México, D F (apro)- A una semana de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazara a la Procuraduría General de la República (PGR) a iniciar la averiguación previa por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, los autores de la denuncia, exdirigentes de aquel movimiento estudiantil, encontraron las primeras imprecisiones del proceso judicial y aún no saben quién ni cómo iniciará la averiguación Así, aun cuando se les dio un plazo de 72 horas para declarar si están de acuerdo o no con el acatamiento que la PGR hizo de la orden de la Corte para iniciar las investigaciones, los exactivistas dijeron que están imposibilitados para pronunciarse en un sentido o en otro, ya que no cuentan con la información suficiente Según dio a conocer Raúl Alvarez Garín, el juzgado primero de distrito les informó que la investigación estará a cargo de la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos por Servidores Públicos Sin embargo, poco después la PGR informó que el caso se asignó a la "fiscalía de desaparecidos", a cargo de Ignacio Carrillo Prieto En conferencia de prensa, los miembros del Comité Nacional de Huelga de 1968 exigieron que la Procuraduría General de la República realice la averiguación previa conforme "al organigrama de responsabilidades" El lunes 25, los autores de la denuncia, que obligó a la PGR a iniciar la investigación de estos hechos ?para la que se prevé sea citado el expresidente Luis Echeverría--, recibieron, en la oficina del abogado que los ha asesorado, Juan Antonio Corzo Pérez Reguera, una notificación de parte del juzgado primero de distrito de procesos penales federales que lleva el caso En dicho aviso, el juez Tereso Ramos Hernández les notifica que ya obtuvo un oficio firmado por el director general del Ministerio Público Especializado "A" de la PGR, de quien no da nombre y el que, según el oficio DGMPE "A"/0472/2002, habría comunicado el "cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte" Sin embargo, las suspicacias de los exdirigentes estudiantiles se fundan en el hecho de que la notificación que recibieron del juez carece de toda la documentación que menciona la PGR Sobre todo, a los denunciantes y testigos presenciales de aquella masacre les provoca desconfianza el cambio en el nombre del cargo de quien seguirá la denuncia y que, según la notificación del juez, la PGR "remitió al fiscal especial para la atención de los delitos cometidos por servidores públicos" El cargo contrasta con la versión emitida recientemente por el procurador Macedo de la Concha, quien dijo que quedaría en manos de Ignacio Carrillo Prieto, genéricamente llamado "fiscal de la guerra sucia", pero cuyo cargo oficial es "fiscal especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado" En procesos judiciales "todas las imprecisiones cuentan", comentó el exdirigente Félix Hernández Gamundi, junto con sus compañeros Ana Ignacia Rodríguez, Raúl Alvarez Garín y Raúl Jardón, en una conferencia de prensa realizada en las oficinas que el comité tiene en la colonia Roma Por esta situación, informó a Apro el abogado Corzo Pérez Reguerez, el jueves 28 presentarán un escrito de inconformidad ante el juzgado primero de distrito, en el que denunciarán la falta de documentación, las imprecisiones y la falta de constancias de que ya inició la averiguación previa Los exlíderes dijeron que quien finalmente quede a cargo de las investigaciones deberá dar a conocer públicamente su plan de trabajo y establecer de forma clara "las líneas principales, el grado de detalle y precisión de las mismas, así como la velocidad de los trabajos" Y advirtieron que el responsable de este caso, supuestamente Ignacio Carrillo Prieto, no deberá seguir pistas falsas para "confundir o retrasar deliberadamente las indagatorias" No nos conformaremos, dijo Alvarez Garín, "con que las autoridades digan que los documentos que demuestran las responsabilidades no están en los archivos que pronto serán abiertos a la consulta pública Finalmente, dijo, los demandantes consideran que los gobiernos posteriores al sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, cuando tuvo lugar la matanza, también tuvieron responsabilidad en la masacre, por omisión en la investigación y sanción de los hechos El caso de la matanza de Tlatelolco llegó a la Corte después que, en 1998, los exdirigentes presentaran una denuncia de hechos en contra de más de 40 funcionarios del gobierno mexicano, a quienes acusaron de genocidio y delitos de lesa humanidad Sin embargo, en ese año la PGR desistió de iniciar la investigación, bajo el argumento de que los delitos denunciados habían prescrito, ante lo que los denunciantes recurrieron al recurso de amparo, que la Corte les concedió cuatro años después, en enero pasado, cuando también ordenó a la PGR iniciar de inmediato la averiguación previa de estos hechos