México, D F- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Clemente Vega, debe entregar a las autoridades civiles los archivos que tiene en su poder de la masacre del 2 de octubre de 1968 y de la guerra sucia de los años setenta Así lo pidió el general brigadier Francisco Gallardo, preso en el penal Neza-Bordo por cuestiones políticas y por querer denunciar la violación de los derechos humanos en el Ejército a través de la creación de un ombudsman militar "Si el Ejército tuvo una participación directa, los altos mandos militares deben responder a esa situación, por lo que deben abrirse los archivos y entregarse al poder civil para que se presente y se castigue a quien cometió violaciones a los derechos humanos", estableció Gallardo ?preso desde hace ocho años en diferentes cárceles, en espera de que el gobierno federal cumpla con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se adopten las medidas que sean necesarias en su favor-- ofreció una conferencia de prensa vía telefónica desde el penal donde se encuentra, y en ella exhortó al gobierno federal a aclarar las matanzas en el país desde los años sesenta Entre éstas, destacó la masacre en Tlatelolco, en 1968; la Guerra Sucia de los años setenta; la matanza de Acteal, de El Charco y de Aguas Blancas En la rueda de prensa que fue organizada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se informó que este organismo presentó de manera formal el caso del general Gallardo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y es que el pasado 15 de noviembre, el general Gallardo aseguró que el presidente, Vicente Fox, no lo ha liberado, como lo ha exigido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque el gobierno federal no ha querido afectar a los miembros del Ejército que propiciaron su encarcelamiento El general, recluido después de que se manifestó por la institución de un ombudsman militar, recordó que tras analizar las pruebas de su defensa, así como las del Ejército y el gobierno mexicanos, la CIDH determinó el 15 de octubre de 1996 que las instituciones nacionales no hacían valer los derechos en México 19/12/01