Si bien el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) sería una manera de adecuar la legislación mexicana a los requerimientos mundiales de protección a los derechos humanos, senadores de la República debaten sobre el riesgo de que ello implique ceder soberanía En el número que comenzará a circular el 29 de diciembre, Proceso recoge los pros y contras que acarrearía la medida, cuya ratificación aún no es total, en virtud de que aún falta el aval de la Cámara de Diputados y de al menos 16 congresos estatales Los que se oponen al reconocimiento de la jurisdicción de la CPI argumentan que al no ser independiente, México tendría que sujetarse a los intereses de las grandes potencias que la dominan, amén de que se tendría que reformar la Constitución, "de tal forma que se atentaría contra algunas garantías individuales de los mexicanos y contra los fundamentos del sistema judicial del país" El senador priista Manuel Bartlett dice en entrevista con Proceso, presentada en su edición que empieza a circular el 29 de diciembre, que lo anteriormente citado no garantiza la imparcialidad ni independencia de la Corte Penal Internacional, aunque aclara que esa posición no implica que México se oponga a apoyar la defensa de los derechos humanos y sancionar a quienes los violen