Panadero de oficio y expresidente municipal de Villa de Zaachila, Oaxaca, David Santos Rodríguez sorprendió a propios y extraños cuando en una carta dirigida a la Sedeso confesó que el pasado 17 de septiembre, en cuanto recibió un cheque del programa Crédito a la Palabra, en apoyo a los campesinos de la región, de inmediato lo endosó para que Armando Mendoza desviara los recursos a su campaña como candidato del PRI a la alcaldía, lucha que a final de cuentas perdió Ante el hecho, Luis Alonso Reza, director de la Comisión de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, deduce: "Cinismo o un lapso de locura, lo cierto es que el caso resulta excepcional Nos hemos enterado de que efectivamente el munícipe no sabía lo que hacía en su momento, pensaba que con la carta iba a justificar el gasto de los 500 mil pesos --lo que representa una fortuna para la pobreza de Oaxaca--, pero muestra que cuando se respiran nuevos aires de democracia, hay gente que sigue utilizando los programas sociales con fines electorales y piensa que se puede seguir viviendo en la impunidad" Tal es el caso del gobierno que encabezó en Yucatán Víctor Cervera Pacheco, quien según denuncias del PAN entre 1997 y 2000 desvió cerca de 300 millones de pesos provenientes del Procampo, a fin de aprovechar el programa para inducir el voto hacia el PRI Juan Antonio Fernández Ortiz, director de Procampo, confirmó en las primeras semanas de abril que Cervera, entre otros exfuncionarios, dispuso de manera irregular recursos de ese plan federal para sus objetivos electorales, lo que, de comprobarse, le acarrearía distintas sanciones No obstante, Rogelio Gómez Hermosillo, exdirector de lo que fue Progresa y hoy se conoce como Oportunidades, el programa social más importante del gobierno de Vicente Fox, califica el asunto de Zaachila de "trascendente" en el país, porque ?dice-- anuncia que los manipuladores del voto ya no se pueden mover con libertad, ya que aunque el expresidente municipal se "está curando en salud" con su carta, no podrá evitar ir a la cárcel, al menos por el cargo de peculado, ya que todavía es muy difícil sancionar el delito electoral Luis Alonso Reza dice que a un año del programa Transparencia, que él dirige, se han presentado 260 denuncias en el país similares a las del municipio oaxaqueño, donde todo partió de la inconformidad de un grupo de agricultores que acudió a la Sedeso estatal a quejarse por no haber recibido los apoyos gestionados ante la presidencia municipal Parte de las denuncias han sido turnadas a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y, de ellas 85 por ciento corresponde a lo que fue el Programa para la Educación, Salud y Alimentación que existió durante el sexenio pasado De ese porcentaje, casi el cien por ciento es contra el PRI, confirma el funcionario Los ejemplo sobran: En Oaxaca, en la región mixe del municipio de Atitlán, el subdelegado Floriberto Vázquez Vázquez intercambió apoyos gubernamentales como Progresa y Procampo a cambio de votos a favor de Francisco Labastida Ochoa e intimidó a los beneficiarios diciéndoles que dejarían de recibir los beneficios de los programas si no ganaba el PRI En Veracruz, en la localidad de Cruz de Vidaña, municipio de Santiago Tuxtla, Juan Caporal Pérez presionó a las personas beneficiarias del Progresa a fin de que asistieran a San Andrés a un mitin político del candidato a diputado por el PRI, Nemesio Domínguez En el mismo lugar, según los documentos entregados a Proceso, Elpidio Pérez solicitó a nombre de la dirección de Obras Públicas del municipio el número de credencial de elector a las personas que se encontraban laborando en la construcción de una carretera, y les dijo que sólo sería remunerado su trabajo si ganaba el PRI El acta circunstanciada 119/Fepade/2000 revela que en Oaxaca, en la región sierra norte, comunidad de las Delicias, Agencia municipal de San Juan Juquila, el candidato Cándido Coheto recogió 80 credenciales de elector, acompañado del agente municipal, con el fin de que votaran por el PRI, y prometió de 2 a 3 botes de fertilizante para cada voto, recurso que se daría presumiblemente a través del programa Alianza para el Campo En cuanto a las denuncias que han sido turnadas a la PGR y que hasta la fecha no han tenido respuesta de la FEPADE, informa Silvia Alonso, presidenta de Alianza Cívica, resalta que en la comunidad La Lagunilla, en el municipio de Tlacuilotepec, estado de Puebla, la señora Inocencia Flores Fonseca, promotora del Progresa, visitó a familias beneficiarias del programa llevando una lista en la mano y afirmando que aquéllos que se anotaran seguirían contando con el apoyo En el estado de Puebla, comunidad de La Joya, municipio de Tlacuilotepec, Humberto Millán Hernández, secretario del PRI, condicionó a los miembros de dicha comunidad la continuidad del Progresa a cambio de los votos a favor de su partido También pidió las credenciales para votar a los beneficiarios, para anotar sus claves de elector advirtiéndoles que "si pierde el PRI se acaba el Progresa" En San Luis Potosí, municipio de San Martín Chalchicuitía, una indígena reportó que Yolanda Aguado presionó a las mujeres beneficiarias para que votaran por el PRI, y que en caso contrario les quitarían los papeles del Progresa En Veracruz, localidad de Tecomate, municipio de Tepezintla, los promotores del Progresa recorrieron la región y visitaron a los beneficiarios en sus casas, amenazándolos con privarlos de los beneficios obtenidos en caso de no votar por el PRI Otra de las denuncias dice que en Mazatán, estado de Chiapas, el 22 de mayo de 2000 se llevó a cabo una reunión con los beneficiarios del Progresa, donde la promotora estaba recogiendo credenciales de elector y anotando apellido, nombre, domicilio, folio de elector y firma de compromiso de las personas asistentes, en una hoja membretada con el logotipo del PRI, en la que se incluían los nombres de Labastida y Sami David, y con un encabezado al centro con la siguiente leyenda: "los abajo firmantes, nos comprometemos a votar por los candidatos a presidente de la República, Gobernador del Estado, senadores y diputados federales el próximo 2 de julio y el 20 de Agosto del 2000" Todos estos casos han sido denunciados por Alianza Cívica a la Fepade, donde, según su directora, María de los Angeles Fromow García, el total de las indagatorias atendidas en el año 2001 fue de 1208, más 72 desgloses, "número que supera el total de los años electorales de 1994 y 1997 y es ligeramente inferior a las atendidas en el año electoral 2000" El problema fundamental de todo esto, dice Rogelio Gómez Hermosillo, se da con las promotoras de lo que era Progresa, de ahí que, entre otras razones, se tenga previsto cambiar este año a más de 88 mil a nivel nacional, con el objeto de evitar que se pretenda manipular electoralmente los recursos destinados a los más pobres del país Los entrevistados coinciden en afirmar en que la lucha frontal es por acabar con una cultura política priísta que hizo pensar al pueblo que porque recibe programas sociales tiene un compromiso con el partido en el poder De hecho, "la gran diferencia con las elecciones de 2000 es que muchos de los ciudadanos se han dado cuenta de que el voto sí cuenta, que la realidad plural del país llegó para quedarse y que las autoridades electorales son confiables" Los funcionarios de la Sedeso informan que mediante un convenio firmado con 280 organizaciones no gubernamentales, éstas se han comprometido a denunciar cualquier inducción del voto aprovechando los fondos para combatir la pobreza, los cuales ascienden este año a más de 18 mil millones de pesos Porque, acepta Luis Alonso Reza, "condicionar los programas sociales a la obtención de votos se da todos los días, pues tarde o temprano se presenta un proceso electoral como los que en este año habrá en Nayarit, Guerrero, Coahuila e Hidalgo, aparte de los que se han dado en Baja California Sur y Quintana Roo, además de que en el 2003 habrá comicios federales para renovar a la Cámara de Diputados La autodenuncia David Santos Rodríguez, el exalcalde en problemas, vive en Quiechapa 104, por el barrio de San José, de la Villa de Zaachila, municipio cercano a la ciudad de Oaxaca De pelo negro y crespo, con una cadena de oro que brilla en su cuello, se niega a comentar su autodenuncia sobre el desvío de recursos federales con fines electorales Mientras fabrica el pan que luego vende en el mercado de la cabecera municipal, sólo se limita a decir que "fue una suerte llegar a la presidencia; yo estoy feliz con mi negocio y con mi familia, sólo me aboco a trabajar" Pero no puede ocultar su nerviosismo, luego de que el pasado 17 de septiembre, bajo protesta de decir verdad, manifestó por escrito haber recibido la cantidad de 500 mil pesos como apoyo a los productores agrícolas de la región Y que "esa misma fecha regresé el cheque endosado al ingeniero Alejandro Vázquez Morales, asistente del subdelegado de Sedeso, Juan José Benítez Hinojosa, por la razón que habíamos convenido con Mario Alberto Domingo Venegas (éste último delegado regional del PRI y todos gestores del recurso) en el sentido de que dicha cantidad se destinaría a la campaña del candidato del PRI a la presidencia municipal de Zaachila?" Más adelante, sostiene que Armando Mendoza López hizo efectivo el cheque endosado, con atención a los gestores, "quienes me comprometieron a esta transacción como un apoyo al partido "No omito decir ?agrega-- que reconozco mi responsabilidad al recibir un cheque a mi nombre y cuyo destino fue político; sin embargo, es claro que en cualquier contienda administrativa o judicial, será fácil de mi parte probar quién cobró el cheque que me ocupa, enfrentando la corresponsabilidad con quienes lo gestionaron, quién lo recibió y quién lo hizo efectivo?" Luis Martínez Fernández del Campo, actual delegado de la Sedeso en Oaxaca, y Marco Antonio Estrada Aguilar, encargado de la Unidad Jurídica de la misma, recuerdan que José Pablo Rodríguez Sosa, coordinador del programa Crédito a la Palabra en la entidad, "negó categóricamente" estar enterado del destino proselitista que se le iba a dar al dinero y que entregaron todos los elementos necesarios a la Procuraduría General de la República (PGR) para que ésta se abocara a investigar "Supuestamente, relata el jurídico, los recursos se utilizaron para una campaña política, por lo que el Ministerio Público lo hizo del conocimiento de la Fepade, la que de inmediato pidió elementos y mandó un equipo a Oaxaca Se le entregó la documentación original que manejamos en la denuncia, declaró a todas las personas involucradas y avanzó muy rapidísimo "Aquí lo importante es que hay una carta confesión del expresidente Ellos están sobre la veracidad de esto Los señalados en el escrito niegan la situación que se maneja Coinciden en que nunca estuvieron en el lugar y la hora Y parece que en su comparecencia, el nuevo presidente municipal declaró que fue llamado a recoger parte del dinero depositado en el juzgado de Zaachila por la persona que recibió ese cheque" Y es que Armando Mendoza, el excandidato, desapareció de Zaachila luego de reconocer haber cobrado el cheque, pero que no lo gastó en su campaña sino que dio un poco a las más de mil familias beneficiarias y que el resto se lo guardó Según él, dice Estrada Aguilar, "no lo pudo entregar a los destinarios" y que después de la elección que perdió mejor lo ponía a disposición de la nueva autoridad municipal "En todo caso, añade el abogado, fue un recurso no ejercido y en cualquier momento podría ejercerse el trámite de consignación" Los vicios del PRI Como expresidente de Alianza Cívica, organización no gubernamental, Rogelio Gómez Hermosillo denunció que en las elecciones de 2000 alrededor de 24 millones de ciudadanos fueron coaccionados por el PRI para que votaran a su favor, aprovechando los beneficios de algún programa oficial Pese a ello, el PRI perdió la Presidencia de la República y, al iniciarse el sexenio foxista, Gómez Hermosillo fue nombrado director del Indesol (Instituto Nacional de Desarrollo Social) para impulsar la neutralidad partidista de los programas sociales Pronto saltó a la dirección de Progresa, a la que transformó en el programa "Oportunidades", ampliando la cobertura de 32 a 42 millones de familias en el país Cuenta que con el objetivo de que el programa no se manipule con fines políticos, de inmediato se da de baja a las promotoras descubiertas en la operación Aparte, donde hay elecciones se instruye a la gente con campañas específicas de que Progresa o lo que sea "no se vende ni se cambia por votos", pues se necesita "muchísima" difusión para concientizar "Y la otra es que si hay acusaciones en lugar de taparlas las averiguamos y somos los primeros en ir con las autoridades responsables de investigar, es decir, la Contraloría o la Fepade Buscamos que se llegue al fondo La Sedeso ha presentado varias denuncias penales en Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, antes de los procesos electorales y están en manos de la Fiscalía Especial" Dice: "Con el PRI en el poder había omisión, pero ahora hay otra mentalidad que está permeando Lo que se debe de hacer es sembrar para los próximos años el que toda acción manipuladora de los programas sociales se vuelva ineficaz Esa va a ser la solución de fondo, porque hay una nueva realidad en la que el pluripartidismo en el país ya hace muy complicado esta clase de delitos "Todavía en el 2000 estaba muy alineada la estructura del PRI con el presidente de la República, por eso se entraba hasta la cocina No es para que ahora esto se vuelva azul, no digo que no pueda pasar, pero es muy difícil Va a costar su tiempo y hay gente que no lo vamos a permitir, no se trata de pasar de un signo a otro Por eso la cercanía con los organismos no gubernamentales es para prevenir Lo que queremos es entregarle la mayor información a la gente y que se investiguen todas las denuncias Sólo que para que se castiguen estamos en manos de la Fiscalía" El director de "Oportunidades" insiste en que el caso de Zaachila es "extraordinario", porque lleva al asunto de cuál va a ser la instancia que va a sancionar estas prácticas, pues a la hora de la hora los delitos quedan impunes, "al grado de que aquí en Progresa están archivadas las denuncias que yo presenté en el 2000" Para el funcionario, si se desea sancionar el uso electoral de los programas sociales se requiere reformar la ley para que en todo caso se le quite el registro a un partido En Zaachila, afirma, el delito es peculado, por desviación de recursos, lo que se debe comprobar es que fue para uso electoral Se necesita que haya sanción electoral y no solamente penal El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) tendría que contemplar los castigos a funcionarios, dirigentes y militantes de un partido Quizás multar, anular elecciones y suspender al instituto político, lo que se va a ir logrando porque en los estados hay gobernadores del PRI, pero presidentes municipales del PAN y mayoría en el congreso del PRD" Rogelio Gómez Hermosillo sostiene que en delitos electorales de esta naturaleza el PRI sigue siendo campeón por inercia; asegura que el PAN no tiene la estructura ni la tradición "A lo mejor la tentación sí, pero no veo condiciones Y, en mi caso, que no soy panista, no lo aceptaría Los programas sociales no son de ningún partido, ni del actual en el poder ni del anterior" Por su parte, Luis Alonso Reza, director de la Comisión de Transparencia de Sedeso, considera que lo de Zaachila es excepcional porque muestra que ya empieza a romperse la cultura de no denunciar