Expropiar el Partenón de Durazo

viernes, 25 de enero de 2002
Chilpancingo, Gro - El gobernador de Guerrero en 1983, Alejandro Cervantes Delegado, declaró a Proceso, sobre el Partenón del exdirector de Policía y Tránsito del Distrito Federal, Arturo Durazo Moreno, en Zihuatanejo: "Está construido en terrenos federales; consecuentemente, al gobierno federal es al que le corresponde actuar" Pero el mandatario estatal asumió su responsabilidad: "Y en la parte que corresponda, por razones constitucionales, legales o reglamentarias, intervendrá el gobierno del estado o el municipio" "A eso se le llama despojo en contra de la Nación", señaló Lilia Maldonado Ramírez ?exdiputada local hasta el lunes 3 de octubre de 1983, día en que el PRI la postuló precandidata a la alcaldía de Arcelia, Guerrero, por lo que tuvo que solicitar licencia al Congreso del estado?, y precisó: "Arturo Durazo violó la Constitución (en su artículo 27) y la Ley General de Bienes Nacionales, toda vez que esa insultante mansión la construyó al margen de la legislación, en terrenos federales, por lo tanto la autoridad competente debe ordenar la inmediata desocupación de los 20,000 metros cuadrados, área en que se localiza el llamado Partenón Y, de no acatarse esta disposición, que se proceda al desalojo" Maldonado Ramírez aseguró que en el caso del Partenón "jamás se transmitió la propiedad de los terrenos en favor de Durazo" Con esto ?indicó? no se cumplió con el artículo 27 constitucional que establece: "La propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada" "Pero qué ocurrió ?añade la lideresa?: Arturo Durazo aprovechó el cargo de director de Policía del Distrito Federal y con absoluta prepotencia invadió los terrenos y se puso a construir Nadie le dijo nada porque tenía mucho poder Jamás la Federación, a través del fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, le transmitió el dominio de los terrenos Y a esto se le llama despojo" Todavía como diputada, Maldonado Ramírez anunció que presentaría al Congreso local un proyecto para que se expropiara la mansión que "es un insulto a la miseria del pueblo guerrerense" y "sospecho que el 'Partenón' fue construido con dineros mal habidos" Sostuvo que además de la expropiación del "Partenón" debia investigarse el enriquecimiento de Durazo Moreno, porque "no es posible que un policía con un sueldo de 35,000 pesos tenga una mansión de 700 millones de pesos" Por su parte, el entonces director del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), Manuel Barros Nock, afirmó que los terrenos en que se localiza la residencia de Durazo "son propiedad del Fibazi" Y anunció que el organismo que él representa está estudiando la forma de recuperar los terrenos Entrevistado en su despacho, Barros Nock aseguró que los terrenos sobre los que está construido el "partenón" de Durazo Moreno pertenecen al Fibazi, organismo que en breve iniciaría la regularización de la tenencia de la tierra en Zihuatanejo y exigiría a todos los que se apropiaron de lotes ejidales que los paguen El director del Fibazi dijo textualmente: "Arturo Durazo aduce tener derechos de posesión, pero no los ha demostrado Durazo va a tener que regularizar esos terrenos y deberá pagar ?en el caso de que demuestre tener derechos de posesión, pues su 'partenón' está construido sobre terrenos que fueron ejidales?, 4,000 pesos por metro cuadrado Y como tiene un total de 24,000 metros cuadrados, entonces deberá liquidar al fisco un total de 96 millones de pesos por concepto de regularización" ?Y si Durazo no demuestra tener derechos de posesión, ¿qué sucederá entonces?? Se le preguntó a Barros Nock ?El Fibazi le venderá los 24,000 metros cuadrados a un valor comercial y para ello habría que esperar a que el Comité Técnico de Fibazi aprobara la venta Pero como sabemos que tiene obras sobre los terrenos, si el señor (Durazo) no demuestra la posesión, procederemos a hacer un juicio civil para recuperar el lote e indemnizarlo conforme al valor catastral, de acuerdo con un avalúo que pronto realizará la Comisión Nacional de Avalúos" El valor comercial de los terrenos, dijo, era de 30% más alto Barros Nock consideró que en el caso de Durazo sólo existían dos caminos: o se le vendía a valor comercial o se recuperaban para la población de Zihuatanejo esos 24,000 metros cuadrados, ubicados arriba de la playa "La Ropa", una de las más bellas de la bahía ?Si sólo existen esas dos posibilidades, usted, como director del Fibazi, ¿por cuál se inclinaría? ?Porque se recuperen esos terrenos No es posible ?agregó? que una persona sea propietaria de terrenos que podrían ser utilizados para el desarrollo turístico o con fines sociales La construcción podría ser empleada como casa de la cultura o como museo Yo soy de la idea de que esos terrenos deben tener una función social o productiva o de recreación o de vivienda, no para que un señor pueda tener 24,000 metros cuadrados, aunque tenga con qué pagarlos Entonces, si yo tuviera la posibilidad de recuperarlos, los recuperaría Barros Nock reconoció que la inactividad de Fibazi en los cinco años anteriores a 1983provocó que se fueran acumulando problemas de tenencia de la tierra en Zihuatanejo, porque el organismo dejó de vender lotes, dejó de urbanizar, dejó de escriturar y eso ayudó a que muchas personas se apropiaran de terrenos que fueron ejidales, como fue el caso de Durazo Moreno A su vez, el diputado Ernesto Sandoval Cervantes ?entonces secretario de Divulgación Ideológica del Comité Directivo Estatal del PRI? señaló que en este caso "lo que procede no es la expropiación, porque jamás han sido propiedad privada esos terrenos, sino el desalojo" Sandoval Cervantes dijo que jurídicamente si alguna persona invade terrenos federales (como es el caso de Arturo Durazo) y construye algún inmueble sobre los mismos, "quien gana, al final de cuentas, es el dueño del terreno, en este caso la nación O como dice el refrán popular: `el que mantiene perro ajeno, pierde pan y pierde perro" Según Maldonado Ramírez, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) la que puede ordenar ?apoyada en la Ley General de Bienes Nacionales? el desalojo inmediato sin que exista, necesariamente, una orden judicial Comentó que "independientemente de que el juez de Distrito condene el indicado a purgar una condena de cárcel, de todas maneras se pueden reivindicar los 20,000 metros cuadrados de terreno sin necesidad de orden judicial, como lo señala la Ley General de Bienes Nacionales" Agregó la exdiputada que el caso "está muy claro", ahora sólo falta ?indicó? voluntad y decisión política para desalojar a Arturo Durazo de algo que jamás ha sido suyo, "ni lo será, pues no hay que olvidar que los bienes de la nación jamás prescriben en favor de particulares Así, Durazo podrá estar ahí 15 o 20 años, pero nunca será propietario de los terrenos" Es evidente ?añadió? que el exdirector de Policía y Tránsito del Distrito Federal cometió el delito de despojo y que esta figura delictiva la define el Código Penal (de Guerrero y el de la Federación) como el apoderamiento por un particular o particulares que en forma subrepticia y furtiva, sin consentimiento del dueño, se haga de un bien inmueble" De acuerdo con el Código Penal de la Federación, Durazo sería procesado por el delito de despojo y la pena que tipifica el mismo va de los tres meses a cinco años de prisión (Art 395) Pero independientemente de esta condena, el que comete el delito de despojo en perjuicio de la nación se le aplicaría automáticamente otra condena que establece la Ley General de Bienes Nacionales (artículos 97 y 98) y la sanción es de seis mese a cinco años Estrictamente serían 10 años de prisión, en este régimen de renovación moral Y no alcanzaría la libertad bajo fianza, de acuerdo con la interpretación del Código y de la Ley señalada, dijo Lilia Maldonado dijo que el exdirector de Policía y Tránsito se apropió de un bien de dominio privado de la federación sin consentimiento del legítimo propietario, por lo que de acuerdo con el artículo 121 constitucional, que establece que los bienes se rigen por la ley del lugar de ubicación, el Fibazi y/o la Sedue deberán denunciar los hechos ante el Ministerio Público de Zihuatanejo, "si es que se le quiere desalojar a través de un juicio" Aunque no consideró necesaria la realización del juicio, Maldonado Ramírez señaló que ?en caso de que se instruyera proceso formal para lanzar a Durazo del Partenón? el Ministerio Público local debería enviar la averiguación previa al Ministerio Público Federal, quien finalmente, consignaría lo actuado al Juez de Distrito "para el enjuiciamiento del nefasto expolicía" (Proceso 362 / 10 de octubre de 1983 ; 351 / 25 de julio de 1983 y 326 / 31 de enero de 1983)

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