El caso del general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, preso por pedir la creación de una instancia protectora de los derechos humanos en las fuerzas armadas, llegó, a tres meses de su encarcelamiento a dos instancias judiciales y tres del Poder Ejecutivo federal Aparte del Segundo Juzgado militar -donde se le procesaba por malversación de fondos, destrucción de lo perteneciente al Ejército y difamación-, su situación se dirimía en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, ante el que Gallardo pidió amparo contra los tres autos de formal prisión que se le dictaron en 1993 Pero también en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, donde el militar jalisciense denunció administrativamente a ocho funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por incumplimiento de funciones y abuso de autoridad, y en la Secretaría de Gobernación, cuyo entonces director de Coordinación Política con los Poderes de la Unión, Bernardo Espino del Castillo, solicitó, el martes 8 de febrero, al general brigadier Enrique Fareyón Salazar, director general de Justicia Militar, investigar las denuncias que sobre la violación a las garantías individuales de Gallardo y su familia hizo, en carta al secretario Jorge Carpizo, el presidente del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Benjamín Laureano Luna El viernes 18, la Procuraduría General de la República se integró a la lista de dependencias gubernamentales que tienen que ver con el caso Gallardo El general preso denunció ante esa instancia que el miércoles 16 fue maltratado, cateado y robado por el coronel Joel Pinto Cárdenas, subdirector de la prisión En su denuncia, Gallardo explicó que a las 9:45 horas de ese día, Pinto Cárdenas, acompañado de un capitán que no labora en el penal, se presentó en la cuadra 17-A, donde está recluido, y ordenó a un sargento pasar revista "a ese general" Narra que el sargento le quitó la chamarra y lo "bolseó", sin encontrarle nada En seguida, Pinto, a quien apodan La Mula, empujó a Gallardo, para quitarlo de enfrente de su gabinete, y el mismo sargento sacó desordenadamente las cosas de su interior "Sin mi consentimiento -continúa Gallardo-, incluso dándome un aventón, el coronel Pinto me quitó un radio marca Sony, que me costó 250 dólares; una grabadora marca Olympus, que me costó 200 dólares; una navaja suiza (con destapador, abrelatas y otras herramientas), que me costó 80 dólares, y un suéter, que uso como pijama, que me costó 150 nuevos pesos" Agregó que después de la revisión se dio cuenta de que habían sustraído de su portafolios 2,000 nuevos pesos, que le habían sido entregados en la Unidad Ejecutora de Pagos de la prisión, como la parte no retenida de su salario de general brigadier "Le informé al Coronel Pinto de la falta del dinero en el acto, y no hizo nada" "Cabe hacer la aclaración -dijo- que en el interior del penal hay varios radios y grabadoras, walkmans, así como herramientas diversas: machetes, cuchillos, hachas, sierras caladoras y una diversidad de instrumentos punzocortantes, entre otros" Añadió que, "a consecuencia de que mi situación se ha ventilado en la prensa nacional e internacional, diversas autoridades se han abocado a instigar al personal de internos para que me insulten y me agredan; tal es el caso, que ya fui atacado físicamente y amenazado de muerte por un interno, hecho del que las autoridades de la prisión tuvieron conocimiento, y es hora de que no han hecho nada, es decir, todas las arbitrariedades quedan en la impunidad" En tanto, continuó la preocupación en el extranjero por la situación del general Gallardo La Asociación de Chicanos Veteranos de la Guerra del Golfo Pérsico, con sede en Denver, Colorado, se comunicó con la familia del militar encarcelado para ofrecerse a efectuar medidas de presión para obtener su libertad Asimismo, desde la oficina del congresista estadunidense John La Falce se informó que el legislador podría regresar a México para nuevamente intentar entrevistarse con Gallardo, cosa que le fue negada tres veces en su anterior viaje a México, en enero pasado de 1994 (Proceso 903 21 de febrero de 1994) Solicita Gallardo a los diputados visitar la prisión y revisar su caso Luego de seis meses de su ingreso en el penal castrense de Lomas de Sotelo, en noviembre de 1993, el general Francisco Gallardo Rodríguez había ganado ya tres amparos en contra de acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Asimismo, su detención y proceso judicial fueron calificados como irregulares por Abogados de Minnessota, una organización dedicada a la promoción y protección internacional de las garantías individuales Pero las presiones no cesaban, sino al contrario En mayo de 1994, las autoridades de la cárcel ordenaron que todos los internos, en su mayoría oficiales, que compartían con Gallardo Rodríguez la cuadra 17-A fueran reubicados en otros dormitorios En su lugar llegaron elementos de tropa, procesados y sentenciados por delitos graves, como homicidio También catearon las pertenencias de Gallardo Rodríguez y le confiscaron pilas, velas, revistas, un minirradio, un paquete de carne seca, un termo y una resistencia para calentar agua También la familia Gallardo Enríquez recibió una llamada anónima, la noche del 3 de mayo, en que se avisaba que "el alto mando" pretendía trasladar al militar detenido al centro federal de readaptación social de Almoloya de Juárez, estado de México Al día siguiente, Marco Vinicio Gallardo Enríquez, hijo del general, promovió un amparo para evitar el cambio En un comunicado que hizo llegar a este semanario, el general Gallardo Rodríguez atribuyó las nuevas medidas de "hostigamiento" en su contra al hecho de haber obtenido otros tres amparos contra actos de la Sedena La justicia federal obligó primero a la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar a Gallardo Rodríguez, en la prisión militar, su medalla por 30 años de servicio Después, la juez decimoprimera de distrito en materia penal lo amparó contra dos de los tres autos de formal prisión que lo tenían en el penal, referentes al presunto delito de difamación contra la Sedena, aunque dejó vigente su encarcelamiento por el desfalco que le atribuye el ejército Finalmente, el 29 de abril, el juez tercero de distrito en materia administrativa otorgó el amparo a Gallardo Rodríguez contra la resolución del Consejo de la Legión de Honor Mexicana, que negó al general encarcelado su ingreso en ese cuerpo, creado por decreto del presidente Miguel Alemán, en 1949, para distinguir a militares con más de 30 años de servicio o que hubieran realizado actos heroicos Con estas decisiones judiciales, Gallardo Rodríguez había ganado ya diez amparos en materia penal y siete en materia administrativa, desde que se iniciaron sus problemas con la administración de Carlos Salinas de Gortari La discusión e investigación del caso Gallardo Rodríguez en instancias civiles se incrementaron incesantemente A principios de mayo de 1994 se constituyó el Comité por la Libertad Inmediata e Incondicional del General Gallardo Rodríguez Además, y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió, el miércoles 18, una solicitud de Gallardo Rodríguez mismo para formar "una comisión pluripartidista que visite lo más pronto posible la prisión militar y conozca la situación jurídica y física en la cual me encuentro" En su carta, Gallardo Rodríguez afirma: "he sido víctima de la violación de mis derechos Durante cinco años he sostenido defensas en los tribunales y les he demostrado mi inocencia con las resoluciones a mi favor "No soy narcotraficante, homicida, ratero ni delincuente; mi propuesta es modernizar al ejército mediante la instauración de un ombudsman militar, que vigile la actuación de los mandos en todos los niveles y la aplicación de los recursos; que el alto mando militar comparezca y explique cómo se ejerció el presupuesto y las actividades generales que se realizaron durante el año El pueblo de México debe saber con qué ejército cuenta; debe sentirse seguro y orgulloso de él, pero para eso es indispensable que se tomen ciertas medidas que conduzcan a su modernización "En mis 31 años de servicio he servido con lealtad a las instituciones Soy partidario de la democracia, del respeto al federalismo, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial, de la subordinación total del ejército al poder soberano del Estado, del respeto irrestricto de los derechos humanos y de la participación pluripartidista "Soy patriota y respetuoso de la Constitución Por ello solicito su valiosa intervención en mi caso Considero que si queremos llegar al siglo XXI como Estado moderno, se necesita que el desarrollo del Estado y la actuación de la autoridad se sustenten en el respeto del individuo, de la dignidad humana y de los derechos ciudadanos, pues ahí radica el poder nacional Maniobra la Sedena contra el General Gallardo Pascal Beltrán del Río Con nuevos recursos, la Sedena se lanzó nuevamente contra el general Gallardo: Una agresión y amenaza de muerte en su contra, realizadas, el 25 de enero de 1994, por un teniente sentenciado por homicidio, fueron convertidas por la dependencia en acciones de Gallardo El juez militar que llevaba su caso, coronel Jorge Serrano Gutiérrez, le negó la libertad caucional, a pesar de que, según su abogado, Francisco Eduardo Trueba, no hay razón legal para ello Además, se trató de desvincular el caso Gallardo del "conflicto de armas" que entonces tenía lugar por la sucesión en la Sedena entre los miembros de los cuerpos de Infantería y Caballería, mediante una carta al diario La Jornada, enviada por el general de brigada Gastón Menchaca Arias, quien criticaba duramente a su compañero De acuerdo con Marco Vinicio Gallardo Enríquez, hijo del general encarcelado, la "campaña" de la Sedena contra su padre se debía fundamentalmente "a las elecciones; por ningún motivo quieren que salga en estos días y diga afuera lo que ha venido diciendo adentro" Entonces se preparaban las elecciones en las que resultaría electo Ernesto Zedillo Quizá por ello, el jueves 4 de agosto de ese año, el juez Serrano negó a Gallardo la posibilidad de quedar libre mediante una póliza de fianza, extendida por la Afianzadora Insurgentes por la cantidad de 307,466 nuevos pesos -monto de lo que supuestamente malversó Gallardo en su gestión al frente de la Villa Ecuestre del Estado Mayor de la Sedena Según un escrito elaborado por los familiares de Gallardo, el juez ordenó que el depósito para lograr la libertad caucional del general se hiciera en efectivo o mediante una hipoteca, pese a que los artículos 804 y 805 del Código de Justicia Militar consideran también la fianza e indican que "la naturaleza de la caución quedará a elección del acusado" Según el abogado Francisco Eduardo Trueba, "el juez militar, al no aceptar la póliza de fianza, hizo nugatorio el derecho de libertad caucional" Gallardo promovió un enésimo amparo por esa causa, el viernes 12, en el Cuarto Juzgado de Distrito en Materia Penal, El general también ha promovido amparos contra los tres autos de formal prisión que lo mantienen preso -uno es por malversación y destrucción de bienes (documentos) y dos son por difamación-; en el primer caso, se le negó la protección de la justicia federal, aunque en los otros dos sí le fue otorgada Dicha resolución está en proceso de revisión, solicitada tanto por la Sedena como por Gallardo La Sedena ha contratacado de otras maneras: Abrió una nueva investigación sobre el incidente del 25 de enero, en los patios de la prisión militar de Lomas de Sotelo, donde Gallardo, a decir de varios testigos, fue agredido por el teniente Mario Enrique González Gutiérrez Este, quien está sentenciado por homicidio, amenazó a Gallardo de apuñalarlo por la espalda, molesto porque tras de algunas declaraciones del general a la prensa sobre la corrupción en el centro penitenciario, se había cerrado la tienda de la cárcel, de la que él era concesionario La Sedena tuvo incluso que abrir una investigación y, el 17 de febrero, tomó declaraciones a Gallardo para integrarla Sin embargo, ahora resulta que fue Gallardo quien agredió a González Gutiérrez, quien le saca varios centímetros de estatura Basada en una serie de fotografías que curiosamente fueron tomadas durante el incidente, la Procuraduría General de Justicia Militar ha abierto una nueva investigación con esa hipótesis Además, el viernes 16 se publicó en La Jornada una misiva que el general de brigada diplomado de Estado Mayor Gastón Menchaca Arias envió a Gallardo Menchaca, quien es del Cuerpo de Caballería, igual que el general Gallardo, reclamó a éste su "mesiánico protagonismo", lo acusó de levantarse "por encima de la ley" y "en contra de la institución armada", de recurrir al extranjero en busca de ayuda, de ser un "porta insignias" de escritorio y de tener relaciones con "el grupo de transgresores del mal llamado EZLN", esto último basado en una información de Proceso, según la cual Gallardo fue invitado por el subcomandante Marcos a asistir a la Convención Nacional Democrática, celebrada recientemente en Chiapas En un escueto comunicado que envió a esta redacción, el general Gallardo comentó que él nunca recibió una invitación por escrito para asistir a dicho evento político y que no mantiene relación alguna con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; asimismo, dijo que su única intención ha sido "hacer valer todos mis derechos y, con la ley en la mano, denunciar las violaciones que se han hecho a mis garantías individuales" Para noviembre de 1994, amparo tras amparo, el proceso penal contra Gallardo se había ido esfumando: El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito no sólo determinó que no había fundamento para enjuiciar al general Gallardo por difamación, calumnias e injurias contra el Ejército -cargos que se le imputaron tras de haber publicado su tesis del ombudsman castrense-, sino que resolvió que dicha acusación "pugna con la lógica y la razón" Los magistrados Fernando Hernández Reyes, Alfonso Manuel Patiño Vallejo y Bruno Jaimes Nava apoyaron el amparo otorgado en ese sentido por la juez Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, Emma Meza Fonseca, y añadieron, en una sentencia de 150 fojas, que las opiniones de Gallardo "reflejan el respeto que guarda por las fuerzas armadas" Asimismo, determinaron que no ratificar la protección de la justicia federal al militar jalisciense, en ese rubro, "equivaldría a afirmar que el Ejército Mexicano no admite ninguna crítica y que sus miembros, por ese solo hecho, han perdido las garantías que les confiere la Constitución Federal" La intervención del Tribunal Colegiado, cuyo fallo es inapelable, fue demandada por la Sedena y la defensa de Gallardo para revisar la sentencia de la juez Meza Fonseca, a quien el militar encarcelado había solicitado amparo contra los tres autos de formal prisión que le dictó el juez castrense Jorge Serrano Gutiérrez La Procuraduría General de Justicia Militar consignó a Gallardo por "injurias, difamación, calumnias en contra del Ejército Mexicano y de las instituciones que de él dependen; así como contra el honor militar" y por "malversación y destrucción de lo perteneciente al Ejército" Sin embargo, en resolución emitida el 24 de marzo pasado, la juez Meza Fonseca otorgó el amparo a Gallardo contra su encarcelamiento por injurias, difamación y calumnias, aunque dejó vigente su consignación por atentar, con sus opiniones, contra el honor militar y causar la infracción de deberes comunes a los miembros de las fuerzas armadas Asimismo, respaldó con su laudo la decisión del juez militar Serrano Gutiérrez de dictar el auto de formal prisión por la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos y destrucción de bienes del Ejército Mexicano Ambas partes, por separado, pidieron la revisión del juicio de amparo Siete meses después, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió por unanimidad ampliar la protección de la justicia federal al general Gallardo Los tres magistrados ratificaron el amparo otorgado a Gallardo contra la causa penal 3188/93 ("injurias, difamación y calumnias contra el Ejército") y lo extendieron a la causa 3079/93 ("difamación al Ejército e infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir al Ejército") Y no sólo eso: Pese a que dejó vigente el encarcelamiento de Gallardo por la presunta destrucción de documentos de la Villa Ecuestre del Estado Mayor de la Sedena -Gallardo alega que los entregó en la secretaría particular del secretario de la Defensa-, amparó al general en cinco de los siete rubros del delito de malversación, que le imputa la Procuraduría Militar en la causa penal 2949/93 Así, la Sedena ha perdido casi todos sus argumentos para mantener a Gallardo bajo proceso penal, ya no se diga en prisión El tribunal colegiado sólo encontró razones para no ampararlo en el caso de su encarcelamiento por los delitos de destrucción de lo perteneciente al Ejército y malversación, "pero únicamente en lo que hace a las cantidades que se establecieron como faltantes con motivo a (sic) la venta de forraje, así como a la disposición indebida de vestuario y equipo" Pero además dejó muy endebles esas imputaciones: La sentencia refiere que existe un documento y un testimonio que acreditan que la documentación de la Villa Ecuestre, que Gallardo administró, fue entregada en la secretaría particular del titular de la Sedena y depurada a fines del sexenio pasado Y amparó a Gallardo contra su encarcelamiento por la presunta siembra del forraje que supuestamente vendió en su provecho La defensa de José Francisco Gallardo dio a conocer que una vez que el juez militar fuera notificado de la resolución del Tribunal Colegiado -que bajará en forma considerable la cifra de 307,466 nuevos pesos que, según la Sedena, habría malversado el general-, solicitará que aquél fije nuevamente una fianza para la libertad caucional de Gallardo El juez Serrano ya la había establecido, a fines de julio de 1994, pero negó a Gallardo la posibilidad de quedar libre mediante una póliza de fianza (Proceso 929) y exigió que la libertad caucional se respaldara en efectivo o mediante una hipoteca Francisco Eduardo Trueba, representante legal de Gallardo, protestó enérgicamente contra la decisión del juez -que, dijo, violaba la ley- y promovió un amparo en el Cuarto Juzgado de Distrito en Materia Penal, el 12 de agosto El 17 de octubre, el titular de ese juzgado, Hanz Eduardo López Muñoz, resolvió amparar a Gallardo contra la decisión del juez militar En su argumentación, López Muñoz advierte que el juez Serrano no fundamentó su decisión, "ya que éste no cita el o los preceptos legales que otorga facultades a dicho juzgador para limitar la forma de garantizar la reparación del daño" Aparentemente temerosa de quedarse sin un solo motivo para retener a Gallardo en la prisión castrense de Lomas de Sotelo, la Sedena se replegó: el 29 de octubre, una fuente de la dependencia consultada por el diario La Jornada, aseguró que Gallardo no estaba preso por difamar al Ejército, sino por "fraude, malversación y destrucción de bienes propiedad del instituto armado" Y, el 22 de septiembre, el jefe de la Sección de la Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, general Flores Gutiérrez, visitó a Gallardo en la cárcel para notificarle, ante un notario público que portaba una cámara de video, que se había detectado un "aumento desproporcionado" de su patrimonio Según el funcionario, Gallardo habría manejado casi 3,000 millones de viejos pesos en una cuenta a su nombre en el Banco Internacional, entre 1988 y 1991 Gallardo calificó de "mentirosa" la acusación y se negó a recibir el pliego preventivo de responsabilidad Aún así, éste fue dejado en su litera, con un aviso de que tenía dos semanas para contestar El 13 de octubre, Gallardo volvió a ampararse, esta vez ante un Juzgado en Materia Administrativa (Proceso 903, 917, 929 y 940 / 1994)