Acapulco, Gro - La violencia se impuso como la forma de ajustar cuentas personales en Guerrero, y de la que ni los extranjeros se salvan En menos de 48 horas, entre el 31 de diciembre y el primero de enero, al asesinato del cónsul honorario de Francia, Phillipe Delmotte Carrade, se sumaron ocho más en el estado Identificado ya el asesino del diplomático francés, Bulmaro Loreto Olayo, uno de sus guardias personales, este crimen es otro acto de violencia cometido contra extranjeros en los últimos años en Guerrero Considerado por el procurador de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega, como un asunto aislado, lo cierto es que la muerte de Phillipe Delmotte --dedicado en Acapulco a la industria turística-- se convirtió en un hecho de violencia más en el que la víctima es un extranjero destacado En 1997 el diplomático egipcio Mohamed Ismail Sadek fue asesinado al defenderse de un asalto en carretera en Vallecitos de Zaragoza, en la Tierra Caliente, la ruta más corta de Zihuatanejo a la Ciudad de México Hay dos detenidos en Coyuca de Catalán por los hechos Dos años después, el gerente del hotel Princess, Vincent Carroza, fue sacado por la fuerza de su oficina en el desarrollo turístico y estuvo secuestrado por una semana, sin que hasta el momento se haya identificado a los culpables El último día del 2000, Constantin Giannitsis, hijo del ministro del Trabajo de Grecia, Passos Giandis, fue acuchillado en un callejón de Taxco, donde vacacionaba Tres adolescentes fueron acusados del homicidio En este año, dos extranjeros residentes en Acapulco fueron secuestrados, Ron Lavander Bachur, empresario de bienes raíces, y Mario Wichtendhal, cónsul honorario de Alemania Del homicidio de Delmotte, ni el homicida ni su cómplice, David Ramírez Valverde, han sido detenidos Sólo se ha podido determinar que ambos trabajaban al mando del mayor de infantería retirado Eugenio Covarrubias Mota, comandante regional de la Policía Auxiliar de Hoteles y Empresas del estado, y que el presunto asesino pertenecía al 56 Batallón de Infantería, con número de afiliación 3407112 El crimen se suma a la ola de violencia que Guerrero arrastra desde hace varios años Basta recordar que las primeras horas del 2001, tres miembros de la familia del periodista Jorge Torres fueron acribillados en la comunidad de El Treinta por el entonces comisario municipal y su hijo, Abel Arizmendi Flores y Abel Arizmendi Díaz, quienes días más tarde aparecieron ejecutados, con señas de haber sido torturados, en una camioneta robada que fue abandonada en la autopista a Punta Diamante Al inicio de este año la tendencia se mantuvo De acuerdo con informes de autoridades municipales y de la misma Procuraduría General de Justicia de Guerrero, en las últimas horas del 2001 y las primeras del presente año se registraron muertes violentas en cuatro de las siete regiones del estado, atribuidas a venganzas personales, algunas estimuladas por el consumo de alcohol En todos los casos se utilizó armas de fuego En Arcelia y Tlalchapa, municipios de Tierra Caliente, hubo tres decesos En la primera localidad, Salvador Hernández Pérez, de 28 años, fue asesinado de un balazo por la espalda, sin que hasta el momento se haya identificado a los responsables En Tlalchapa, Alejandro Cornelio Luviano y Gonzalo Pérez Betancurt murieron al batirse en un duelo En Tecoanapa, por un altercado familiar, los primos Zacarías Simón Gallardo y Herminio Simón Mateos se enfrentaron con escopetas calibre 22 Los dos murieron Tres crímenes más ocurrieron en la sierra de Tlacotepec, Cocula y Coahuayutla, sin que se haya detenido a los presuntos responsables, pese a que están identificados En la primera localidad, Oscar Pineda Consuelo fue acribillado de 16 tiros de pistola calibre 9 milímetros; en el municipio de la zona norte, Roberto Mendoza Estrada recibió un impacto de bala en el pecho, en tanto que Felipe Pacheco Bustos fue asesinado de tres tiros de pistola calibre 45 por la espalda Ineficiencia operativa Para defensores de derechos humanos, la violencia del principio de año refleja la ineficiencia de los programas de despistolización, en los que participan corporaciones federales y estatales, así como miembros del Ejército Mexicano "Hemos detectado que en las principales carreteras del estado se instalan retenes policiacos o militares, cuya función supuestamente es combatir el narcotráfico y verificar el cumplimiento de la ley de armas y explosivos, pero vemos que no disminuyen ni los plantíos de enervantes ni las armas", comentó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" Destacó que el cuestionamiento que han hecho las organizaciones no gubernamentales a la presencia militar en Guerrero es porque "nos hemos percatado que las armas salen a relucir precisamente en las áreas más vigiladas por los militares, supuestamente por ser zonas productoras de marihuana y amapola, en Tierra Caliente, la Montaña y la Sierra, lo que hablaría de que los militares no hacen su trabajo o están protegiendo a los delincuentes" Recordó los crímenes recientes de cinco personas en Ocotequila, en la región de la Montaña, donde "la policía no interviene, ni para despistolizar, y mucho menos para investigar los asesinatos que son muy frecuentes" Hilda Navarrete Gorjón, directora del Centro de Derechos Humanos "La voz de los sin voz", de Coyuca de Benítez, consideró que la violencia en Guerrero tiene que ver con "la impunidad y la deficiente impartición de justicia" Para la defensora de derechos humanos, el origen de los crímenes considerados por la Procuraduría del estado como "venganzas" o "ajustes de cuentas" no reflejan más que "la falta de confianza de la sociedad en los órganos de procuración e impartición de justicia" Los criminales, advirtió, "están conscientes de que no tienen otra forma de que haya justicia para ellos, si no la ejercen de propia mano, y saben que es tan deficiente el sistema de procuración de justicia, que el delito quedará impune, porque en Guerrero es común que después de que las autoridades califican un hecho como producto de ajuste de cuentas, ya sabemos que no habrá detenidos" Ambos defensores de derechos humanos lamentaron la actitud de las autoridades judiciales, que "dibuja el 2002 como un año más de violencia y de impunidad en Guerrero"