México, D F- A causa de las presuntas irregularidades en la realización de los procedimientos administrativos correspondientes al caso de las amenazas de muerte contra la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, asesinada el año pasado, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, informó que en breve se resolverá si es necesario llamar a declarar a los funcionarios que durante la época de Samuel del Villar estuvieron encargados de ese asunto El lunes, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) recibió una queja de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, que hizo pública la supuesta comisión de 28 irregularidades durante las investigaciones que se realizaron respecto de las amenazas contra Ochoa entre 1995 y 2000 La Comisión habló incluso de pérdida de evidencias Bátiz rechazó este martes que a él en lo particular le afecten los señalamientos de la CDHDF, pues dijo que "lo que no fue en mi año, no fue en mi daño" Sin embargo, reconoció la importancia de investigar sobre lo que dio a conocer el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza "En una reunión revisamos con el ombudsman esta observación y por el momento nosotros nos reservamos el responder oficialmente hasta que revisemos el documento que es amplio", indicó Bátiz, con lo cual se determinará si hay responsabilidades que atribuir a los exfuncionarios que manejaron el expediente de Ochoa Álvarez Icaza y la PGJDF han coincidido en mejorar la procuración de justicia y detener las violaciones a los derechos humanos, agregó el titular de la Procuraduría Y acerca de la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos para que los servicios periciales sean autónomos, Bátiz manifestó su desacuerdo al considerarlos un pilar del Ministerio Público Son un elemento básico del Poder Judicial y, por lo tanto, deben seguir dependiendo de la PGJDF, señaló 30/04/02