Los expedientes sobre la matanza del 68 y de la "guerra sucia" de los años setenta que contienen transcripciones textuales de conversaciones telefónicas, fotografías de presuntos guerrilleros, detenidos y fichados que serán expuestos al público en los próximos días deberán ser sometidos a "criterios de censura", explicó a Proceso, la directora del Archivo General de la Nación (AGN), Stella González Después de poco más de un mes de haber recibido "físicamente" los archivos que se mantuvieron ocultos por órdenes del gobierno, a través del Cisen ?y que aún no se han entregado de manera oficial? la funcionaria sostiene que el AGN está listo para la "apertura", pese a que algunos especialistas consideran que la disposición presidencial del 27 de noviembre, saque a la luz pública los detalles de la vida privada de las víctimas de la represión de esos años En un reportaje, en la revista Proceso que empieza a circular el domingo 31 de marzo, González resalta que debido a la inexistencia de un marco legal que regule dicha "apertura", se tendrá que utilizar un criterio para que no se dé a conocer los detalles privados de los actores de dichos acontecimientos De acuerdo con Proceso, el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, y el investigador Sergio Aguayo ?en entrevistas por separado-- coinciden en que abrir esos archivos rebasa el marco legal vigente, por lo que sería prudente elaborar una ley de acción a la información que siente criterios de lo que debe ser público y lo que se debe proteger por respeto a la vida privada de la gente El problema de permitir la "apertura" de los expedientes no es sacar a relucir la vida privada de los afectados, sino que esos documentos están organizados para "su preservación y no para su consulta", advierte el exdirector de la Federal de Seguridad y fundador del Cisen, Jorge Carrillo Olea, en la entrevista que aparece en el número 1326 de Proceso, en circulación el domingo 31 de marzo