México, DF (apro) - La desviación ilegal de recursos públicos para la compra, inducción y coacción del voto en los procesos electorales ya no es una acusación recurrente y exclusiva contra el PRI; ahora "nadie se salva del pecado", y el delito empieza a detectarse también donde gobiernan PAN y PRD Lo dice Silvia Alonso, de Alianza Cívica, con la seguridad que le da el hecho de presidir el organismo con mayor experiencia en México como observador electoral Asimismo, expresa su temor de que aquella "práctica perniciosa" se generalice cada vez más En su momento, afirma, "nosotros tuvimos documentación que evidenciaba que realmente los recursos públicos estaban siendo utilizados con fines partidistas, identificando muy puntualmente al PRI, tanto en el 94 y en el 97, como en el 2000; tenemos pruebas de ello, e inclusive denuncias que fueron presentadas ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), que desafortunadamente no procedieron" Pero ahora resulta que sí proceden, y uno de los análisis que hace es que el PAN --el partido del Presidente de la República-- se prepara para el proceso federal del 2003, donde se va a definir la composición del Congreso, y la lucha fuerte se prevé que será entre este instituto y el PRI por lograr la mayoría, lo cual quiere decir que se están dando las condiciones para reposicionar a los partidos ante la opinión pública "La preocupación que tenemos es que esto vaya a ser el contexto político en que nos desenvolveremos de aquí hasta el 2006: pugnas entre los partidos más poderosos, y que se vayan sacando cuestiones que antes se ignoraron, como el vigilar este tipo de irregularidades y llegar hasta las últimas consecuencias" De esta forma, Silvia Alonso se refiere a la denuncia presentada por el gobierno de Vicente Fox sobre la presunta desviación de mil cien millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero, y de éste a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa El caso remite también a otra seria preocupación de las organizaciones civiles como AC, respecto de las atribuciones que debe tener el Instituto Federal Electoral (IFE), esto es, una mayor autoridad para investigar y sancionar este tipo de transgresiones de los partidos Lo que sucede es que actualmente el compromiso de éstos es reportar al IFE sólo los recursos públicos que reciben, mas no así las aportaciones privadas que utilizan en sus campañas, que están sujetas a un control muy limitado "Por eso la confusión Dulce María Sauri, presidenta del PRI, dice que sus informes están comprobados, aunque el IFE no puede investigar, dentro de la estructura interna de ese instituto dónde se encuentran o gastaron los mil cien millones de pesos" Esto quiere decir, sostiene, que hay vacíos reglamentarios muy fuertes en la administración de los recursos de los partidos, porque no hay acceso a ellos, de ahí la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) En su momento, Alianza Cívica siempre ha expresado inquietud por el manejo que hacen los partidos políticos del financiamiento público que reciben, y como el PRI es el partido que perduró 71 años en el poder, habitualmente se le ubicó como el que cometía estas prácticas ilegales Silvia Alonso señala que el PRI se ha hecho famoso en todo el mundo por ser uno de los partidos más corruptos, lo que fue constatado por organizaciones civiles de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón durante los últimos sexenios, principalmente en el 2000, en el que actuaron como observadores electorales en el país Dañada, la labor del IFE Silvia Alonso, de Alianza Cívica (AC), destaca que el PRI se hizo de mala fama en el mundo al ser caracterizado como uno de los partidos más corruptos, lo que fue constatado por organizaciones civiles de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón durante las últimas jornadas electorales, sobre todo en el 2000, en el que aquéllas actuaron como observadores electorales en el país Y es que, de acuerdo con lo informado por Proceso en ese año, conforme las denuncias expuestas en las ediciones 1218 al 1234, el PRI recurrió, además del caso Pemex, a 173 programas sociales dirigidos a los más pobres del país, sobre todo Progresa y Procampo, para inducir el sufragio a su favor, lo que obligó a diputados de la oposición, a ONG y a observadores internacionales a realizar un programa de acción "en defensa del voto libre" Las prácticas priistas para asegurar el voto con el apoyo de recursos públicos incluyeron el reparto de despensas y materiales de construcción, la inasistencia laboral a cambio de acudir a las concentraciones del tricolor, el obsequio de souvenirs, la disminución de precios en artículos de primera necesidad y, cuando todo esto no funcionó, hasta las amenazas a quien se atrevió a denunciar delitos electorales A esto se sumó la participación de funcionarios y gobernadores priistas a los que el propio Labastida pidió, el 29 de abril de ese año, "capitalizar" electoralmente los programas sociales, con la precaución de que no se cometieran los delitos tipificados en el artículo 407 del Código Penal Sin embargo, Elodia Gutiérrez y Armando Aguirre Herviz, presidenta y secretario de la Comisión 2000 de la Cámara de Diputados, encargada de investigar los desvíos de recursos públicos con fines electorales, informaron en Estados Unidos, el 14 y 15 de junio de ese año, a congresistas y funcionarios norteamericanos, de un total de 82 denuncias al respecto "Hoy --indica Silvia Alonso-- se dice que una de esas denuncias se filtró a los medios, lo que nos lleva al grave problema que tenemos en México en cuanto al acceso a la información, y a si los ciudadanos tenemos derecho a saber o no lo que está pasando "Aquí es una investigación que está en proceso, y dicen que haberla publicitado antes de tiempo puede tener sus consecuencias, sobre todo porque abre la posibilidad de ser manipulada, lo que tiene que ver mucho con la cultura política con que nos hemos manejado los mexicanos" No obstante, la denuncia sienta un precedente importante, debido a que el PRI es un partido fuerte, al que se le puso el dedo en la llaga en un punto central, y por lo tanto tendrá más cuidado, "pero de aquí a que se llegue realmente a una sanción justa si se comprueba el hecho, lo veo difícil", asegura la presidenta de AC Según ella, acciones como las que se están ventilando pueden ser sancionadas civil y penalmente, pero también hay una reglamentación que compete al IFE, la que tiene que ver con la estructura del partido mismo Las sanciones van desde la suspensión temporal del registro, hasta la anulación del mismo o la aplicación de una multa, que va de 50 a 5 mil salarios mínimos Aparte, están todas las demás que se desprendan por delitos como fraude "Dentro de la ley está considerado el riesgo de perder el registro, sólo que eso sería algo verdaderamente excepcional, que atraviesa mucho por las negociaciones que al interior hagan los mismos partidos políticos" Silvia Alonso opina que de este escándalo debe quedar claro que no implica ninguna negligencia por parte del IFE, sino más bien que es una falta de atribuciones para investigar, pues solamente revisa los informes de los partidos y únicamente indaga sobre lo que está reportado En este sentido, añade, hay una serie de reformas pendientes a escala electoral, que ve muy difícil que se concreten antes de las elecciones del 2003, por lo que darle un mayor poder al IFE será de los asuntos que aún quedan pendientes Explica que los delitos de que se acusa al PRI no son nuevos; señala a este partido de lastimar la dignidad de los ciudadanos y, con la nueva correlación de fuerzas, expresa su esperanza de que se acabe con la impunidad "Nosotros estamos muy atentos para ver qué pasa y ver cuál es la posición del IFE ante esta situación; hasta el momento su actitud ha sido de bastante cautela, creo que es conveniente que haga una indagatoria fuerte de lo que pasó, ya que de alguna manera resulta involucrado, pues el PRI le presentó un informe y sobre éste se emitió un juicio, aplicando una pequeña multa al Revolucionario Institucional "El maestro José Woldenberg ya dijo que solicitará la información a la PGR, a la Secodam y demás instancias, a fin de que pueda ayudarle a tener una visión más completa de este caso Nosotros confiamos en el IFE y estaremos atentos a la decisión que tome" Por otra parte, Alonso sostiene que las acusaciones de corrupción que se le hacen al PRI afectan gravemente su imagen, de ahí que su reto sea convencer a la sociedad de que ha cambiado; "le queda poco tiempo para recuperar credibilidad y su proceso interno será realmente una prueba de fuego" Si se da un proceso viciado, advierte, las repercusiones serían muy serias, pues la ruptura se iría dando a cuenta-gotas, sobre todo de gente importante "En realidad es el viejo PRI el que está compitiendo por la dirigencia; ojalá se diera un proceso abierto y limpio, pero si sigue como empezaron, con irregularidades en el registro y acarreos, queda en duda si realmente le van a apostar a una contienda democrática "Sería muy interesante que los partidos políticos nos invitaran como observadores de sus procesos internos que hoy por hoy están llevando a cabo; en AC tenemos la metodología y la experiencia para hacerlo, aunque sabemos que la idea de ser observados no los atrae" Silvia Alonso termina con la denuncia de que las nuevas instalaciones de Alianza Cívica fueron saqueadas el jueves 17 de enero, lo que constituye el tercer robo en siete años, con la particularidad de que sólo sustraen el equipo de computación y, en consecuencia, los expedientes que contienen los datos duros acerca de los últimos procesos electorales