubernamental fue Víctor Líchtinger, posteriormente nombrado secretario del Medio Ambiente Desde entonces, el funcionario reconoció que "había elementos que presuponen la inocencia de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera", según comentó a Patrón Una vez que tomó posesión, Vicente Fox convocó a reuniones con los abogados de Montiel y Cabrera Aunque en principio retomó las consideraciones de Lichtinger y de los abogados de la Secretaría de Medio Ambiente, se lavó las manos con el argumento de que el caso estaba en manos del Poder Judicial, y que lo que el Poder Ejecutivo podría hacer era asesorarlos en la elaboración del amparo directo que entonces preparaban los miembros del Pro Entre las observaciones que hizo la defensa a Fox durante una reunión el pasado 6 de febrero, fue que su gobierno podría facilitar la liberación de Montiel y Cabrera, si la PGR consideraba procedente el amparo, al momento en que el Segundo Tribunal de Circuito lo turnara a la Fiscalía para su consideración El amparo fue presentado el 9 de marzo, y con el número 117/2001 fue admitido 13 días después En junio, el Segundo Tribunal sólo exhortó a que se revisara una de las pruebas que presentó la defensa, la referente a la documentación médica de las torturas que les causaron los militares Artemio Nazario Calixto Rodríguez, cuando estuvieron retenidos por cinco días en instalaciones del 40 Batallón de Infantería, y que en el proceso penal fue una de las tantas que no fueron admitidas Sin embargo, para la defensa, presentar esta prueba, elaborada por los médicos forenses especializados en derechos humanos Morris Tidball-Binz y Chritian Tramsen el 28 y el 31de julio de 2000, no garantizaba que se revirtiera la sentencia impuesta, por lo que el 25 de octubre, el Centro Pro y Sierra presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una queja contra el gobierno mexicano por no actuar con justicia Para el Centro de Derechos Humanos "Agustín Pro Juárez", el caso del injusto confinamiento de los campesinos ecologistas, era ya un patrón de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército Mexicano En el documento titulado "La actuación del Ejército en Guerrero: patrón sistemático de violaciones a derechos humanos", el Pro toma como casos tipo, la masacre de 11 campesinos desarmados en la comunidad de El Charco, en Ayutla de los Libres, ocurrida 7 de junio de 1998, y la persecución, detención y tortura, de militares contra Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, el 2 de mayo de 1999 Ambos casos, fueron objeto de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la 8/2000 para los ecologistas y la 20/2000 para los indígenas mixtecos de El Charco En ambos, el órgano gubernamental deja en manos del Ejército la investigación de los causantes de violaciones a las garantías individuales, sin que hasta ahora se haya procesado a presuntos responsables Del análisis de las recomendaciones y por el seguimiento jurídico que le han dado a dichos asuntos el Pro concluye que: I El Ejército Mexicano utiliza en sus operativos estrategias y métodos que violan derechos humanos, que obedecen más a una situación de contrainsurgencia y desactivación de organizaciones sociales, que a la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el combate al narcotráfico II Las autoridades civiles se subordinan a los militares Como consecuencia, las víctimas de violaciones a derechos humanos han sido condenadas por el Poder Judicial III El Ejército Mexicano realiza funciones de auxiliar de los ministerios públicos federales y locales, sin ser autoridad competente para ello Entre las irregularidades que se dieron en el caso de los campesinos ecologistas, el documento de la organización humanitaria destaca el cerco militar ocurrido el 2 de mayo de 1999 en la comunidad de Pizotla, donde los testimonios de los habitantes confirman que los soldados adscritos al 40 Batallón de Infantería "llegaron disparando, tirando balazos" Antes de estos hechos, Rodolfo Montiel ha declarado que era perseguido por el Ejército, desde dos años antes, por lo que tuvo que salir huyendo de la comunidad donde vivía, El Mameyal, a Pizotla, todo por encabezar un movimiento de defensa de los bosques y el medio ambiente como parte de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, agrupación que tuvo como mayor logro la salida de la empresa Boise Cascade de Guerrero, a la cual responsabilizaban de la deforestación de esta región En la persecución a Teodoro Cabrera y a Rodolfo Montiel, murió el campesino Salomé Sánchez Ortiz, cuyo cadáver estaba junto a un costal de semillas de mariguana y un arma larga, situación de la que dio fe el Ministerio Público del fuero común Durante cinco días Cabrera y Montiel estuvieron en manos de militares, quienes les infligieron torturas y los obligaron a firmar declaraciones autoinculpatorias, lo cual fue corroborado por la misma CNDH Dichas declaraciones, y demás actuaciones incriminatorias, resalta el Pro, fueron tomadas por la PGR, sin ser verificadas y presentadas a juicio como propias, pese a que en las actuaciones no existe ningún documento en que el Ministerio Público del fuero común, que acudió a Pizotla, certifique que los campesinos poseyeran armas o droga De tal forma, "el Juez Quinto de Distrito de Iguala, Maclovio Murillo Chávez, utilizó como argumento para sentenciar a seis años ocho meses y diez años de prisión, respectivamente a los ecologistas, los partes militares, los testimonios rendidos por los soldados aprehensores Artemio Nazario Carballo, Calixto Rodríguez Salmerón y José Calderón Flabiano, así como las declaraciones autoinculpatorias de Rodolfo y Teodoro que fueron resultado de las torturas infligidas y de la incomunicación de la que fueron objeto, sin tomar en consideración las pruebas aportadas pro la defensa Por lo tanto, los actos ejecutados por los militares, sin importar si fueron legales o no, hicieron concluir al juzgador de referencia que los ecologistas eran culpables de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, en el caso de Teodoro Cabrera; y siembra de marihuana, portación de arma sin licencia de uso exclusivo del Ejército, en el caso de Rodolfo Montiel, irregularidad que posteriormente fue reproducida por el Tribunal Unitario de Circuito, al confirmar las condenas en la apelación" El seguimiento jurídico del caso, fue llevado por Digna Ochoa, hasta la presentación de la apelación, y más tarde continuado en la solicitud de amparo por Mario Patrón y Jorge Fernández Mendiburu Mientras llevaban la defensa, los tres abogados fueron objeto de amenazas anónimas de muerte, en tanto que Ochoa, de dos atentados