La organización de derechos humanos "Human Rigths Watch" emitió el miércoles 5 de diciembre un informe titulado "Injusticia Militar en México: La reticencia de México para sancionar los abusos del Ejército", documento que Proceso com presenta de manera íntegra I RESUMEN Y RECOMENDACIONES A lo largo de la última década, México ha ido cediendo cada vez más al ejército la tarea de vigilancia en el campo, combatiendo a los grupos rebeldes a mediados de los 90 y declarando la guerra al comercio ilegal de drogas en los últimos años Por desgracia, el gobierno mexicano no ha conseguido establecer los mecanismos adecuados para supervisar con eficacia la conducta del ejército Según el sistema actual, los soldados que cometen abusos son penalmente responsables ante las autoridades militares, pero ni ellos ni los tribunales militares responden antes las autoridades civiles Como resultado de este sistema, violaciones a los derechos han quedado sin sanción Cuando el Presidente Vicente Fox tomó posesión de su cargo en diciembre de 2000 y puso fin a siete décadas de gobierno de un solo partido en México, prometió tomar medidas tajantes para mejorar el historial de su país en materia de derechos humanos Nombró a varias personas conocidas por su defensa de los derechos humanos para puestos oficiales importantes desde los que a partir de entonces comenzaron a implementar una serie de cambios Bajo el liderazgo de Fox, México ha comenzado a fomentar activamente a nivel internacional el concepto de la universalidad de los derechos humanos y a mostrarse abierto a la critica por parte de organizaciones internacionales de control de los derechos humanos, algo que a los gobiernos anteriores les resultaba odioso Al mismo tiempo, el Presidente Fox también ha manifestado su intención de declarar una "guerra sin cuartel" al tráfico de drogas, lo cual ha sembrado preocupación porque una actuación policial agresiva por parte del ejército, sin un sistema de control judicial eficaz, podría descuidar la protección de los derechos humanos Con la reciente liberación de los presos Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, el propio Presidente Fox ha demostrado ser consciente de este problema Ambos, ecologistas del estado de Guerrero, sufrieron los abusos de los soldados que los arrestaron en 1999 En la orden de excarcelación, el Presidente Fox citó varios tratados internacionales sobre derechos humanos vinculantes para México y afirmó que esta acción pretendía demostrar el compromiso de su gobierno con las normas de los derechos humanos Human Rights Watch visitó el estado de Guerrero, al sudoeste de México, en abril y junio de 2001 para examinar cómo estaba manejando el gobierno mexicano las acusaciones de abuso por parte de Montiel y Cabrera y por otros civiles de la región Guerrero es una zona importante de cultivo y tráfico ilegal de drogas y cuenta con uno de los índices más elevados de actividad militar en el país Examinando casos relativos a derechos humanos, observamos un preocupante e inquietante patrón de abusos e impunidad: · Los soldados han podido hacer uso de sus competencias policiales para cometer serias violaciones a los derechos humanos contra la población civil; · El gobierno no ha sido capaz de investigar y sancionar los abusos denunciados; · Esta incapacidad ha generado un clima de miedo y desconfianza que refuerza la impunidad del personal militar de la región Detrás de este patrón de abusos e impunidad se encuentra una mera cuestión de jurisdicción En la actualidad, los abusos cometidos por personal militar no están sujetos a la competencia de los tribunales civiles Se concede, en cambio, autoridad exclusiva para investigar y procesar dichos abusos al sistema de procuración e impartición de justicia militar Sin embargo, tal y como demuestra este informe, la procuraduría militar ha demostrado ser incapaz de investigar adecuadamente los casos relativos a derechos humanos Según el derecho internacional, el gobierno mexicano tiene la obligación jurídica de investigar y sancionar las violaciones serias a los derechos humanos cometidas por el personal del ejército Actualmente no está cumpliendo con esta obligación Basándose en esta investigación, Human Rights Watch cree que México sólo será capaz de cumplir con esta obligación de sancionar los abusos del ejército una vez ponga fin a la jurisdicción militar sobre casos de violación a los derechos humanos El Procurador General de Justicia Militar y otros oficiales de la PGJM reafirmaron a Human Rights Watch su compromiso a favor de la protección de los derechos humanos en México Reconocieron la existencia de una desconfianza generalizada de la población civil hacia los funcionarios de justicia militar (y hacia los funcionarios de justicia en general) Manifestaron que esta desconfianza dificulta todavía más su funcionamiento efectivo ya que a menudo la población civil no se muestra dispuesta a colaborarles en sus investigaciones y procesos Sugirieron que una forma de mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia militar sería a través de una participación más activa de la población civil en las investigaciones y en el juicio como coadyuvantes Human Rights Watch agradece la buena disposición de los oficiales de la PGJM para comentar estos temas y contestar a nuestras preguntas Estamos de acuerdo en que debería existir una participación más activa de la población civil en las investigaciones y el juicio de los casos de derechos humanos Coincidimos asimismo en que es importante reconocer que es la desconfianza la que impide esta participación Sin embargo, nos preocupa la tendencia de la PGJM a descargar la responsabilidad en la población civil, en lugar de reconocer las fallas del propio sistema Cuando se comentaban casos específicos, el único defecto de sus investigaciones que estaban dispuestos a reconocer los oficiales de la PGJM era que la población civil no había proporcionado información que corroborara las demandas por presuntos abusos O bien los civiles se negaban a presentar la denuncia formal, necesaria para que las autoridades puedan abrir una investigación formal, o bien se negaban a proporcionar la información de corroboración necesaria para que la acusación tenga base Lo que no reconocieron en la PGJM fueron las razones por las que la población civil desconfía del sistema de procuración e impartición de justicia militar Una de ellas es la percepción generalizada de que la PGJM no investiga o juzga con seriedad los casos de abusos perpetrados por los militares, ni tampoco lo ha hecho en el pasado Según un fiscal de la zona, el caso Lindavista fue el primero en Guerrero en el cual se juzgaba a soldados por delitos cometidos en acto de servicio La exactitud de esta percepción está respaldada por los casos investigados por Human Rights Watch A pesar de las peticiones de Human Rights Watch, la PGJM no proporcionó ningún dato que pudiera contradecirlo Otra razón para desconfiar de la PGJM es que no existe mecanismo que lo haga responsable cuando no lleva a cabo las investigaciones adecuadamente Aunque la CNDH ha estudiado dichas fallas, su autoridad se limita a recomendar que las autoridades de la justicia militar hagan una labor mejor El ejército ha respondido generalmente llevando a cabo investigaciones superficiales y basándose en las mismas para concluir que no se cometió ningún abuso por parte del personal del ejército Incluso en el caso de que el CNDH ponga en duda la seriedad de la respuesta de la PGJM, no puede obligarle a reabrir una investigación Un tercer motivo de desconfianza es la falta de transparencia del sistema de procuración e impartición de justicia militar Por ley, se prohibe a los oficiales de la PGJM hacer pública cualquier documentación de los procesos judiciales Aunque la CNDH puede demandar información a los militares, y puede dar a conocer dicha información en sus propios informes publicados, no puede hacer llegar al público documentos militares Solamente las víctimas y sus familiares pueden tener acceso a la documentación de los casos, pero para ello deben de tomar parte en el proceso como coadyuvantes, o bien presentar un recurso judicial llamado de petición de amparo durante las semanas inmediatamente después de que la PGJM cierre el caso Sin embargo, en la práctica ninguna de las opciones es factible El secretario de defensa mexicano reconoció recientemente que el sistema de coadyuvancia no estuvo activo durante los últimos años Además, la opción del amparo es complicada porque el período durante el que se puede presentar las peticiones es restringido (dos semanas a partir de que el caso ha sido cerrado por la PJGM), y porque requiere el uso de recursos legales que muchas víctimas y sus familiares no pueden permitirse En consecuencia, la única información sobre los casos que llega al público es la que los militares quieren divulgar La falta de transparencia resultante conduce a la incompetencia y abuso de autoridad Por último, a pesar de lo muy comprometida que pueda estar la PGJM en mejorar su capacidad para juzgar casos de derechos humanos por medio de una mayor participación de la población civil, sigue existiendo un problema fundamental que frustrará con toda seguridad sus esfuerzos: el miedo Human Rights Watch observó que existe un miedo generalizado a las autoridades militares entre las comunidades que visitó en Guerrero Algunos testigos se iban poniendo visiblemente nerviosos cuando se comentaban los abusos del ejército, otros se negaban a comentar dichos abusos con nosotros Uno de los momentos más inquietantes de nuestra misión fue cuando el líder de una comunidad de la ciudad de Lindavista nos contó que no podía comentar la protesta pública que había encabezado para exigir una investigación sobre el asesinato de un residente de la ciudad a manos de soldados Temía sufrir las represalias de los militares si seguía hablando en público de lo que había sucedido en la ciudad "Aquí estamos en un lugar remoto," explicaba "Si algo nos ocurre, ¿quién nos va a ayudar?" El miedo está forjado por la creencia de que las represalias pueden llegar bajo el manto de la ley En Pizotla, Las Palancas, y El Charco, los civiles alegan haber sido condenados por cargos inventados por soldados, a modo de represalia Uno de los líderes de Lindavista también nos contó que, desde la protesta de enero de 2001, había sido arrestado por cargos menores de tenencia ilícita de armas y se le había informado de que había sido identificado porque había estado "alborotando" a la comunidad El sistema de justicia penal tiene dos características que facilitan este tipo de abuso de autoridad Una es el principio de "inmediatez procesal," que hace difícil que los encausados civiles puedan retractarse de las confesiones coaccionadas, ya que otorga mayor peso evidencial a las primeras declaraciones realizadas Habitualmente los jueces han interpretado este principio de tal manera que, para que las confesiones sean desestimadas, los encausados deben probar que fueron torturados/as, algo que es con frecuencia muy difícil o imposible ya que ciertas formas de tortura no dejan pruebas físicas duraderas La segunda característica es que, ante un testimonio contradictorio del personal civil y del personal militar, los tribunales tienden a conceder a estos últimos la presunción de mayor veracidad De acuerdo con el sistema actual, los civiles que hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos por parte del ejercito deberían poder acudir a la PGJM para que les proporcionen protección y acción judicial Pero los civiles con los que hablamos no distinguían entre una rama del ejército y otra Tanto es así que en una comunidad se quejaban de que el ejército había citado a personas que habían denunciado abusos a los derechos humanos para que declararan en una instalación militar Lo que podía ser un gesto de buena fe por parte de los oficiales de la PJGM para reunir pruebas, fue considerado un hostigamiento por los miembros de la comunidad Incluso si la PGJM estuviera totalmente dispuesta a combatir los abusos en materia de derechos humanos cometidos por el ejército, sería difícil convencer a la población civil de que las autoridades militares son capaces de actuar con independencia de los intereses del ejército Los oficiales de la PGJM son soldados vestidos de uniforme, formados por una institución que premia la lealtad y la disciplina El sistema de procuración e impartición de justicia militar es en esencia inadecuado para tramitar casos de derechos humanos Un sistema de coadyuvancia más activo y una mayor transparencia podrían aliviar de alguna manera el problema Sin embargo, la única solución real es el fin de la jurisdicción militar sobre los casos de derechos humanos RECOMENDACIONES Human Rights Watch apela al gobierno mexicano para que: · Fomente la pronta adopción de leyes que garanticen que todas las investigaciones y procesos judiciales de presuntas violaciones a los derechos humanos por personal militar sean conducidos bajo la estricta jurisdicción civil · Garantice que las presuntas violaciones a los derechos humanos comentadas en este informe-en los casos de El Cucuyachi, Pizotla, El Charco, El Nogal, Las Palancas y Lindavista-sean investigadas de una manera exhaustiva e imparcial y que se ponga en manos de la justicia a todos los oficiales militares o de otra índole que hayan cometido violaciones a los derechos humanos · Garantice que el personal del ejército involucrado en actividades de seguridad nacional acate las normas internacionales de conducta en la aplicación de la ley-utilizando la fuerza letal solamente como último recurso para proteger la vida, y remitiendo a los detenidos civiles a las autoridades civiles pertinentes sin dilación innecesaria · Garantice que los investigadores militares no interfieran en las investigaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por sus colegas civiles del ministerio publico · Garantice que las víctimas de abuso y sus representantes tengan acceso a los expedientes de la investigación y estén informados de la situación de la acción penal contra el personal del ejército acusado de abusos a los derechos humanos, dentro de los límites que permitan la protección de la efectividad de la investigación y de los derechos de los acusados · Haga pública regularmente información sobre el número de investigaciones abiertas de presuntos abusos del ejército y sobre la situación y disposición de dichos casos, y publique las averiguaciones de dichas investigaciones · Promulgue medidas para excluir las pruebas obtenidas por medio de violaciones a los derechos humanos de los procesos judiciales (incluida una presunción legal expresa de coacción para las confesiones obtenidas después de detenciones prolongadas) · Exija la asistencia efectiva de un abogado durante los interrogatorios a los sospechosos de delitos, y requiera que las declaraciones autoincriminatorias sólo tengan valor legal cuando sean hechas en presencia de un juez