Guadalajara, Jal (apro)- Exgobernadores y expresidentes municipales como Alberto Orozco Romero, Flavio Romero de Velasco y Guillermo Cosío Vidaurri, podrían ser señalados como indiciados por su responsabilidad en la "guerra sucia" en Jalisco, por la desaparición y tortura de exguerrilleros, afirmaron sobrevivientes de entonces y sus familiares En conferencia de prensa frente a una de las fincas que fueran "casas de seguridad" de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), ubicada en la calle Francia 1687, en la colonia Moderna de esta ciudad, los integrantes del Comité Eureka Jalisco y del Colectivo Ciudadano Memoria del Silencio, denunciaron que en su periodo como presidente municipal de Guadalajara --1970-73--, y luego como gobernador --1989-92--, Cosío Vidaurri habría destruido los archivos del Servicio Secreto Municipal, que colaboró estrechamente con los agentes federales en la identificación, captura y tortura de los disidentes Tampoco fueron ajenos a la guerra sucia, Orozco Romero y Flavio Romero de Velasco --1971-77 y 77-82-- y, por supuesto, sus principales funcionarios, como los exsecretarios generales de Gobierno, exprocuradores y exjefes policiacos Hace ocho días, en la sesión del primero de este mes, la mayoría panista en el Congreso local aprobó solicitar a la Procuraduría, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, principalmente, la apertura de sus archivos para que se pueda averiguar qué funcionarios públicos tuvieron responsabilidad en la tortura y desaparición de personas, sobre todo de quienes militaron en la Liga Comunista 23 de Septiembre, en las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP) y otras organizaciones clandestinas y cuyos miembros, en lugar de ser presentados ante la justicia, los desaparecieron o los entregaron después de ser sometidos a toda clase de vejaciones A la propuesta del diputado José Antonio Carrillo Gil, de abrir los archivos para facilitar los trabajos de la Fiscalía Especial que investiga la desaparición de personas en la llamada guerra sucia, los primeros en oponerse fueron los legisladores priistas, que abandonaron el recinto y entre quienes se encuentra el subcoordinador de esa bancada, José Luis Leal Sanabria, exsubsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos en la época de Romero de Velasco Leal Sanabria argumentó que no tenía caso el acuerdo del Congreso porque bastaba la Ley de Transparencia e Información Pública de Jalisco, que "ya abrió los expedientes", y que si hay personas o familiares agraviados, que procedan por la vía legal, como se hace a nivel federal A esta postura, el exintegrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Armando Rentería Castillo, respondió que se procederá de todas maneras, haciendo las denuncias respectivas "contra quienes creemos que son indiciados por la guerra sucia, que provocó la desaparición de muchos de nuestros compañeros", y mencionó que son alrededor de 20 Entre los desaparecidos en Jalisco se encuentran Víctor Arias de la Cruz, José Barrón Balderas, Daniel Avila Saavedra, Guillermo Bautista Andalón, Salvador Carrasco Gutiérrez, Pedro Cedillo Díaz y Salvador Mayoral, entre otros Los miembros de Eureka y Memoria de Silencio reconocieron que el primer paso para saber la verdad de lo acontecido fue el informe de noviembre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que admitió la responsabilidad del Estado "en la desaparición forzada de nuestros familiares", luego de que tanto tiempo el gobierno negó oficialmente la existencia de desaparecidos políticos y que ahora falta saber en dónde están o qué hicieron con ellos Falta ahora que el Estado reconozca "que nuestros familiares no son terroristas o delincuentes; son y fueron luchadores sociales y revolucionarios, y víctimas de violaciones gravísimas a sus derechos humanos" Por otra parte, exigen que el gobierno estatal colabore estrechamente con la Fiscalía Especial, y que la primera señal a favor la dio ya el Congreso local al solicitar que se abran los archivos respectivos