Justicia hasta la cumbre

martes, 4 de diciembre de 2001
México, D F (apro)- El pasado martes 27 de noviembre, como estaba previsto, la CNDH presentó al presidente Fox los resultados de una investigación, realizada a lo largo de 22 meses, sobre la violación de los derechos humanos en la guerra sucia de los años 70 y 80 Por primera vez en su gobierno, el presidente Vicente Fox respondió a la altura de las expectativas generadas sobre el tema, al menos en el discurso: será creada una fiscalía especial que ahondará las investigaciones y formulará las acusaciones correspondientes para hacer justicia en ese lacerante tema "del pasado" que, con los casos de Digna Ochoa y del general Gallardo, demuestra su vigencia El acuerdo gubernamental fue calificado por el investigador y activista Sergio Aguayo como un posible "parteaguas" en la lucha contra la impunidad y como un acto insólito porque el gobierno foxista aceptó que hubo responsabilidad oficial en la desaparición de personas y que se practicó "el terrorismo de Estado" contra disidentes políticos Con múltiples reservas, el autor de "La Charola, una historia de los servicios de inteligencia", dijo a "Proceso" que este punto, más la plena apertura de los archivos de la DFS y otras corporaciones, así como la disposición de ofrecer "una reparación administrativa a las víctimas y ofendidos", son logros que "debemos celebrar" En contraste, doña Rosario Ibarra de Piedra, quien a lo largo de 26 años documentó y presentó 452 de las 532 quejas investigadas por la CNDH, expuso a diversos medios que los datos entregados al presidente por ese organismo fueron prácticamente copiados de las denuncias acumuladas por Eureka y, peor aún, que no está de acuerdo en la creación de fiscalías ni de comités especiales de vigilancia, ya que, aseguró, "el procurador Macedo de la Concha tiene la obligación de investigar" A juicio de la pionera en este tipo de reclamos, quien desde hace casi tres décadas busca que le entreguen a su hijo --uno de los desaparecidos típicos de la época--, advirtió que la creación de esa fiscalía solamente servirá para quitarle responsabilidad al titular de la PGR, quien proviene de las filas militares Por cierto que tanto el procurador de la República como el secretario de la Defensa salieron precipitadamente del acto donde Fox recibió las recomendaciones de la CNDH, por la puerta trasera y sin despedirse del presidente, probablemente para no ser abordados por la prensa La causa: que en el listado de la CNDH figuran 24 militares presuntamente responsables de secuestros, torturas, desapariciones y/o ejecuciones de miembros de los grupos armados de los años 70 y 80 Aunque el coordinador del grupo que se encargó de hacer las indagaciones por parte de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que el secretario de la Defensa finalmente "cedió" y entregó la información requerida para constatar la implicación de miembros del Ejército en varios de los delitos cometidos, pueden advertirse desde ahora inconformidades e inquietudes entre las fuerzas armadas Un general retirado, Luis Garfias Magaña, quien dice haber estado al margen de aquellas violaciones a los derechos humanos, admitió que hubo excesos por parte del Ejército y que algunas personas fueron detenidas en el Campo Militar Número 1, pero también manifestó: "El soldado se siente herido porque se le dice que es un torturador, un asesino, cuando sólo obedece órdenes de sus superiores que a su vez son manipulados por políticos, y después de que usan al Ejército y lo meten en problemas, lo dejan solo, prácticamente aislado" Este tipo de consideraciones ?que sin duda serán compartidas por los torturadores y ejecutores de los cuerpos policiacos disueltos o vigentes? deberán obligar a la Fiscalía Especial a llevar las investigaciones a sus últimas consecuencias, es decir, hasta los más altos mandos militares, policiacos y políticos que estuvieron involucrados (Luis Echeverría y José López Portillo no figuran en la lista de 74 nombres aportados por la CNDH, aunque existen testimonios o declaraciones en su contra) De otro modo, se estaría prolongando indefinidamente la situación que México ha padecido durante décadas: castigo para los débiles, impunidad para los poderosos La sociedad mexicana no lo aceptará, como tampoco aceptará que el del martes 27 haya sido sólo otro acto demagógico o de relumbrón 04/12/01

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