México, D F (apro)- La Secretaría de Gobernación dijo no al ultimátum de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, cumplido el plazo, se negó a aceptar la recomendación de dejar en libertad al general José Francisco Gallardo En un breve comunicado, a nombre del Gobierno de la República, la Secretaría de Gobernación se concretó a señalar que "el señor Gallardo Rodríguez" se encuentra interno en el centro de Readaptación social de Neza-Bordo, Estado de México, cumpliendo dos sentencias que fueron emitidas y confirmadas por los tribunales militares, por los delitos de malversación, destrucción de lo perteneciente al Ejército y enriquecimiento ilícito La dependencia, que en ningún momento se refiere a Gallardo como general, precisó que aún no se han agotado los recursos que las leyes mexicanas prevén para concluir este asunto Según la Secretaría a cargo de Santiago Creel, Gallardo Rodríguez tiene el derecho de impugnar los actos de la justicia militar, mediante la solicitud de un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación Para Gobernación, se trata de un caso que puede ser resuelto íntegramente por la justicia mexicana Pero señala que para ello, es necesario que así lo solicite "el señor Gallardo Rodríguez", lo cual hasta el momento no ha ocurrido En cuanto a la recomendación de la CIDH, la Secretaría de Gobernación afirmó que estará atenta al informe oficial que rinda la Comisión con motivo de la audiencia, y se seguirá prestando total colaboración a los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos Por su parte, la familia Gallardo manifestó su más "enérgica protesta" ante la negativa del gobierno del presidente Fox a acatar la recomendación 43/96, que data de octubre de 1996 y que exige la libertad del militar Al advertir que su lucha proseguirá hasta ver en libertad al general Gallardo, los familiares del oficial precisaron que ahora el caso se turnará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Según la familia Gallardo, la negativa a dejar en libertad al general, es un desafío del gobierno mexicano al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, además de que contraviene el discurso oficial en torno al respeto de los derechos humanos y tratados internacionales firmados por el gobierno