Gastos en comunicación social: el negocio para radio y TV

domingo, 8 de diciembre de 2002
México, D F (apro)- Los casi mil 200 millones de pesos que el gobierno federal pretende le apruebe la Cámara de Diputados para gastos de comunicación social, una cantidad fabulosa ante la falta de recursos, está relacionada con el acuerdo que Vicente Fox hizo con los empresarios de la radio y la televisión A mayor presupuesto para difusión de las secretarías de Estado, que de aprobarse ascenderá a mil 195 millones 13 mil 400 pesos, más se destinará a los medios de mayor penetración: la televisión y la radio Además de ser falso que la sociedad se beneficia de este acuerdo –es exclusivamente el Ejecutivo en detrimento de otras instituciones del Estado--, el nuevo reglamento de la ley respectiva esconde su verdadero objetivo: el lucro “Las modificaciones de fondo del Reglamento están en el negocio, en la programación y sobre todo en la publicidad”, concluye un estudio elaborado por las más de 40 organizaciones civiles que participaban en la mesa de diálogo de la Secretaría de Gobernación, a cuyo titular, Santiago Creel, entregaron copia Tanto en el nuevo decreto presidencial, que sustituyó al de 1969, como en el nuevo Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, vigentes ambos desde el 10 de octubre, la conclusión es la misma Establece el documento: “Favorecen de manera abierta y exclusiva a los concesionarios, sin consideración alguna a las necesidades de otras instituciones y actores, y sin respetar los acuerdos de la mesa de diálogo, firmados entre otros por los concesionarios y el propio Ejecutivo” El documento, elaborado por Hugo Almada y validado por las más de 40 agrupaciones de la sociedad civil organizada que participaron desde marzo del 2001 en la mesa de diálogo convocada por la Secretaría de Gobernación, examina todas las aristas de las dos disposiciones, pero destaca en particular los beneficios para empresarios de radio y televisión En efecto, detalla el documento, el decreto presidencial en particular mediante el cual se abaten los tiempos oficiales no se gana en mayor audiencia ni se mejora el cobro del impuesto y, en todo caso, beneficia exclusivamente al Ejecutivo: “Se excluye así del posible uso de los tiempos oficiales a todo el resto del Estado: a los otros poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial; a los organismos autónomos del Estado, como el IFE, la CNDH o las universidades públicas; a los partidos políticos y a la sociedad civil, y se autorizan sólo materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal” Más aún, al disponer el artículo 1º, inciso I del decreto que los materiales grabados tendrán una duración de 20 a 30 segundos, “se excluye toda posibilidad de programas educativos o culturales y se establecen que serán destinados para la publicidad” El estudio asegura que “en el nuevo texto (del decreto) la publicidad del Ejecutivo no sólo se prioriza, sino que se cancela la posibilidad de otro uso”, ya que el segundo párrafo del inciso I establece que “si el Ejecutivo federal no utilizare, total o parcialmente, tales tiempos de transmisión, deberá hacerlo el concesionario para sus propios fines” Añade el documento que esta disposición es muy grave, ya que al disminuirse drásticamente la posibilidad de promoción de estas instituciones se dificultan las tareas de tránsito hacia la democracia, hacia una cultura de respeto a los derechos humanos, consolidación del Poder Legislativo y del sistema de impartición de justicia, “tareas todas ellas centrales en este periodo” “La medida anterior obligará a todas estas instituciones, en el caso de que se requiera dicha promoción, a pagar publicidad, lo que necesariamente llevará a un mayor cargo al erario público, para el beneficio de las televisoras”, advierte el texto En síntesis, añade el estudio elaborado por Hugo Almada, “en aras de asegurar una ‘buena voluntad’ de los señores de los medios, el presidente regala 90 por ciento del tiempo que disponía, sin ser cierto que logra audiencia y sacrificando el tiempo de los demás, de los otros poderes, de los órganos autónomos del Estado, de los partidos políticos y la sociedad civil, lo que en las condiciones actuales atenta, incluso, contra la institucionalidad del Estado” En el estudio se responde al argumento del gobierno, en el sentido de que el 125 por ciento no se usaba porque era mucho Aunque esto es parcialmente cierto, obedeció a que no hubo voluntad para utilizarlo todo, “prefiriendo comprar publicidad pagada a un precio extremadamente alto, con cargo al erario” Añade que los tiempos oficiales ya tenían una utilización por diversos organismos del Estado y había en la mesa de diálogo propuestas para una disminución racional de los mismos mediante una reforma a la ley “El presidente del cambio democrático, de la austeridad y la sobriedad en las finanzas públicas, el que dice requerir urgentemente una reforma fiscal porque no tiene dinero para sus programas sociales, pretende utilizar sólo para su publicidad los tiempos que corresponden al conjunto del Estado, y obliga al erario público (sic) a incrementar considerablemente su gasto, si es que se quiere difundir las tareas imprescindibles para el tránsito a la democracia y la reforma del Estado”, detalla

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