México, D F(apro)- Mariclaire Acosta, subsecretaria para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, denunció que el homicidio de la abogada Digna Ochoa "es una muestra de que hay sectores del país empeñados en la comisión de actos violentos, que atentan contra los defensores de los derechos humanos" Al participar en la clausura del seminario internacional "Derechos humanos, seguridad pública y procuración de justicia; los cuerpos de policía: figura clave", que se realizó en la Universidad Iberoamericana (Uia), Acosta recordó que Ochoa ya había sido objeto de medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos Añadió que, a raíz de su muerte, la misma CIDH ha demandado al gobierno una "amplia explicación" al respecto Afirmó que el gobierno federal debe esclarecer este crimen, así como evitar que se repitan actos violentos contra defensores de derechos humanos Ante más de 600 miembros de corporaciones policiacas del país reunidos en el auditorio "José Sánchez Villaseñor" de la Uia, la funcionaria presentó además un recuento del trabajo del gobierno del presidente Vicente Fox en la materia Dijo que el gobierno "está convencido de que existe una relación indisoluble entre la democracia y los derechos humanos, por lo que su vigencia es un reto fundamental, además de un anhelo para el gobierno y para la sociedad en su conjunto" Además, Acosta se manifestó en favor de la construcción de un "consenso" y una "amplia alianza" entre los sectores de la sociedad, "para hacer que todos los derechos humanos sean de todos" A su juicio, de entre los logros del paquete legislativo, figura "la aceptación de la competencia para que los comités establecidos, en virtud de los tratados de derechos humanos de la ONU, examinen las denuncias de particulares, y éstas se remitan al gobierno mexicano, con la intención de fortalecer los mecanismos internacionales sobre derechos humanos" Sin embargo, Acosta afirmó que la legislación mexicana "aún no se ha actualizado para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos, pues existen obstáculos administrativos, fallas técnicas y de otra índole, que impiden que se cumpla con las disposiciones, cuya vigencia ya ha aceptado el gobierno mexicano y que emanan del ámbito internacional" 11/01/02