Los tribunales militares de Bush, contra todo derecho Sanjuana Martínez Madrid - Los tribunales militares establecidos por el presidente estadunidense George W Bush —que juzgarán en secreto a extranjeros acusados de terrorismo— violan principios jurídicos del derecho internacional y constituyen un recurso típico de los regímenes autoritarios, sostienen expertos en la materia Después de la caída del régimen talibán y ante la eventual captura de Osama Bin Laden, el Pentágono se prepara para enviar a 42 prisioneros de guerra a su base naval de Guantánamo, Cuba, aunque también militares estadunidenses podrán desplazarse a Afganistán o Paquistán para acelerar los procesos y las sentencias, incluidas las de ejecución Desde la II Guerra Mundial Estados Unidos no había establecido tribunales marciales El entonces presidente Franklin Delano Roosevelt ordenó enjuiciar a ocho saboteadores nazis que entraron con bombas por la costa este de Estados Unidos Siete generales los juzgaron en secreto durante 18 días Seis de los acusados fueron electrocutados en Washington Ahora esos juicios podrían repetirse, pero a una escala mayor Son 42 prisioneros de guerra que pertenecen a Al-Qaeda, detenidos en Afganistán; y en Estados Unidos hay cerca de 700 personas detenidas bajo la sospecha de colaborar con el terrorismo El presidente Bush ordenó los tribunales marciales invocando su autoridad constitucional en situaciones de emergencia extraordinaria Será él quien determine, por escrito, cuál acusado debe ser juzgado militarmente Su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, prepara los planes y dictará en unas semanas las normas de procedimiento y el nivel de las pruebas requeridas para condenar e imponer sentencias Éstas pueden ser cadena perpetua o pena de muerte Rumsfeld tiene un nivel flexible de pruebas de culpabilidad que sólo él decidirá durante los procesos Estos juicios militares restringen mucho más los derechos que una corte militar convencional porque anulan el derecho del acusado a no ser declarado culpable más allá de una duda razonable En un tribunal normal se necesitaría la unanimidad del jurado para una sentencia de ejecución, mientras que en las cortes militares sólo harían falta dos tercios Además, sus conversaciones podrán ser escuchadas por las autoridades y los fiscales tendrán muchas posibilidades de bloquear la libertad bajo fianza u oponerse a su total liberación No sólo eso: tras la sentencia, los acusados no tendrán el derecho constitucional de apelación Esos procesos no son homologables con los estándares europeos e incluso con los mismos principios de Estados Unidos Es decir: no hay derecho de defensa, ni existe un tribunal imparcial, ni un proceso público, que son garantías básicas, dice en entrevista Miguel Carmona Ruano, portavoz de Jueces para la Democracia Señala que el terrorismo puede inducir a respuestas autoritarias Y sostiene que no es restringiendo el Estado de derecho como mejor se combate al terrorismo El periódico The New York Times señaló en un editorial institucional que la caza del terrorista ha sacado la peor cara de un Estado que pierde algunas de las protecciones de sus ciudadanos y de los detenidos: El Estado de derecho comienza a pisar algunos principios que, al iniciar la contienda contra el terror, se prometió salvaguardar Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, señala que estos juicios militares violan todos los principios de un juicio justo Son procedimientos propios de un país totalitario y autoritario Añade: Si lo hace cualquier otro país que no sea Estados Unidos, la comunidad internacional se lleva las manos a la cabeza Pero la Unión Europea —que tiene un peso específico— no está haciendo nada Hasta el más inmundo terrorista tiene derecho a un juicio justo Las detenciones sin control judicial que se están realizando en Estados Unidos son propias de un Estado tercermundista Señala que su organización condenó la crueldad de los actos terroristas del 11 de septiembre, pero eso no implica que debamos admitir que se produzcan excesos sobre los presuntos responsables Si el juicio no es justo, la condena no es legítima No se puede luchar contra el terrorismo anulando las garantías de los ciudadanos, sean del país que sean Hay garantías que son comunes a todos los ciudadanos por el hecho de ser personas Si para luchar contra el terrorismo hay que anular las garantías de los ciudadanos, no es una victoria de un Estado democrático, sino es otra forma de terrorismo Una barbaridad Antonio Bercher, representante de la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel), que agrupa asociaciones de todo el continente, dice que esos juicios le parecen una barbaridad Y es que, señala, no se puede equiparar la situación de los detenidos en Estados Unidos con un conflicto bélico También en Estados Unidos hay protestas: 300 profesores de derecho firmaron una carta contra los tribunales militares Los consideran legalmente deficientes, innecesarios e imprudentes y una violación de la división de poderes, ya que deja la administración de justicia en manos del Ejecutivo La carta —dirigida al Comité de Justicia del Senado— señala que con esos juicios secretos se asume que los procedimientos utilizados en la justicia civil y en la justicia militar ordinaria son inadecuados para juzgar ciertos asuntos como el terrorismo a gran escala o los crímenes de guerra Los juristas consideran que esta vía castrense extraordinaria, secreta, con garantías procesales reducidas y sin derecho a apelación, dejaría a Estados Unidos sin autoridad moral para protestar cuando tribunales de ese tipo fueran utilizados contra ciudadanos estadunidenses en otros países David Cole, uno de los juristas con mayor prestigio en Estados Unidos, profesor de la Universidad de Georgetown, declaró públicamente que los juicios militares son inconstitucionales En la misma línea se pronunció Laura Murphy, dirigente de la Unión Nacional de Libertades Civiles: Pruebas que serían inadmisibles en un tribunal, lo serán en estos juicios, y nadie se enterará Esto va contra la democracia que queremos preservar Después del 11 de septiembre, las autoridades estadunidenses arrestaron a cerca de mil 200 personas por su supuesta conexión con los atentados terroristas Cerca de la mitad fueron liberados Unos 700 se mantienen detenidos indefinidamente sin garantía jurídica alguna La mayoría fueron arrestados bajo la cobertura de presuntas infracciones de los reglamentos sobre inmigración Al mismo tiempo, las agencias policiacas federales de Estados Unidos extendieron los interrogatorios a 5 mil extranjeros Además, la Casa Blanca emitió una orden para que todas las fiscalías federales detengan a hombres de entre 18 y 33 años de países musulmanes que hayan entrado legalmente con visados de turista o estudiante desde enero de 2000 Estas medidas —promovidas por el Fiscal General o procurador John Aschcroft— son criticadas porque la mayoría de los interrogados son de origen árabe Recibieron por correo una invitación del FBI para aclarar su relación con los atentados del 11 de septiembre Ashcroft —que pertenece al ala más derechista del Partido Republicano— pretende ofrecer a Bush un informe sobre los movimientos de estas 5 mil personas Casi todos ingresaron a Estados Unidos desde 1999 procedentes de Medio Oriente, el Golfo Pérsico y Asia Central Andrew Kirkland, jefe de policía de Portland, Oregón, se negó a cumplir con la orden del Departamento de Justicia bajo el argumento de que vulnera la ley en contra de la discriminación racial y se convirtió en un referente para los defensores de las libertades civiles en Estados Unidos Su ejemplo lo han seguido otros jefes de policía en ciudades de California, Arizona, Michigan o Washington Justicia paralela Carmona Ruano, de Jueces para la Democracia, señala que la detención de estas personas no respeta las garantías básicas que reconocen los estándares internacionales de protección a los derechos fundamentales, incluidos los de Estados Unidos Esto dificulta extraordinariamente la extradición a ese país de cualquier persona Bercher de Medel precisa: Los tribunales militares violan los principios elementales de la Declaración de Derechos del Hombre de Naciones Unidas de diciembre de 1948 y de la Comisión Europea de Derechos del Hombre de1950 Ambas establecen una serie de principios elementales en cualquier tipo de procedimientos La ley antiterrorista aprobada por el Congreso de Estados Unidos después del 11 de septiembre, a iniciativa de Ashcroft, incluía varios artículos que recordaban expresamente el deber de respetar los derechos civiles de todos los estadunidenses, incluyendo los árabes americanos y los musulmanes americanos Pero esto no se está cumpliendo Ante las críticas, el vicepresidente Dick Cheney defendió las medidas judiciales castrenses: Alguien que viene a Estados Unidos ilegalmente, alguien que realiza una operación terrorista matando a miles de estadunidenses inocentes, hombres, niños y mujeres, no es un combatiente legal y no merece ser tratado como un prisionero de guerra No merece las mismas garantías que un ciudadano estadunidense Un tribunal militar garantiza que estos individuos reciban el tipo de trato que merecen El Departamento de Estado quiere que a partir de ahora todos los hombres de entre 16 y 45 años de 25 países musulmanes que soliciten visas tengan que esperar un mínimo de un mes hasta que el FBI les haga un chequeo Desde los atentados, la inmigración ha centrado esta nueva lucha contra el terrorismo, por eso el presidente de la Asociación Nacional de Libertades Civiles, Steven Shapiro cree que esas medidas aumentan la preocupación que ya existe sobre discriminación después de los atentados El mal ejemplo La Unión Europea impide la extradición de individuos que puedan ser condenados a muerte La pena capital es la sentencia más probable que recibirán los culpables de los atentados del 11 de septiembre El gobierno español comunicó al gobierno de Bush que no extraditaría a los prisioneros sin garantías de un juicio civil y sin pena de muerte, un requisito de cualquier país de la UE La ley española 4/1985 de Extradición Pasiva y el Tratado de Extradición con Estados Unidos, firmado en 1971 y modificado en 1975, 1993 y 1999, establecen que no se concederá la extradición cuando el Estado requeriente no dé la garantía de que la persona reclamada no será ejecutada Además la Ley de Extradición Pasiva prevé que también se denegará la entrega cuando el reclamado deba ser juzgado por un tribunal de excepción Al magistrado Carmona Ruano le preocupa que otros países intenten tomar ejemplo de Estados Unidos, pues puede haber un cierto reflejo y una especie de llamada al autoritarismo en todos lados Tony Blair, primer ministro de Gran Bretaña, mostró su disposición para que la policía de su país detenga indefinidamente a todas aquellas personas sospechosas de pertenecer a un grupo terrorista, sin necesidad de ser puestas a disposición judicial En Gran Bretaña la Cámara de los Lores puso freno a alguna de las medidas proyectadas por el gobierno En Italia hay proyectos de ley preocupantes En España se habló de una restricción al secreto de las comunicaciones y a la inviolabilidad de los domicilios Finalmente no se insistió en ello porque hubo una opinión general en contra, señala Y explica que si Estados Unidos detiene a Bin Laden y a sus colaboradores debe someterlos a un tribunal y a un juicio justo: La paradoja es que Estados Unidos se está oponiendo ferozmente a que se apruebe el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional Entonces, si no hay justicia internacional tiene que haber justicia interna ordinaria Lo que no puede haber es un tercer género viable, como tribunales especiales militares Es como hacer un proceso penal en un barco Eso no es serio, concluyó