México, DF (apro) - Las pugnas al interior del gabinete de Vicente Fox respecto de quién debe administrar, cómo y cuánto de los multimillonarios recursos que genera Petróleos Mexicanos debe entregar al Gobierno federal, continúan saliendo a la luz pública A mediados del año pasado, Ernesto Martens, secretario de Energía, y Francisco Gil Díaz, de Hacienda y Crédito Público, hicieron patentes sus diferencias respecto del dinero que Petróleos Mexicanos (Pemex) debe entregar al fisco federal, vía impuestos Ambos secretarios de Estado trataban de configurar un nuevo esquema fiscal para Pemex Sin embargo, sus diferendos en torno de los conceptos y los montos de recursos fiscales que la paraestatal debería transferir al Gobierno federal abortaron el proyecto Ernesto Martens prácticamente acusa a Francisco Gil Díaz de ser el responsable del fracaso del proyecto tributario que entraría en vigor a partir de este año En un documento interno de la Secretaría de Energía, elaborado en julio del 2001, la dependencia destaca que el nuevo esquema fiscal que propuso Hacienda es "altamente confiscatorio" Dicho esquema, agrega, funciona como mecanismo de protección a la recaudación pública ante posibles bajas en los precios del petróleo, política que, dice, es "contraria a la autonomía de gestión y a la modernización de la empresa" De hecho, afirma que durante los últimos 20 años el régimen fiscal de la paraestatal ha sido altamente confiscatorio y ha protegido la insuficiencia en la recaudación tributaria La contribución de Pemex a las finanzas públicas en los últimos años ha sido de aproximadamente 35 por ciento de los ingresos del país, y el gravamen promedio sobre los ingresos brutos de la empresa es de 65 por ciento Los impuestos durante los últimos tres años fueron de tal magnitud, que superaron la utilidad antes de impuestos Por ello, según la Secretaría de Energía, la paraestatal ha tenido que recurrir al mercado de capitales externo para poder pagar los impuestos, que han sido superiores a la utilidad de operación de la empresa El documento destaca que el saldo de la deuda total de Pemex ha crecido 25 veces en diez años, mientras que sus pérdidas han ido en aumento, pues en el 2000 ascendieron a 22 mil millones de pesos, 6 mil millones más que un año antes "La estructura financiera de Pemex se ha deteriorado notablemente En 1993, el patrimonio de Pemex fue de 70 por ciento, mientras en el 2000 fue de tan sólo 31 por ciento" El régimen fiscal actual, agrega la dependencia a cargo de Ernesto Martens, aunado a la ausencia de autonomía de gestión de la entidad, afectó los planes operativos, lo que la llevó a una disminución de las reservas probadas por falta de recursos de inversión en exploración De hecho, dice, en los últimos años se ha invertido menos de 10 por ciento del programa de inversión, siendo que otras empresas invierten entre 20 y 30 por ciento de su programa de inversión en exploración No obstante ello, Ernesto Martens deja en claro en su documento que la propuesta de Hacienda no plantea nada nuevo para mejorar la situación de Pemex y sí, en cambio, le provocaría "pérdidas sistemáticas, endeudamiento creciente y disminución de su patrimonio" Y es que Francisco Gil Díaz propone gravar a Pemex bajo un esquema de flujo de efectivo; un derecho sobre la renta económica, aplicándole 85 por ciento de lo que resulte (ingresos menos gastos), que sería progresivo para llegar a 95 por ciento en un plazo de cinco años Quiere que la paraestatal entre en un esquema fiscal de depreciación inmediata de los activos a ciento por ciento; actualización de los gastos preoperativos a 10 por ciento arriba de la inflación, y un nuevo impuesto, que sería un monto predeterminado de recaudación a cada nivel probable de precio del petróleo, que se incrementaría cada año, tomando como referencia el valor de las Unidades de Inversión (Udis), más dos por ciento Estos dos componentes (el derecho de renta económica, más el nuevo impuesto) se complementarían para aplicarse de la siguiente forma: A precios bajos del petróleo, se aplicaría un monto predeterminado mayor; a precios medios y altos, se aplicaría el derecho de renta económica y un impuesto menor Todas las demás subsidiarias se gravarían con el Impuesto sobre la Renta (ISR) De aplicarse este esquema y considerando precios promedio de entre 1766 y 1872 dólares por barril de petróleo del 2002 al 2006, Hacienda estima que Pemex tendría que pagar de 194 mil 400 millones a 211 mil 800 millones de pesos Sin embargo, Ernesto Martens refuta esa posición fiscal que quiere para Pemex el secretario de Hacienda porque, según dice, el esquema tributario propuesto por Gil Díaz traería "pérdidas sistemáticas, endeudamiento creciente y disminución de su patrimonio" En el pasado, agrega, Pemex pagó montos de impuestos en concordancia con los precios del petróleo prevalecientes Con el nuevo sistema fiscal propuesto por Hacienda para la paraestatal, pretende cobrar los mismos montos, cuando las expectativas de precio son mucho menores Ante ello, Ernesto Martens hizo su propia propuesta fiscal, la cual se caracteriza "por ser un sistema adecuado a las prácticas internacionales, moderno y eficiente, que permite prácticas empresariales y que garantiza un ingreso al fisco igual al presupuesto del 2001 (180 mil millones de pesos) y dar estabilidad a Pemex para que sus programas y proyectos sean articulados; no la política de freno y arranque en los proyectos de inversión por la baja en los precios del petróleo" Bajo ese sistema, según el secretario de Energía, Pemex podría cumplir su plan estratégico: exploración acelerada para reconstituir e incrementar reservas; producir 3 millones 800 mil barriles diarios de petróleo y tener la posibilidad de exportar productos con valor agregado; construir una nueva refinería de 300 mil barriles diarios, que permita satisfacer la demanda interna y dejar de importar; aumentar la producción de gas natural no asociado, y cambiar la tendencia de importaciones crecientes Asimismo, integrar las cadenas productivas en petroquímica y satisfacer el mercado interno; reducir costos y gastos por 30 mil millones de pesos en seis años, en beneficio de Pemex; aplicar un programa de inversiones que tiene como piso 90 mil millones de pesos por año, durante los próximos seis; que Pemex pueda desendeudar y reconstituir su capital y patrimonio Con ello, dice, Pemex deberá tener utilidades sistemáticas y crecientes, permitirle flexibilidad en sus programas de operación, no como ocurre actualmente, que se le obliga a explotar los yacimientos más rentables por las necesidades de flujo del gobierno De lograr todo esto, según Ernesto Martens, "Pemex será de las mejores empresas del mundo, de clase mundial", además que se compromete a entregar al fisco 180 mil millones de pesos anuales, y en el supuesto de una baja el precio, la paraestatal puede cumplir hasta con un precio de 15 dólares por barril, mediante deuda y dividendos de las utilidades "Con un precio por debajo de los 15 dólares, con grandes sacrificios, Pemex puede lograrlo, sacrificando en un tercio su programa de inversiones" Martens dibuja también un escenario de precios por debajo de los 10 dólares por barril y ese caso no asume ninguna responsabilidad, sino que se la traslada al titular del Poder Ejecutivo Con un precio por debajo de ese piso, "las diferencias serían tan importantes que se consideraría una emergencia nacional, sobre la que tendría que decidir el presidente de la República" Pero eso sí, defiende su postura de empresario y vierte algunos conceptos ante los escenarios que enfrentaría la paraestatal en los próximos años "No es necesario establecer una red de protección fiscal, que es contraria a la autonomía de gestión y a la modernización de la empresa" A juicio de Martens, la modernización de Pemex debe incluir su capitalización, el reordenamiento de precios y la transparencia en los subsidios, pues éstos no deben ser en contra del patrimonio de la empresa, sino que deben incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que los autorice el Congreso Indica que sacar a las empresas del presupuesto no significa independencia sino cuentas separadas Señala también que el déficit o superávit del gobierno debe aislarse de las empresas paraestatales y que, en el caso de los precios, debe ser una facultad del consejo de administración de Pemex "Lo que propone la Secretaría de Energía es retomar el espíritu de la Ley de Entidades Paraestatales y que las facultades sean del consejo de administración, no como sucede actualmente, que se subordinan a disposiciones administrativas"