Luego del indulto a dos pescadores, la pregunta al gobierno de Vicente Fox es: ¿y los casos pendientes? En los primeros meses de la gestión de Vicente Fox, los indicios parecían encaminarse al reinicio del diálogo entre el EZLN y el Gobierno federal El mismo día de su toma de posesión, Fox ordenó el retiro de los retenes en el estado y nombró a Luis H Alvarez comisionado para la Paz en Chiapas Días después, el EZLN le solicitó cumplir con tres demandas en torno a los problemas significativos que atraviesan los pueblos indios, como la presencia militar, la represión y el reconocimiento de sus derechos como pueblos Fue en estos puntos donde la voluntad federal comenzó a dar traspiés Un año después se corroboró el incumplimiento del Gobierno federal: las tropas militares de las siete posiciones fueron reinstaladas en campamentos castrenses próximos y se colocaron en el terreno abandonado puestos de "observación", donde se registraba por escrito todo movimiento Los presos políticos no han sido liberados en su totalidad Faltan algunos del fuero federal y otros del fuero común en Querétaro y Tabasco, y a los liberados no se les reconoció su carácter de presos políticos Las reformas a la ley en materia indígena resultaron contrarias al espíritu de los Acuerdos de San Andrés, para colocarse de nueva cuenta como uno de los pendientes apremiantes en la agenda del proceso de paz En Querétaro, el gobernador Ignacio Loyola, dispuesto a "no enrarecer aún más el clima" de confrontación entre el gobierno foxista y el EZLN, dijo estar dispuesto a revisar los expedientes de los dos presos zapatistas Sin embargo, hasta el día de hoy continúan recluidos los líderes del Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas, (FIOZ), Jerónimo Sánchez Sáenz y Anselmo Robles Sánchez Los dirigentes fueron detenidos el 5 de febrero de 1998 cuando, al finalizar los festejos por la Constitución de México en Querétaro, un grupo de manifestantes interceptó el autobús en que viajaba el gabinete legal del gobierno y lo apedreó Ambos fueron sentenciados a diez años de cárcel por diversos delitos del fuero común, entre ellos el de despojo Empero, invariablemente, los caminos de la injusticia conducen al estado de Guerrero Ahí, donde los presos de conciencia se multiplican Por eso están ilegalmente en la cárcel Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, como ilegalmente estuvieron los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y desaparecido el profesor Gregorio Alfonso Alvarado López Erika Zamora, presunta integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (EROI), fue detenida el 6 de junio de 1998 en el poblado el Charco, Municipio Ayutla de los Libres, tras una balacera en donde fueron ejecutados 11 indígenas mixtecos a manos de miembros del Ejército mexicano Erika se dice sobreviviente de la masacre de El charco Lleva poco más de tres años y medio de estar presa, acusada "injustamente" de diversos delitos, con dos procesos plagados de irregularidades y dos sentencias basadas en una declaración militar firmada bajo tortura física y psicológica Con estas declaraciones ministeriales forzadas, el juzgado cuarto de distrito acusa a Erika Zamora y a Efrén Cortés de terrorismo, asociación delictuosa, acopio de armas y portación de armas de uso exclusivo del ejército El caso del general José Francisco Gallardo igualmente se inscribe entre los presos de conciencia que "injustificadamente" se encuentra purgando una sentencia que amenaza con resolverse en última instancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pública y abiertamente, el general Gallardo rechaza alcanzar su libertad mediante el indulto presidencial, aun cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 1997 demanda al Estado mexicano su inmediata libertad Presos de conciencia susceptibles de ser indultados son también los hermanos Héctor, Alejandro y Antonio Cerezo Contreras, quienes se encuentran recluidos en el Penal de Almoloya, acusados de participar en los petardazos en sucursales de Banamex Aunque miembros de su familia los considera "rehenes de Estado", los tres se asumen como "presos de conciencia" o "presos políticos" Y es que su delito es que sus padres, Francisco Cerezo y Emiliana Contreras, fueron identificados como presuntos dirigentes del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR) Cuando sus hijos fueron aprehendidos por el Ejército en su domicilio de Santiago Tepalcatlalpán, Xochimilco, el 12 de agosto del 2001, la pareja no se encontraba en el lugar y desde entonteces se desconoce su paradero De acuerdo con una investigación del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), los verdaderos nombres de los padres de los hermanos Cerezo Contreras son Tiburcio Cruz y Elodia Canseco, originarios de Oaxaca y sumados a la clandestinidad desde la guerra sucia de los años setenta, cuando, según el Cisen, cambiaron de identidad * * * * * El primero de diciembre del 2000, el presidente Vicente fox formalizó oficialmente la posibilidad de modificar, a fondo, el legado de un régimen que violentó sistemáticamente los derechos humanos Más aún, se comprometió públicamente a sentar los mecanismos y los procesos, con acciones concretas, necesarios para que los mexicanos y mexicanas ejercieran sus derechos a plenitud Fox dijo: México no será más referencia de descrédito en materia de derechos humanos Vamos a protegerlos tanto como nunca, a respetarlos como nunca y a consolidar una cultura que repudie cualquier violación y sancione a los culpables Sin embargo, la oferta de constituirse en un gobierno de transición, que rompiera con las prácticas y políticas del Estado mexicano violatorias de los derechos humanos, se da a cuenta gotas Muestra de ello es que en el Programa Nacional de Desarrollo no hay una palabra sobre el tema de Derechos Humanos, y éste es el plan maestro de lo que el gobierno quiere hacer en los próximos años La alusión que el presidente Fox hiciera aquel 1 de diciembre del 2000 respecto a que México no volvería a ser señalado negativamente en el ámbito de derechos humanos, encontró su antítesis de la forma más atroz, con el crimen de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa Plácido La actuación del presidente Fox ante el artero crimen osciló entre la indiferencia y la ignorancia Su reacción tardía evidenció la ausencia de una política de Estado en materia de derechos humanos, y concretamente en torno a la protección de los defensores