Barrio tira y tira del anzuelo, y nada...

jueves, 17 de enero de 2002
El 7 de noviembre, tres semanas antes de asumir la Presidencia de la República, Vicente Fox alentó la expectativa de uno de los principales compromisos de campaña, la lucha anticorrupción, al anunciar que en los primeros 100 días habría resultados contundentes: "Seguramente en el camino pescaremos algunos tiburones o peces gordos que incurrieron en acciones criminales" El combate a la corrupción, añadió en esa oportunidad, sería una de las tres banderas de su gobierno, junto con el combate al crimen organizado y a la pobreza Pero ni en los primeros 100 días de su gobierno ni a más de un año de gobierno, el compromiso se ha cristalizado Los "tiburones o peces gordos" siguen sin picar el anzuelo Pobres son los resultados de la lucha anticorrupción que encabeza desde la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua (92-98) Barrio justificó estos resultados en su informe semestral, del 25 de mayo del 2001, al señalar que "los deshonestos son pillos, no tontos", y expuso que existen muchas dificultades para contar con elementos de prueba de actos de corrupción en el gobierno En su equipo, integrado principalmente por sus colaboradores en Chihuahua, Barrio colocó en una posición clave, como coordinador de asesores, a un personaje de oscuros antecedentes: Ernesto Enríquez Rubio, ligado a Carlos Hank González Enríquez Rubio fue el encargado de los múltiples negocios del clan Hank en Costa Rica, luego de haber sido subsecretario de Agricultura Recursos Hidráulicos en el sexenio de Carlos Salinas (Proceso 1074 y 1203) Como funcionario de Agricultura, fue el encargado de atender el caso del colapso algodonero en la Comarca Lagunera, entre los años 1989 y 1991, que afectó entre 50 mil y 60 mil hectáreas, que no lograron levantar su producción por el uso de insecticidas en descomposición Varios de los 30 mil productores afectados señalaron a Enríquez Rubio como quien los dividió y los hostigó, con el fin de que no prosperara la exigencia de restitución de 150 mil millones de pesos ?de los 500 mil millones de afectación total? sólo para volver a producir La sombra del punto final Los "pobres" resultados del combate a la corrupción se los reprocharon a Barrio los miembros de la dirigencia nacional del PRD, en una reunión el 22 de agosto del 2001 a la que asistió también Santiago Creel, secretario de Gobernación "No al punto final", externó Amalia García, dirigente de ese partido, al demandar que se actúe contra las corruptelas del régimen priista Y, junto con otros dirigentes perredistas, orillaron a Barrio y a Creel a asegurar que "se están revisando" los casos del expresidente Carlos Salinas, del exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, y del exsecretario de Turismo, Óscar Espinosa Villarreal En ese mismo encuentro, Creel desdibujó otra promesa de campaña de Fox: La creación de la Comisión de la Verdad para indagar violaciones a los derechos humanos y corruptelas en el uso del patrimonio nacional, la cual finalmente no se instaló porque el presidente consideró que no tendría las facultades necesarias para actuar contra los responsables de delinquir en su ejercicio como funcionarios Abrir la información Tampoco se ha cumplido con la promesa de expedir una Ley de Acceso a la Información Pública José Octavio López Presa, subsecretario de la Contraloría en el sexenio pasado, comentó que "para combatir la corrupción es preciso hacer que la sociedad actúe como vigilante, y el elemento clave es simple: información" (Proceso 1266) Donde sí actuó de manera rápida la Secodam fue en el escándalo sobre del equipamiento para la residencia de Los Pinos ?popularizado como toallagate?, a causa del cual renunció el jefe administrativo de la Presidencia, Carlos Rojas Mignón, amigo del presidente Sin embargo, el programa anticorrupción del actual gobierno, dado a conocer por Barrio en febrero del año pasado, tiene claroscuros Juan Pablo Guerrero Amparán, profesor e investigador del Programa de Presupuesto y Gasto Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas, tras reconocer que se trata de los pocos programas gubernamentales que se han puesto en marcha a tiempo, con objetivos claros y de forma integral, señala que "nada de lo hecho hasta ahora toca las múltiples raíces de la corrupción en México, lo cual tiene que ver con la forma como está organizado el aparato burocrático-administrativo Hay muchas agencias, muchos intereses involucrados y pocos resultados" Por ejemplo, "el bunker que representa la Secretaría de Hacienda no ha sido tocado; por ello, del Servicio de Administración Tributaria prácticamente no se sabe nada" Advierte que existe el riesgo de que el gobierno caiga en el inmovilismo del pasado, al iniciar proyectos donde diversas dependencias se orientan a una sola dirección, sin una dirección de trabajo "En particular, parece que las oficinas adscritas a Los Pinos siguen poniendo más trabas al análisis y a la toma de decisiones Urge una coordinación de gabinete, o bien, distribuir áreas entre los jefes de los proyectos", explicó a Proceso Añadió que los esfuerzos de transparencia siguen "sin integrar concomitantemente esfuerzos grandes de simplificación legal, desregulación, revisión de las tareas de las dos dependencias globalizadoras (Secodam y Hacienda), por lo cual se corre el riesgo del pasado: Más regulaciones, más condicionantes para la acción, más restricciones para la actuación pública, más burocratismo" También señaló que el esfuerzo de transparencia es "a todas luces incompleto", ya que en este concepto implica que la población tenga acceso a la información disponible, completa y clara sobre aspectos como los problemas o causas sociales que originan la acción gubernamental y el uso de recursos públicos, los resultados esperados con la acción gubernamental, los mecanismos y lógicas de asignación de los recursos, las fases de acción y su duración y la identificación de los impactos sociales y los costos económicos finales Pero la Secodam se muestra satisfecha: entre el 2 de diciembre y el 23 de agosto del 2001, detectó "malos manejos" por un total de 875 millones de pesos Principalmente en tiendas y farmacias del ISSSTE, 412 millones; Pemex-refinación, 179 millones; compra de aviones y helicópteros de la PFP, 114 millones, y desvío de fondos por 259 millones en las tiendas del IMSS Todo ello durante la pasada administración Además, fueron inhabilitados 10 servidores públicos; se formularon 19 denuncias de hechos ante la PGR y la Dirección de Asuntos Penales de Secodam llevó hasta la procuraduría 12 denuncias relacionadas con los casos de PFP, Sectur, IMSS, Pronósticos Deportivos y Pronase La auditoría especial a programas financiados con recursos federales en Chiapas, encontró 23 casos de presunta responsabilidad administrativa o penal, por más de 174 millones de pesos Y se abrieron 244 expedientes de verificación de responsabilidades de funcionarios, de las cuales se emitieron 29 resoluciones (Proceso no 1296, 3 de septiembre del 2001)