Tuxtla Gutiérrez, Chis (apro)- Indígenas sobrevivientes de la matanza de 45 tzotziles en el paraje de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997, dijeron que la aplicación de la justicia a los autores intelectuales y materiales del multihomicidio todavía está a medias, por lo que exigieron sean castigados destacados funcionarios que en la actualidad gozan de impunidad, como el exgobernador chiapaneco Julio César Ruiz Ferro, e incluso miembros del Ejército Mexicano A la par de esta petición, el jueves se dio a conocer la desaparición de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, encargada de investigar a paramilitares, misma que fue sustituida por una subdelegación del Ministerio Público de la Federación, con sede en San Cristóbal de las Casas La unidad, que había sido creada originalmente para investigar la matanza de Acteal y la actuación de paramilitares que operan en Chiapas, fue desparecida por el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien ordenó la creación, a través del acuerdo A/079/02, de otra oficina de menor jerarquía estructural, y se asigna personal y presupuesto a investigaciones por otros delitos adicionales a los cometidos por grupos armados Pero este mismo día, seis sobrevivientes de la masacre, Vicente Jiménez Sántiz, Pablo Vázquez Ruiz, Agustín Guzmán López, Agustín Sántiz Sántiz y Porfirio Arias Hernández, miembros del grupo civil Las Abejas, sostienen que “la justicia aún esta a la mitad” Esto, porque aunque se han ratificado la sentencias de unos, otros miembros del grupo paramilitar han obtenido su libertad desde hace un año, aun cuando han sido identificados como los verdaderos responsables y dirigentes” de esta matanza, dice la misiva de los indígenas Apuntan que también faltan por ejecutar órdenes de aprehensión a 27 más de los implicados en la masacre y que todavía siguen libres Tampoco se han abierto procesos penales en contra de altos funcionarios, y de los autores intelectuales de la matanza, como el exgobernador Julio César Ruiz Ferro y el expresidente Ernesto Zedillo; para las grandes cabezas no ha habido su castigo” Como testigos de la masacre, los seis indígenas recuerdan que el ataque fue preparado con varios días de antelación y que, en ella, participaron muchos hombres fuertemente armados provenientes de las comunidades de Los Chorros, Puebla, La Esperanza, Canolal, Pachiquil y Quextic, “y muchos de ellos hoy gozan de libertad en sus comunidades de origen “En resumidas cuentas, la justicia aún dista mucho de llegar a la plenitud; aún falta mucho por hacer en el caso Acteal, sin embargo, no vemos que haya voluntad política tanto del gobierno estatal como del federal de resolver por la vía legal lo que nosotros exigimos por justicia y derecho Aún seguimos viviendo en la injusticia y la impunidad”, concluye la carta Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, organismo no gubernamental que fundó el obispo emérito Samuel Ruiz García, insistió también en la necesidad de profundizar en la investigación ante la confirmación de la sentencia a 19 participantes en la matanza de Acteal Principalmente, destacó “la necesidad de reconocer responsabilidades de autoridades del gobierno del entonces Ejecutivo estatal Julio César Ruiz Ferro y proceder de conformidad; reconocer la responsabilidad del Ejército Mexicano, encuartelado en las cercanías y que no actuó para evitar la tragedia, además que se investigue su presunta participación en el entrenamiento de los autores materiales de la matanza, como lo indican algunos testimonios, y que se extienda la investigación hacia los autores intelectuales” 14/11/02