Demandas penales contra indígenas en Montes Azules

martes, 17 de diciembre de 2002
Tuxtla Gutiérrez, Chis (apro)- El delegado en Chiapas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Hernán Alfonso León, descartó cualquier “eminente desalojo” de indígenas en la Reserva de la Biosfera Montes Azules (Rebima), y precisó que sólo se presentaron demandas penales para que se tomen “medidas preventivas o precautorias” que permitan frenar la deforestación de ese macizo de la selva Lacandona Sin embargo, reconoció que las autoridades ambientales realizaron, “con el apoyo de la Secretaría de Marina, un operativo de vigilancia en la zona en cuestión Lo que queremos es que dicten medidas preventivas para que se pare la deforestación y no se continúe realizando el desmonte de la selva” En conferencia de prensa, acompañado del delegado de la Semarnat, Francisco Aguirre Herrera, y del representante de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp), Adrián Méndez Barrera, Alfonso León dijo que “de esto se ha hecho alarma innecesaria, porque no forzosamente tiene que ser un desalojo, sino más bien una negociación para que sean reubicados Algunos grupos ya han aceptado “Nosotros ahora estamos un poco desconcertados con esta situación, de afirmaciones sobre un eminente desalojo; al menos en la Mesa Agrario Ambiental (integrada por autoridades del sector, estatales y federales) no se ha determinado nada de eso”, dijo Alfonso León En la mesa ambiental que se llevó a cabo hoy lunes, no se determinó efectuar ningún desalojo, sólo hubo una evaluación del seguimiento que se está dando a este asunto, porque “no podemos tomar una determinación de esta magnitud, salvo que se llegue a un acuerdo entre los secretarios y el gobernador”, precisó el funcionario Alfonso León negó que exista una orden judicial para efectuar la desocupación de las cinco invasiones recientes e, incluso, algunas de las doce demandas penales que la Profepa ha interpuesto ante la PGR, aún no han sido integradas Con respecto de las cinco recientes invasiones, “no está definida cuál es la estrategia a seguir Nadie, ninguno de nosotros, ha pedido tampoco la intervención del Ejército Mexicano”, señaló Y descartó un inminente desalojo porque, incluso –dijo--, algunas comunidades, como la llamada 8 de Febrero, integrada por unas 45 familias, ya han aceptado su reubicación y están dispuestas a la negociación En Arroyo San Pablo piden sólo 20 hectáreas por persona, mientras en Nuevo San Rafael también solicitaron nuevas tierras para salir, y en esa dinámica es que se sigue trabajando: en la negociación para una posible reubicación 16/12/02

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