Ver fotogalería Salvador Walter Flores, médico del servicio de urgencias del Hospital de Pemex, fue despedido en 1991 de la empresa por haber contraído el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), luego de que, sin su consentimiento, se le practicó un examen para saber si tenía SIDA Con quince años de antigüedad, fue suspendido el 30 de noviembre de 1989 Demandó a la paraestatal y se realizó un juicio que le fue desfavorable Recurrió al amparo, en exigencia de su reinstalación Walter Flores, que se considera portador del virus pero no un enfermo de SIDA ?"estoy sano y apto para trabajar"?, demandó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que falló en su contra y absolvió a Pemex, cuyos abogados sostuvieron que "por haber contraído una enfermedad progresiva e incurable, no estaba apto para trabajar, además de que ponía en riesgo la seguridad de los trabajadores y del centro laboral" El caso del médico ilustró lo que, a juicio de organizaciones de homosexuales, ha venido ocurriendo con la situación de los derechos humanos de los enfermos de SIDA, ante una "sistemática campaña" de hostigamiento e intimidación, que incluía violaciones al contrato colectivo de trabajo, despidos de personal, quema de casas, redadas y clausura de sitios de reunión de prostitutas y homosexuales, y una enorme escasez de medicamentos en el sector salud Según las denuncias, a las que se sumó la del propio sector salud y del Conasida, esas violaciones se han dado, también, en empresas bancarias (Banamex, Serfín y Banco Internacional), aseguradoras, universidades públicas, delegaciones del IMSS y, principalmente, Televisa, donde se obliga a los trabajadores a aceptar "pruebas de detección" de SIDA, en violación de las leyes Federal del Trabajo, General de Salud y la Constitución de la República El grupo "Mexicanos contra el SIDA", que en ese entonces reunía en su seno a 18 organizaciones no gubernamentales en el país, tiene interpuestas hasta el momento catorce demandas contra Pemex, desde que, en agosto de 1988, la Gerencia de Relaciones Laborales de la paraestatal envió una circular interna que ordenaba "suspender a los trabajadores portadores del VIH o contagiados de SIDA" "En Pemex se aplica la prueba a todos los que solicitan empleo, con o sin su voluntad, lo que es algo absolutamente ilegal", acusó Francisco Galván Díaz, coordinador del grupo "Intervención Social en SIDA y Defensa de los Derechos Humanos, AC" y director del suplemento "Sociedad y SIDA", del periódico gubernamental El Nacional "Una vez que un individuo es detectado como seropositivo, se le despide o se le niega la fuente de trabajo" En su opinión, Pemex "podría ser el ejemplo de lo que ocurre en empresas estatales y paraestatales, que violan los derechos humanos de las personas al obligarlas a realizar la prueba de detección, so pena de excluirlas de su fuente de trabajo Esto, que venía pasando en Serfín y el Banco Internacional, ocurre actualmente en el Banco Nacional de México" Galván Díaz informó, además, que en diversas universidades públicas del país, como la Autónoma de Nuevo León y las de Guadalajara, Veracruz y Yucatán "se exige esa prueba a los aspirantes de ingreso, igual que en delegaciones del IMSS, en el caso de que alguien desee asegurarse voluntariamente" Puntualiza: "En empresas privadas, Televisa tiene un importante papel En los estudios de San Angel, la exdirectora de ConaSIDA, Gloria Ornelas, actualmente al frente de un grupo denominado "Fondo Comunitario para la Salud' ?el disfraz no gubernamental de un ala del sector salud, dijo,vendió un servicio a la empresa para realizar un curso de pláticas a 5,000 trabajadores, a quiénes se les entregó un memorándum sin membrete, en el que se les obligaba a practicarse el examen de detección" Agregóque Televisa se basó en la Ley Federal del Trabajo, que obliga a las empresas a practicar periódicos examenes médicos a sus trabajadores, en franca contradicción con la Ley General de Salud "En este conflicto de leyes del mismo rango ?añadiól también profesor-investigador de la UAM Azcapotzalco?, el problema debería fundarse en el principio constitucional del derecho al trabajo En el caso de Televisa, por ejemplo, nosotros sólo hicimos denuncias públicas, porque ninguno de los implicados quiso presentar una demanda formal Hablamos con mucha gente del medio, pero tuvo miedo de verse envuelta en un escándalo" No obstante que el número de casos de SIDA ha descendido en los últimos meses, a decir del sector salud, en la realidad la enfermedad continúa multiplicándose en todo el país Según el último informe del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, del 31 de agosto pasado, había en México unos 8,300 casos de SIDA, cuando la cifra era de unos siete mil 800 hasta el 31 de julio pasado Ante la situación, el propio secretario de Salud, Jesús Kumate, reconoció que había violaciones a los derechos humanos, cuando fue entrevistado al término de la inauguración del III Congreso Nacional sobre SIDA, en el que abundó este tipo de denuncias Kumate prometió que la SS "estaría pendiente" de que fueran respetados los derechos humanos de los individuos seropositivos ?portadores del virus? y de los enfermos de SIDA, al dar a conocer la creación de una "oficina especial" para atender las quejas de los enfermos víctimas de discriminación laboral en los servicios médicos Ese día, el subsecretario de Coordinación y Desarrollo de la SS, Fernando Sepúlveda Amor, para quien tales violaciones "han ido en aumento, conforme crece la epidemia", informó que la propia SS y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) firmaron recientemente un convenio "para atender eficientemente las denuncias de discriminación, proporcionar información impresa sobre las personas infectadas y formular sugerencias para actualizar las normas jurídicas relacionadas con el padecimiento" Sepúlveda Amor explicó que desde agosto de 1988 ?cuando se creó el Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA (ConaSIDA)?, "se empezaron a publicar en México noticias de actos de violencia en contra de personas infectadas o enfermas, protagonizadas por caseros que corrían a sus inquilinos, patrones que despedían a sus trabajadores y vecinos que incendiaban casas o, literalmente, linchaban a sus vecinos" Agregó que, a nivel institucional, "fuimos testigos de aislamientos en reclusorios y despidos laborales" Habló de la posición de las autoridades, que fijó en ocho puntos, sólo recomendaciones: "obligar a las empresas a asumir su responsabilidad y los costos de los padecimientos potenciales de sus trabajadores, incluyendo el SIDA" y el que las pruebas de detección "se realicen voluntaria y anónimamente y sus resultados sean conservados con absoluta discreción" Sepúlveda Amor reiteró que "no existe justificación para privar a nadie del derecho a la educación por estar infectado con el VIH o padecer SIDA" y se comprometió a dar "una información clara y concreta, aunque ello implique convencer a algunos sectores conservadores de la sociedad, que han ejercido presiones al considerar que la información difundida atenta contra la moral y las buenas costumbres del pueblo" Dijo: "Todos los pacientes tienen derecho a los servicios de asistencia médica y social Para nosotros, es motivo de gran preocupación constatar que siguen existiendo médicos, personal paramédico e inclusive hospitales, que se niegan a brindar atención a los pacientes cuando éstos son seropositivos o han desarrollado SIDA El respeto a estos derechos y a la dignidad de los afectados es una absoluta e impostergable necesidad para el mejor control de la epidemia" El doctor Samuel Ponce de León, director del Conasida, dijo que conoce "a un gran número de trabajadores" despedidos, fundamentalmente en Pemex y en empresas bancarias, quiénes han recurrido a los centros de información de Conasida y a las diversas dependencias de la SS "Se trata de personas infectadas con el VIH o que tienen SIDA, a quiénes se les niega atención médica en centros hospitalarios, han sido despedidos o se les niegan sus salarios, por el hecho de ser seropositivos", dijo El doctor admitió la existencia de "encuestas" hechas a los empleados de Televisa para saber si tienen SIDA Aseguró: "No estamos de acuerdo en que las personas infectadas sean sujetos de discriminación, ni que se obligue a los trabajadores a someterse a todo tipo de exámenes y, mucho menos, a que sean expulsados de sus trabajos" Con él coincidieron Arturo Díaz Betancourt, presidente del grupo "Mexicanos contra el SIDA" y Pedro Preciado Negrete, miembro del grupo "Orgullo Homosexual de Liberación", de Guadalajara, que desde 1983 trabaja en la prevención del SIDA y en la defensa de los derechos humanos y civiles de la población homosexual Díaz Betancourt tronó contra instituciones que practican exámenes médicos a quiénes solicitan empleo, como Pemex, Banamex, Bancomer, universidades públicas y aun el Ejército Y se cuestionó: "¿Con qué derecho las empresas niegan el trabajo a quien solicita un empleo Y en vez de darle el resultado de su examen se le dice: no, usted es seropositivo y tiene SIDA" Preciado Negrete, quien denunció a su vez una "feroz campaña" para perseguir, cazar, chantajear, extorsionar y encarcelar a prostitutas y homosexuales en Guadalajara, cree que todo esto es parte de una "cultura de la impunidad" desarrollada en ciudades como Mérida, Monterrey, Tijuana, Jalapa, Veracruz (Proceso 782/ 18 de octubre de 1991)