--Presentó ante la Corte una controversia constitucional contra el Senado --Proceso publicó, en diciembre pasado, un amplio reportaje sobre la guerra sucia México, D F (apro)- El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, informó que el 13 de abril presentó una controversia constitucional contra la declaración interpretativa con que el Senado de la República aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que establece que dichas prácticas en México no podrán investigarse si ocurrieron antes de la entrada en vigor del instrumento En su diaria conferencia de prensa, el mandatario de la ciudad informó que desde el 13 de abril acudió ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) para abrir una controversia contra la medida aprobada en noviembre por el Senado y que parte, dijo, de una incorrecta interpretación del principio constitucional de no retroactividad de las leyes En el marco del debate sobre la guerra sucia, que reinició luego que Proceso publicó, en sus números 1309 y 1310, un reportaje especial que incluyó fotografías inéditas sobre la represión gubernamental la noche del 2 de octubre del 68, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el recurso que ahora interpone el jefe del GDF se suma a las voces que desde entonces demandan se castigue a los responsables de las desapariciones forzadas También Proceso dio cuenta, el 2 de diciembre, del informe de la CNDH sobre desapariciones forzadas y el malestar que el mismo causó en ciertos sectores del Ejército y el debate previo a la designación del fiscal especial para la guerra sucia La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, es un instrumento del derecho internacional que define la desaparición forzada como un crimen imprescriptible, que será perseguido y sancionado sin importar el tiempo transcurrido Este instrumento está vigente en varios países desde 1944, sin que el gobierno mexicano lo hubiera suscrito hasta el año pasado Sin embargo, al aprobar la ratificación de la Convención, el Senado de la República lo hizo bajo la interpretación de que esta normatividad sólo aplicará a partir de la entrada en vigor de la misma Es decir, que no se podrá investigar ni sancionar las desapariciones ocurridas en México antes del 2001 López Obrador expresó que además de la declaración interpretativa, se impugna la reserva hecha por el Senado, para que los militares no puedan ser juzgados por tribunales civiles, en caso que sean considerados responsables de desaparición forzada de persona Con esto, señaló, se deja a la justicia capitalina "atada de manos" para perseguir estos ilícitos Con esta controversia constitucional, agregó, se pretende revertir esta medida y lograr que la Convención se suscriba sin reservas Refirió: "El 9 de junio de 1944, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas estableció que este delito tiene carácter permanente y será investigado y castigado en tribunales civiles Sin embargo, el decreto aprobado por el Senado, el 27 de noviembre del 2001, con fe de erratas del 27 de febrero del 2002, contempla una declaración interpretativa, según la cual los delitos de desaparición forzada de personas sólo serán castigados si se ordenan o ejecutan con posterioridad a la entrada en vigor de la convención, es decir, a partir de ahora" Además, la reserva referida al Ejército, agregó, favorece la impunidad de los militares, pues la desaparición forzada no es un delito contra la disciplina militar Por otro lado, el jefe de Gobierno señaló que es muy positivo que la Asamblea Legislativa haya decidido tipificar el secuestro exprés como delito grave, pues ayudará a la Procuraduría capitalina a mejorar su labor "Estamos de acuerdo con las reformas al Código Penal local Es apoyada por el gobierno capitalino y, de manera particular, por el Ejecutivo", al tiempo de agregar que la Procuraduría colaboró ampliamente en la redacción del nuevo Código para la ciudad 29/04/02