México, D F- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard, entraron en debate debido a la decisión de la dependencia de estado de publicar en el Diario Oficial de la Federación normas de seguridad para los bancos del Distrito Federal Y es que luego de que Hacienda hizo públicas esas normas, Ebrard arremetió en contra de las mismas, al calificarlas de poco serias y "a modo" El funcionario capitalino criticó a Hacienda por imponer estas reglas de manera "tardía", pues, recordó, ya se le habían solicitado desde marzo y hasta ahora las publicó, lo cual, en opinión de Ebrard, demuestra que la seguridad no es prioridad para Hacienda Además estas normas están acordes a los intereses de los banqueros, pues les da un plazo de cuatro años para que instalen cámaras y tengan personal de vigilancia en el interior de las sucursales "Es increíble, que se les otorguen cuatro años a los bancos para tener sistemas de seguridad y monitoreo Eso es falta de seriedad y así no se resolverá el problema de la seguridad", indicó Son "reglas light" que no resuelven el problema de la inseguridad en instituciones crediticias, dijo, al mencionar que a la fecha se han reportado cerca de 90 asaltos bancarios, sin contar el robo a cuentahabientes y a cajeros automáticos Las nuevas reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación por Hacienda obligan a los bancos a actualizar, en cuatro años, las cámaras de video para grabar, emitir y transmitir en tiempo real y en forma simultánea las escenas de sucursales Las denominadas Reglas Generales para establecer las medidas básicas de seguridad de los bancos fue elaborada por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, los banqueros, así como por la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública Entre sus lineamientos explica cómo se deben operar cajeros automáticos, así como los trámites para recibir, enviar o transportar dinero en efectivo y valores a las sucursales bancarias Además prohíbe el uso de celulares o cualquier otro medio de comunicación móvil en municipios que muestren un elevado índice de delitos 03/10/02