VIMA, el "modus operandi" de la corrupción

viernes, 8 de noviembre de 2002
Encabezado por directivos pertenecientes al grupo dominante de Elba Esther Gordillo, el Fideicomiso de Vivienda para el Sector Magisterial (Vima) ha dejado, desde su creación en 1990, una larga huella de fraudes y operaciones dudosas que han beneficiado a los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Desde su origen, en 1990, hasta estos días, el Fideicomiso de Vivienda para el Sector Magisterial (Vima) ha sido manejado de manera irregular por directivos allegados a Elba Esther Gordillo, entre quienes destacan Benjamín González Roaro y Francisco Yánez Herrera El primer director del fideicomiso, González Roaro, ahora director general del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dejó tras de sí un reguero de fraudes y operaciones dudosas que, 10 años después, no han podido esclarecerse ni depurarse, según muestran documentos del propio organismo Una revisión interna de Vima reveló que, en el período de González Roaro (1990-92) hubo créditos por miles de millones de pesos sin cubrir los requisitos mínimos, operaciones con constructoras y sociedades de membrete —en muchas ocasiones con domicilios falsos— y una aparente negligencia que impidió recuperar, con acciones legales oportunas, gran cantidad de préstamos Según documentos en poder de Proceso, en Vima funciona un curioso sistema de “recuperación de cartera”: con mucha frecuencia, envía cartas a supuestos deudores varios años después de las fechas de vencimiento de los pagarés y a domicilios inexistentes Hay, además, evidencias y testimonios de que el grupo de Elba Esther que controla Vima obtiene recursos mediante la facturación al SNTE de dudosos “estudios de factibilidad” y el cobro de comisiones subterráneas a constructores a cambio de contratos Recientemente, González Roaro reveló al programa de radio Monitor presuntos actos de corrupción en el ISSSTE, cometidos al parecer por funcionarios de la administración anterior, a cargo de Socorro Díaz Pero en círculos del PRI, se cree que esta denuncia es una maniobra de Elba Esther para frenar a Díaz en su búsqueda de la candidatura priista a la gubernatura de Colima Cartas devueltas En Torreón, Coahuila, se registraron varias operaciones irregulares Vima celebró dos contratos con Mercado de Casas de Laguna, en agosto y diciembre de 1990, para la construcción de 194 viviendas, compromiso que nunca se cumplió Y tuvieron que pasar siete años para abrir averiguaciones previas contra el representante legal de la empresa, quien supuestamente radica en Ciudad Juárez, Chihuahua Un caso semejante es el de la firma Devipo, con la que se establecieron dos contratos —en febrero de 1992— y cuyo representante legal fue finalmente demandado por Vima Un juez del Distrito Federal ordenó embargarle bienes de su propiedad, en agosto de 1993, en Torreón, pero no se le dio seguimiento al proceso judicial, sino cinco años después Así, en agosto de 1998, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que “no se pudo localizar” a la empresa Devipo en esa ciudad, por lo que se cree que desapareció En abril de 1991, se realizó un contrato de fideicomiso de inversión y administración con la colonia Magisterial Sección 35 Nueva Filadelfia, en Gómez Palacio, Durango Los auditores de Vima ni siquiera dieron con la asociación civil, “pues, al parecer, el nombre de la calle no existe en dicho lugar”, por lo que no fue posible emplazarla a juicio, dice un informe del año 2000 El “tiempo ideal” para emprender cualquier acción legal, señala el documento, debió haber sido de abril de 1992 a abril del 94 Tampoco se encontró el domicilio de constructora La Campiña, con la que Vima firmó un contrato de “promoción y organización”, en septiembre de 1991, en Tijuana, Baja California, por 43 millones 235 mil pesos de entonces Seis años después, se envió una carta a La Campiña, pero fue devuelta “por no encontrarse dicha empresa en el domicilio mencionado” Con la asociación civil Unidad 23 de Mayo, Vima hizo un contrato semejante y pasó lo mismo: no se intentó a tiempo recuperar el crédito; en 1997, mandó una misiva de cobro, que fue devuelta “por no estar ubicada la empresa en el domicilio que nosotros tenemos”, señala un informe de Vima Este crédito “debió haber sido cobrado aproximadamente en el año de 1993”, concluye el reporte Fideicomisos cerrados Con la asociación civil Vivienda Magisterial 37 se suscribió un convenio de crédito para la adquisición de terreno, en febrero de 1991, por mil millones de pesos Los (24) pagarés pactados no fueron liquidados, según los maestros, por culpa de la constructora RS y S Consultores en Edificación El área jurídica de Vima se lavó las manos: “Existe un problema con la constructora, la cual está desaparecida, por lo que sería difícil llevar a cabo una acción legal en contra de los maestros, pues tendríamos el obstáculo de ver qué pasó con la constructora” Se esfumó igualmente la asociación civil Colonia Isla de Tris, con la que se realizó un contrato de fideicomiso de inversión y administración, en octubre de 1991, en Ciudad del Carmen, Campeche Ese fideicomiso simplemente se cerró, ante el pasmo de Vima: “En virtud de encontrarse cerrado ya el fideicomiso, no es posible el que podamos ejercitar alguna acción en contra de los maestros, pues las obligaciones de pago derivan de dicho contrato de fideicomiso” Lo mismo pasó con la asociación civil Maestros de San Isidro, relacionada con un contrato de fideicomiso entablado en julio de 1991 El banco fiduciario (Serfin) informó que el fideicomiso fue cerrado, y el departamento jurídico de Vima se declaró incompetente: “Se carece de acción y derecho para demandar en virtud de haber sido cerrado el fideicomiso” El jurídico de Vima no pudo proceder contra la asociación civil Santa Rita, a la que prestó 230 millones de pesos en febrero de 1991, en Chiapas Este crédito debió reclamarse a más tardar en 1993, “pues actualmente se encuentra prescrito por el transcurrir del tiempo”, según la “opinión jurídica” de Vima Otro caso, en Chiapas: Al firmarse un convenio de mutuo con 70 mutuatarios, por 245 millones de pesos, fueron signados 10 pagarés, el último de los cuales tenía vencimiento en abril de 92 El incumplimiento en este caso no tuvo consecuencias judiciales, ni podría tenerlas, según el área jurídica de Vima: “Está prescrita la acción por el vencimiento de los pagarés; se sugiere cancelar el crédito en cuestión, ya que se ignora si todavía se encuentran dichas personas en los domicilios que se tienen” La misma recomendación fue hecha ante el adeudo de “35 mutuatarios” de los que el jurídico de Vima ni siquiera dice de dónde son Sólo anota que debían 125 millones de pesos, facilitados en marzo de 1991, y que firmaron un solo pagaré Sin embargo, “está prescrito el documento, con el cual se podría haber demandado” Y, desde luego, “como no se tiene la certeza de que los mutuatarios se encuentren en el domicilio que se tiene se sugiere cancelar el adeudo” En Guadalupe, Nuevo León, fue cerrado otro fideicomiso sin que Vima metiera las manos: “Sería cuestión de confirmar si todavía están (los deudores) en el domicilio citado para hacer el requerimiento extrajudicial con la debida reserva, pues por el transcurso del tiempo, la acción está prescrita” Además de que “en ningún momento ha intervenido el jurídico, según constancias que existen en éste” Sin antecedentes Vima tampoco ha podido localizar a “maestros integrantes del Instituto Nacional de Bellas Artes” a los que otorgó un crédito por 64 millones de pesos, garantizado con un pagaré suscrito en junio de 1992 a 10 meses Se envió una carta a los deudores, misma que fue devuelta “por no tener bien el domicilio” El pagaré, por supuesto, está prescrito, por lo que “carecemos de acción y derecho para poder demandar en juicio al deudor; además, no se tiene localizado al mismo”, deplora Vima En mayo de 1992, fue suscrito un contrato para la introducción de servicios básicos con la asociación civil Forjadores del México Futuro, por 55 millones de pesos El cobro del pagaré ya prescribió, al transcurrir el plazo de tres años para demandar el pago Pero la recuperación del crédito ni siquiera se intentó: según la dirección jurídica de Vima, “no existe antecedente alguno” de que se haya tramitado el cobro del adeudo, vaya, ni una carta Con la Constructora Delta hubo un convenio de gestión crediticia, firmado en febrero de 1992, por cerca de 17 millones de pesos Y, claro, ya prescribió la acción para demandar el pago, “además de que no hay documentos de acción ejecutiva, ni antecedente alguno en el cual se haya pedido a esta dirección jurídica la recuperación del adeudo” Igual, en la dirección jurídica de Vima no existen rastros de cobro a la asociación civil Unidad Magisterial de Huetamo, relacionada con un convenio de crédito para la introducción de servicios, en marzo de 1991 Adeuda casi 220 mil pesos de los de ahora, pero el préstamo es irrecuperable: “por haber transcurrido en exceso el término de tres años para demandar el pago de los documentos, después de su vencimiento, los mismos han prescrito” Lo mismo ocurrió con la asociación civil Centro Unificador José Vasconcelos Por un contrato para la introducción de servicios, firmado en marzo de 1991, adeuda 16 millones de pesos de los actuales, que ya no pueden ser cobrados: “por haber transcurrido en exceso el término de tres años para demandar el pago de los documentos, después de su vencimiento, los mismos han prescrito” La historia de la Constructora Proiesa es reveladora del modus operandi del fideicomiso Aquélla celebró con Vima un convenio de gestión crediticia en marzo de 1992, por el cual se obligó a darle al fideicomiso 652 millones de pesos, equivalente al 25 del valor total de 52 viviendas, dice un reporte de Vima O sea, por su papel de gestor del crédito —ante el Fovissste—, Vima le pide al constructor un porcentaje —en este caso de 25%, pero que suele ser el doble, es decir, 5%: 25 documentado y 25 por debajo de la mesa— Proiesa no pagó la comisión documentada, ni la pagará, pues “por el transcurso del tiempo las acciones han prescrito” A la asociación civil Vivienda Social, de Pátzcuaro, Michoacán, se le otorgó un crédito por 60 millones de pesos, en diciembre de 1991 Firmó un pagaré por poco más de 63 millones de pesos, con vencimiento a diciembre de 1992, pero no puede hacerse efectivo, porque, como en muchos otros casos, sólo hay copias del documento, la asociación “no se encuentra localizable” y, para rematar, ya concluyó el plazo legal para reclamar el pago Por esas mismas fechas, diciembre de 1991, Vima estableció un convenio de crédito para la introducción de servicios con un misterioso “subcomité de participación ciudadana”, por 290 millones de pesos Fueron suscritos 20 pagarés, de los cuales sólo existen copias El último de los documentos venció el 15 de enero de 1993, por lo que la recuperación del crédito debió realizarse a partir de esa fecha y hasta el 15 de enero de 1996 Otro caso ilustrativo del manejo del Fideicomiso de Vivienda para el Sector Magisterial: En 1991, se celebró un contrato de fideicomiso de inversión y administración con la asociación civil Solidaridad Magisterial Balancanense A la fecha, ésta “le debe dinero” a Vima —sabrá Dios cuánto— “con motivo de la supervisión y auditoría que se venía realizando” Esta asociación tuvo problemas con la empresa Ingeniería y Constructores TH Grupo Tabasco, por lo que solicitó ayuda a Vima para recuperar el dinero dado a dicha firma En junio de 1995, se demandó a la afianzadora Insurgentes el pago de la póliza de fianza que garantizaba el cumplimiento de las obligaciones de la empresa Vima siguió el procedimiento hasta el desahogo de pruebas, pero, quizá para no perder el hábito, dejó pendiente la prueba pericial en ingeniería Después, según refiere un informe de Vima, “hubo cambio de administración en este fideicomiso y se quiso retomar el juicio en cuestión, por lo que, el 4 de noviembre de 96, se solicitó un poder general para pleitos y cobranzas a favor del entonces director jurídico Arturo Franco Pérez, sin que se le haya enviado el mismo para poder continuar con el procedimiento respectivo” Casi tres años más tarde, en julio de 1999, se envió otra misiva para explicar el estado del juicio y los alcances jurídicos de una demanda contra la empresa, “sin que hasta la fecha (enero de 2000) se haya recibido respuesta alguna” Los estudios En el período de Yánez Herrera, uno de los mecanismos de corrupción han sido los citados “estudios de factibilidad”, facturados con cargo al SNTE por empresarios de paja Es el caso de un supuesto ingeniero “José Antonio Romero Córdova”, quien desde un departamento en la colonia Los Alpes ha realizado costosísimos “estudios de factibilidad” y “levantamientos topográficos” en Morelos, Veracruz, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí Entre febrero y mayo de 2000, “Romero Córdova” facturó al SNTE 1 millón 674 mil 900 pesos, que el sindicato le liquidó casi totalmente: según estado de cuenta, al 3 de mayo de 2000 sólo se le debían 7 mil 462 pesos y 6 centavos Ante tan buena paga, el “ingeniero Córdova” ya estaba facturando 300 mil pesos (¡más 15% de IVA!) dos días después, por un “estudio de factibilidad para el desarrollo de urbanizaciones y lotificaciones de unidades habitacionales en Tijuana, Mexicali, Guaymas y Ciudad Obregón”, según la factura número 175 del presunto empresario Un caso similar es el del supuesto constructor “Isidro Sosa Molina”, quien expide facturas con ese nombre y domicilio en Apizaco, Tlaxcala Es el autor, de acuerdo con su factura número 218, del 4 de mayo de 2000, de “estudios de factibilidades para el diseño de lotificación y urbanización en los estados de Tamaulipas y Nuevo León”, por el módico precio de 432 mil 60 pesos 9 centavos, que con el 15% de IVA suman 496 mil 869 pesos 10 centavos Buscados para conocer su versión sobre sus manejos en Vima, ni González Roaro ni Yánez Herrera aceptaron hablar El presunto constructor de Apizaco no fue localizado ni tampoco Rómero Córdova, en cuyo supuesto domicilio de la colonia Los Alpes aparece el letrero de “se vende”