México, D F(apro)- La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que encabeza la senadora Amalia García, demandó que se enjuicie y castigue al expresidente de la República, Luis Echeverría Alvarez, por su responsabilidad en la "guerra sucia" que se desató en México en la década de los setenta, lo que fue evidenciado en la más reciente edición del semanario Proceso con documentos oficiales existentes en los archivos de Estados Unidos A la exigencia se sumaron exguerrilleros que ahora actúan civilmente dentro de las filas perredistas, exdirigentes del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, familiares de las víctimas del 10 de junio de 1971, cuando el grupo paramilitar "Los Halcones" arremetió contra estudiantes y colonos, además de luchadores sociales del campo y la ciudad Al respecto, el grupo Eureka, que dirige Rosario Ibarra de Piedra y que desde hace tres décadas lucha por la presentación de los desaparecidos políticos, señaló que es tiempo de sacar del "congelador" las miles de denuncias que existen por el "terrorismo de Estado" que impulsó Luis Echeverría, lo que se prueba con los documentos guardados por el gobierno estadunidense, principalmente a partir de las relaciones "oscuras" del expresidente norteamericano, Richard Nixon, con el exmandatario mexicano Enrique Avila, exintegrante del Consejo Nacional de Huelga (CNH) del 68 por la Escuela Normal Superior de México, motivo por el cual cayó preso en Lecumberri, dice, en entrevista con Apro, que las revelaciones hechas por el semanario obligan a que las autoridades investiguen a fondo la reciente "historia negra de México" Lo hallado en los archivos norteamericanos, afirma, constituye "un gran paso", aunque "yo no tengo ninguna esperanza en el gobierno de Vicente Fox, como tampoco la tuve durante los gobiernos priistas, pero mi firme convicción es que la presión que logremos hacer los integrantes de la sociedad civil; personas de la valía de doña Rosario Ibarra y su Comité Eureka, los integrantes del Comité 68, con Raúl Alvarez Garín al frente y otros, creo que puede tener sus efectos gracias a una opinión pública cada vez más despierta e interesada en saber quiénes fueron los verdaderos culpables de las distintas masacres y etnocidios que han sacudido a México; de esos asesinatos en masa o aislados de los cuales nunca, quizás, podamos saber cuántos fueron los muertos, pues las cifras van y vienen como en un acordeón Camilo Valenzuela, exguerrillero y actual aspirante a presidir el PRD, afirma que a partir de que Luis Echeverría llegó a la Secretaría de Gobernación, "el solo hecho de ser estudiantes, activistas o militantes convirtió a los jóvenes, a los ojos de los soldados y policías, en subversivos, y por lo tanto culpables" Por su parte, Amalia García, presidenta del PRD, considera que a raíz de las revelaciones de Proceso "ha llegado la hora de cumplir el compromiso que asumió Vicente Fox durante su campaña, de crear una Comisión de la Verdad, no una fiscalía, y que quedó plasmado, blanco sobre negro, en un documento que suscribió con quienes le dieron su voto y fueron participantes del movimiento estudiantil de 1968 y que tienen, al igual que el resto de la sociedad, el derecho a exigir que se cumpla "No debemos ?agrega-- perder de vista que la impunidad sobre estos hechos y las privaciones ilegales de la libertad, las muertes y desapariciones forzadas de personas en la década de los setenta, son un gran obstáculo para una verdadera transición democrática, toda vez que nos niega a los mexicanos y mexicanas el derecho a conocer la verdad y que se haga justicia La impunidad --a su juicio-- pone en duda la vigencia de las instituciones democráticas y la seguridad jurídica que está obligado a brindarnos el Estado" Exreo político, Cuauhtémoc Sandoval Rodríguez, secretario de Relaciones Internacionales del PRD, dice a su vez que el expresidente Luis Echeverría "ha estado navegando en los últimos años con bandera de progresista, cuando marcó a toda una generación, y por ello debe ser llamado a declarar ante las autoridades competentes" Agrega que Echeverría ha querido evadir su responsabilidad desde que en 1998 se formó una Comisión de la Verdad en la Cámara de Diputados, sin embargo, es hora ya que debe ser juzgado por sus "alevosos delitos", primero en el 68 y después contra grupos guerrilleros de la década de los setenta "El fue quien encabezó la guerra sucia en el estado de Guerrero, que ha sido la entidad más golpeada por la casta de caciques encabezados por Rubén Figueroa, padre e hijo, quienes no solamente actuaron como dueños de los institutos represivos, sino del transporte y de fábricas de fertilizantes" Desgraciadamente, dice, en México esa finalidad de acceder a los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es difícil, lo que significa una negligencia de parte de la Secretaría de Gobernación para hacer públicos los documentos de esa época, y es "traumante que nos enteremos de lo que sucedió a través de los gringos" Para el dirigente, a fin de saldar la herida que tiene México por los actos represivos cometidos contra su pueblo y, de esta manera, transitar a la democracia, es necesario que Luis Echeverría sea enjuiciado incluso por un tribunal internacional Exdirigentes del movimiento estudiantil de 1968, como Raúl Alvarez Garín, Enrique Avila y Roberto Escudero, aseguran que el expresidente Luis Echeverría Alvarez no solamente tiene en su haber lo del 2 de octubre, sino también la represión del 10 de junio de 1971 y, sobre todo, el inicio de la "guerra sucia" contra los que se opusieron a su particular estilo de gobernar Prueba de ello, dicen, son los miles de testimonios que se han dado desde hace más de 30 años contra Echeverría, así como las denuncias penales que existen en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) desde octubre de 1998, además de un amparo que debe ser definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Los exlíderes estudiantiles consideraron que no es remoto el hecho, en caso de que la sociedad civil mexicana presione con más fuerza, de que el expresidente de la República sea enjuiciado por una corte internacional, como sucedió con las dictaduras de Chile y Argentina, ya que los delitos que se cometieron por instrucciones suyas, antes y después del 68, son de "lesa humanidad" y, por lo tanto, no prescriben A su juicio, ya es hora de que en estos tiempos, en que se inaugura el tercer milenio y el siglo XXI, los derechos humanos tengan plena vigencia, independientemente del tiempo que ha transcurrido; que los delitos de lesa humanidad, ahora comprobados con documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, sean castigados y se acabe con la impunidad, pues el país no se puede quedar atrás de lo que ha pasado en otras partes del mundo