Petróleos Mexicanos (Pemex) pretende abrir a la inversión privada las actividades de explotación, perforación, desarrollo y producción de hidrocarburos, pero la forma como quiere hacerlo -a través de los contratos de servicios múltiples (CSM)-- es "anticonstitucional", de acuerdo con un análisis jurídico elaborado por senadores priistas En su estudio "Viabilidad jurídica de la celebración de contratos de servicios múltiples", Pemex asegura que los CSM se apegan a los preceptos constitucionales aplicables y con éstos "no se pretende contratar o concesionar la explotación o el uso de ningún recurso natural en beneficio de particulares" En un reportaje elaborado por la revista Proceso y presentado en su edición número 1304, que comienza a circular el domingo 6 de enero, el director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Luis Ramírez, habla de un tema al que considera "politizado" y confía que los legisladores se convenzan de la legalidad de los CSM, sin que en el proceso tenga que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) La información recabada por el semanario muestra dos posturas, la de senadores del PRI y la de Pemex, en un conflicto sobre los intereses para los que estará destinada la actividad de la paraestatal y los puntos acordados en los contratos de servicios múltiples que pretende celebrar con empresas privadas También, los desmentidos de la empresa petrolera nacional a los senadores priistas, quienes aseguran que los CSM representan el primer reparto de desarrollo de petróleo en México, y en estos planes se acostumbra que las compañías de exploración tengan el eventual derecho de extraer el petróleo crudo para envíos comerciales