Investigan a exagente del MP vinculado a robo de infante

viernes, 8 de marzo de 2002
Guadalajara, Jal (apro)- Un año después que fue denunciada la ilegal adopción de niños en Jalisco (Proceso 1265), la Procuraduría de Justicia del Estado investiga a la exagente del Ministerio Público, María de Lourdes Alvarez, acusada del robo de una niña Valiéndose de su puesto, María de Lourdes, asignada a un juzgado de lo civil de Arandas, registró a su nombre a la hija de María de los Angeles Horta, hecho que habría ocurrido hace ya más de cuatro años En 1997, María de los Angeles Horta, madre soltera, dio a luz a una bebita la que, por razones familiares y para evitar el enojo de sus padres, dejó encargada con una vecina Al paso del tiempo, cuando la madre no recogió a su hija, la vecina la entregó a las autoridades municipales, hecho que dio lugar a que la agente del MP, al enterarse de tal situación, registrara a la recién nacida como hija suya El año pasado, el presidente de la Fundación Internacional de Niños Robados y Desaparecidos (FIND, por sus siglas en inglés), Juan Manuel Estrada, denunció que agentes del MP, magistrados y personal del DIF estatal, estaban involucrados en el robo, tráfico y adopción ilegal de infantes FIND involucró directamente en estos hechos al Consejo Estatal de la Familia (CEF), y acusó que ese organismo, filial del DIF, se dedicaba a dar en adopción a extranjeros, sobre todo españoles, a niños de la calle, menores de clase muy humilde que estaban en guarderías o a cargo de terceras personas o a hijos de prostitutas o mujeres desobligadas En su momento, el acusador y sus abogados documentaron al menos media decena de casos de niños dados en adopción ilegalmente o que estaban en proceso, en contra de la voluntad de sus padres Acusó concretamente de tales delitos a la secretaria del CEF, María Luisa de Obeso de Vergara, esposa del exprocurador de Justicia, Jorge López Vergara, posteriormente diputado y ahora funcionario de la Secodam Se desconoce hasta ahora si esa persona esté dentro de las investigaciones que se siguen, sobre todo después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo una recomendación al gobernador Francisco Ramírez Acuña para que pusiera remedio al problema o el caso fuera atraído por la PGR Gerardo Octavio Solís Gómez ha declarado que no se opone a que la PGR haga su parte y que, en lo que a él compete, no se ha desatendido el asunto 08/03/02