Acepta la CIDH investigar el caso Gallardo

viernes, 1 de febrero de 2002
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos abrió el expediente número 11,430, relacionado con presuntas violaciones de las garantías individuales cometidas por autoridades castrenses en agravio del general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, preso desde noviembre de 1993 en el campo militar número 1 En respuesta de las peticiones hechas el 25 de enero por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional ?coaligadas en el caso?, el entonces secretario ejecutivo adjunto de la CIDH, David J Padilla, comunicó que el organismo solicitó ya al gobierno de México la información referente al caso para analizarlo "Se ha iniciado la tramitación de su denuncia de acuerdo con el Reglamento de la Comisión Este trámite puede llevar cierto tiempo Mientras tanto, nos ayudaría si ustedes nos pudieran enviar cualquier información adicional que tienda a comprobar los hechos denunciados", dice el texto de la carta suscrita por la CIDH, el 16 de febrero Menos de una semana después, la CIDH recibió datos adicionales sobre el caso La CMDPDH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional dieron cuenta, por escrito, de una nueva orden de aprehensión girada contra el oficial castrense por delitos "contra el honor militar" y "difamación", que se suman a los de malversación y destrucción de bienes pertenecientes al ejército y enriquecimiento ilícito, por los que es juzgado a la fecha El 3 de febrero, la Procuraduría de Justicia Militar notificó a Gallardo Rodríguez los nuevos cargos que se le imputaban, cuyo único sustento son declaraciones hechas a este semanario en diciembre de 1993, en las que se queja de hostigamiento y persecución De acuerdo con los organismos de derechos humanos no gubernamentales, la averiguación previa número SC/194/93/II fue abierta el 17 de enero de 1993 por el entonces procurador militar, general Mario Guillermo Fromow García, sin que sucediera nada Sin embargo, las nuevas autoridades castrenses desempolvaron el expediente y abrieron un nuevo proceso judicial en su contra Consignan, además, que recientemente Gallardo Rodríguez "fue obligado a desnudarse para una revisión antes de autorizársele salir a los locutorios" Esta supuesta medida de seguridad, "discriminatoria en cuanto que no se aplica a todos los detenidos", dicen en su escrito, constituye una violación del derecho de toda persona privada de su libertad de ser tratada con respeto Con una brillante carrera militar y profesional, Gallardo Rodríguez comenzó a tener problemas en la milicia cuando en su tesis para obtener la maestría en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México planteó la necesidad de que las fuerzas armadas tuvieran una instancia protectora de los derechos humanos En su edición de octubre de 1993, la revista Forum publicó extractos del documento, en el que señala que si bien el ejército está para garantizar los derechos de los mexicanos, "viola con impunidad aquellos derechos inherentes a soldados y oficiales" A raíz de ese hecho, se reabrió un expediente penal que había sido archivado por falta de pruebas, y lo consignaron por malversación, destrucción de bienes pertenecientes al ejército, delitos contra el honor militar, difamación, injurias y calumnias en perjuicio del instituto armado El 9 de noviembre de 1993, fue detenido y encarcelado en el campo militar número 1 Margarita Espino del Castillo, de la CMDPDH, en la carta enviada a la CIDH, refiere: "Si bien es cierto que el general Gallardo Rodríguez ha tenido a su alcance la protección de la justicia federal mediante los múltiples amparos interpuestos para hacer valer sus derechos, esto no le ha garantizado el cese de la persecución y (el) hostigamiento de que ha sido objeto, ni tampoco la seguridad jurídica y moral para él y su familia, ni que cada vez que haga uso de sus derechos de defensa y libertad de expresión sea sometido a otro proceso judicial" El 5 de enero, la CMDPDH solicitó por escrito al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), Enrique Cervantes Aguirre, que pusiera fin a la campaña de hostigamiento contra Gallardo Rodríguez y Eduardo Ibarra, director de la revista Forum Aseguró entonces que el general Gallardo Rodríguez es víctima de "una inmensa trampa jurídica tendida desde las más altas autoridades castrenses", dentro de la cual se quiere perjudicar también al editor de la revista Eduardo Ibarra tuvo que comparecer en la Procuraduría General de la República (PGR) para responder a los cargos que le imputa la SDN, por la publicación del artículo del general Gallardo Rodríguez El acoso militar a la publicación provocó ya la renuncia de dos colaboradores de Ibarra El 13 de enero, el general Tomás Angeles Dauahare, secretario particular de Cervantes Aguirre, acusó recibo de la carta de la CMDPDH, y en lugar de aclarar la situación legal de Gallardo Rodríguez y de Ibarra, solicitó la documentación que "nos permita conocer la personalidad jurídica, estatutos, objetivos e integrantes de la asociación a que dice usted pertenecer" Casi un mes después, la CMDPDH solicitó a Cervantes Aguirre autorización para que siete representantes de organismos de derechos humanos pudieran entrevistarse con el general Gallardo Rodríguez en el campo militar número 1 El entonces procurador militar, Carlos Calnacasco Santamaría, adujo, en su respuesta, remitida el miércoles 8, que no era posible y propuso, en cambio, que acudieran a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a presentar su queja sobre las supuestas violaciones cometidas por las fuerzas armadas en agravio de Gallardo Rodríguez En otro escrito, éste dirigido a Margarita Espino, Calnacasco Santamaría resume, en seis cuartillas, la situación jurídica del oficial detenido hace 16 meses Señala que los procesos que se le instruyen por la supuesta comisión de diversos delitos se han desarrollado con estricto apego a derecho y que el indiciado ha podido ejercer sus derechos constitucionales y legales en cada caso En el Juzgado Segundo Militar, adscrito a la primera zona militar, se llevó el proceso de Gallardo Rodríguez, quien se inconformó, promovió y solicitó el amparo y protección de la justicia federal El Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Penal negó el amparo contra el auto de formal prisión por los delitos de malversación, destrucción de bienes pertenecientes al ejército (en su modalidad de quema de archivos) y contra el honor militar Lo concedió, en cambio, contra el auto por los delitos de difamación al ejército, infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir al ejército, injurias y calumnias contra el ejército y las instituciones que de él dependen La defensa de Gallardo Rodríguez impugnó la resolución judicial y promovió un recurso de revisión, que fue admitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual, a su vez, lo turnó al Cuarto Tribunal Colegiado, con el número 33/94 El 7 de octubre de 1994 el tribunal revocó la decisión del juez y concedió amparo al general Gallardo Rodríguez por el delito contra el honor militar, y confirmó la negativa en los de malversación y destrucción de documentos En relación con el delito de enriquecimiento ilícito, el general Gallardo Rodríguez promovió juicio de amparo Pero el juez primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal decretó el sobreseimiento del juicio de garantías, ante lo cual el inculpado interpuso un recurso de revisión que no se resuelve aún El 21 de noviembre de 1994, el juez primero Militar, adscrito a la primera zona militar, inició la causa penal 2383/94 contra el general Gallardo Rodríguez por su probable responsabilidad en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito Un par de días después, fue declarado culpable Aunque originalmente el inculpado había apelado la resolución judicial, después se desistió Calnacasco Santamaría hace referencia luego al caso de Ibarra Aguirre Explica que las imputaciones contra el director de la revista Forum se desprenden del desglose de la indagatoria que fue turnada a la PGR para su investigación por violaciones de la Ley de Imprenta Por tanto, asienta, será la PGR y no la SDN la que defina la situación jurídica de Ibarra, aunque advierte que la Secretaría de la Defensa Nacional está "en posibilidad legal de requerir, por la vía judicial, el resarcimiento del daño moral ocasionado por Ibarra Aguirre, el general Gallardo Rodríguez y sus familiares y amigos, al emitir declaraciones sin respeto alguno en su contra sobre hechos que no son ciertos, produciendo descrédito en su buen nombre ante la opinión pública" Mariclaire Acosta, quien fuera presidenta de la CMDPDH, replicó el viernes 24 En carta dirigida al titular de la SDN, recuerda que los derechos humanos son universales e inherentes a la persona, y que la promoción y protección de éstos no son tampoco asunto exclusivo de una persona física o moral determinada, gubernamental o no gubernamental, nacional o internacional, sino de toda la humanidad En ninguna parte de la Constitución ni de la Ley de la CNDH ni de su respectivo reglamento ?subraya? se menciona que ésta sea el único organismo competente para conocer de violaciones de los derechos humanos Ello entrañaría, de suyo, dice Marie Claire, una violación de los derechos humanos y de las garantías individuales Además, no existe en ningún país democrático un sistema de registro obligatorio para los organismos de derechos humanos, pues esto sería contrario a la naturaleza de su condición de libre asociación ciudadana La expresidenta de la CMDPDH reiteró, por tanto, la solicitud para que un grupo de representantes de las organizaciones no gubernamentales puedan visitar al general Gallardo Rodríguez, cuyo caso también obra en expedientes de Amnistía Internacional, pero no en los de la CNDH (Proceso, No 0960-22/27 de marzo de 1995)

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