Washington - El gobierno de Vicente Fox se estrenó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con un compromiso: encontrar "las vías legales necesarias" para resolver siete casos de violaciones a los derechos humanos que esta Comisión sigue desde 1995, aún en aquellos en que existen sentencias definitivas En la audiencia del lunes 26 de febrero del 2001, -celebrada a puerta cerrada en la sede de la OEA en Washington-, dirigentes de organizaciones humanitarias y familiares de las víctimas mexicanas observaron un signo alentador: el gobierno de Fox envió al director de Derechos Humanos de la Cancillería, Juan José Gómez Camacho, después de que la administración de Ernesto Zedillo rechazó la presencia de cualquier funcionario mexicano en las sesiones de la CIDH En la audiencia -que duró más de cinco horas-, Gómez Camacho propuso una nueva reunión en territorio mexicano para analizar la situación de estos siete expedientes Más aún: se comprometió a "estar en contacto con los familiares de las víctimas, sus representantes y las autoridades para buscar las vías necesarias para resolver los casos" Entre esos siete casos se encontraba el del general José Francisco Gallardo Rodríguez, sentenciado por un tribunal militar a 28 años de prisión por los supuestos delitos de malversación de fondos, difamación, calumnias e injurias contra el Ejército Mexicano El frente de dicho proceso se encontraba el procurador de la Justicia Militar, el general Rafael Macedo de la Concha, y actual Procurador General de la República En octubre de 1996, la CIDH hizo la recomendación número 4396, en la que pide al gobierno de México la liberación del general Pero la administración de Ernesto Zedillo simplemente hizo caso omiso Ahora, la CIDH ratificó su recomendación, ante la cual el gobierno de Fox se mostró receptivo A la salida de la audiencia celebrada el lunes 26, Vinicio Gallardo, hijo del general, dio el beneficio de la duda al enviado del gobierno mexicano: "Si Fox es coherente con el discurso de que cumplirá con los tratados internacionales, y ahora con el cambio de actitud que vino a presentar el gobierno en la audiencia de la CIDH, la única señal que esperamos es la liberación de mi padre" Dijo, en entrevista, que la defensa de su padre solicitó el 19 de febrero un amparo contra el incumplimiento gubernamental de las recomendaciones de la CIDH Explicó que es un amparo "indirecto" porque no cuestiona la sentencia y que se presentó como un "recurso interno" ante el juez quinto de Distrito Penal en Netzahualcóyotl, Estado de México En ese entonces vio "buenas señales" del gobierno de Fox Comentó que el caso -archivado en la Secretaría de Relaciones Exteriores- "lo reabrieron para seguirlo estudiando" a la luz de las recomendaciones de la CIDH También destacó los "acercamientos" que mantuvo con el Consejero de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser, y con la embajadora especial para Derechos Humanos, Marie Claire Acosta" No obstante, reconoció que no será fácil para el gobierno de Fox encontrar un "mecanismo interno" para cumplir la recomendación de la CIDH Explicó: "Es difícil porque implica a un preso militar, a un general Y hay muchos militares en activo que participaron en la persecución y hostigamiento en contra de mi padre Incluso el actual procurador General de la República, Macedo de la Concha, tuvo mucho que ver con el caso" Cambio de actitud Entrevistado al término de la audiencia, Gómez Camacho explicó la nueva política del gobierno de Fox ante la CIDH: "Hemos venido aquí con un espíritu muy constructivo, con instrucciones muy claras del canciller Jorge Castañeda de expresar a la CIDH que estamos en la mejor disposición para trabajar con ellos y con las víctimas" Agregó que el actual gobierno otorga a la comisión "un espacio legítimo para trabajar y asumió el compromiso de cumplir nuestras obligaciones internacionales Nuestro sometimiento al sistema interamericano es parte fundamental de ese cumplimiento"Aseguró que "las acciones que habremos de adoptar no tienen otro propósito que satisfacer y reparar los daños que hubieran ocurrido en administraciones anteriores en materia de violación de derechos humanos" Advirtió que "los casos involucran a la justicia mexicana y para resolverlos tenemos que hacerlo con la ley Pero ahora hay un cambio muy importante en la actitud y la postura del Estado en estos casos "(México) no reconocía la competencia de la comisión en casos sobre los cuales ya hubiera pronunciamientos definitivos El Estado rechazó esa facultad y no venía a estas audiencias Ahora hemos venido y reconocemos que tenemos una obligación muy clara, que es tomar todas las medidas necesarias para resolver los casos de fondo, por la vía de la ley y con la cooperación de las víctimas "La primera regla será que las consideraciones no serán políticas sino jurídicas Y el tratamiento será igual para todos los casos, llámense general Gallardo o como se llamen" La presencia del enviado del gobierno mexicano y sus palabras en la audiencia de la CIDH provocaron esperanzas en representantes de organismos internacionales de defensa de derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez, director de Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), comentó que la audiencia "fue positiva porque por primera vez el gobierno mexicano manifestó su voluntad de cumplir con las recomendaciones de la comisión y su intención de trabajar en la búsqueda de mecanismos que garanticen la observación de los derechos humanos" En cuanto a la próxima reunión que se realizará en México, dijo que ese encuentro "ayudará a impulsar las recomendaciones, tanto generales como específicas Aunque sabemos que éste es un proceso lento, creemos que el inicio es bueno" Más prudente fue Michael Chamberlin, secretario de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos de México, quien señaló que si bien la participación de los representantes gubernamentales en la audiencia es "una buena señal, no es suficiente Falta concretar esa buena voluntad en mecanismos que permitan resarcir daños, castigar a los responsables, reparar la violación y establecer mecanismos para que esos abusos no se repitan" Además del caso del general Gallardo, las audiencias repasaron los expedientes de Rolando Hernández (asesinado en septiembre de 1994 tras ser detenido por la Policía Judicial en Plan de Encinal, Veracruz); la matanza de 17 campesinos indígenas en Aguas Blancas, en 1995; los homicidios de Severiano y Hermelindo Santiz Gómez en 1994; el asesinato de Pedro Peredo Valderrama en diciembre de 1986 en el Distrito Federal; la expulsión de tres sacerdotes extranjeros de Chiapas en 1995 (el estadunidense Loren Laroye Riebe Star, el argentino Jorge Barón y el español Rodolfo Izal Elorz) y la desaparición de dos maestros en Oaxaca en 1978 y 1988 La CIDH emitió recomendaciones para los casos de Gallardo, Hernández, Valderrama y los sacerdotes Para los restantes emitió "consideraciones de fondo", ya que los casos siguen abiertos (Proceso 1270, del 5 de marzo de 2001)