A ocho meses de los atentados terroristas en Washington y Nueva York, que cobraron miles de víctimas en el vecino país del norte, Estados Unidos sigue ejerciendo --no sólo en Afganistán, donde estarían recluidos los responsables de los ataques-- su lucha de "el bien contra el mal" y del "están con nosotros o en contra nuestra" Con total contundencia, la hegemonía norteamericana ha utilizado, como parte de su estrategia de combate al terrorismo, la cancelación y violación de los derechos humanos fundamentales de miles de personas que, a su juicio, son terroristas A propósito del tema, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez elaboró un análisis sobre los derechos humanos en México a partir de los atentados, del cual procesocom reproduce parte El contraataque en nombre de la "defensa patriótica" de los Estados Unidos (EU), comenzado militarmente el 7 de octubre en contra de la población civil en Afganistán después de los ataques terroristas del 11 de septiembre (11-S), fue el terrible inicio simbólico y material de un duro vuelco a los marcos universales de protección de los derechos humanos La hegemonía del Gobierno norteamericano se manifestó con total contundencia al utilizar como parte de su estrategia de combate al terrorismo la cancelación y violación de los derechos humanos fundamentales de miles de personas inermes en territorio afgano, y de todas aquellas personas ?incluyendo a la propia población estadounidense- que pudieran, a juicio de las propias autoridades norteamericanas y de acuerdo son su concepto de terrorismo- ser potencialmente criminales terroristas Esta ofensiva en contra de las garantías fundamentales, la cual se encuentra sostenida en la ruptura de los pactos sociales universales a favor de los derechos humanos, ha cobrado millones de víctimas, desde afganos y árabes, hasta estadounidenses, y en un sentido más amplio las sociedades de los Estados que conforman los sujetos garantes y destinatarios de derechos universalmente reconocidos Particularmente han sido blanco de vulneración de sus garantías la población migrante en el mundo; y es que, si bien la violación de los derechos humanos de los migrantes no es un fenómeno originado a partir del 11-S, uno de los efectos más evidentes en este corto plazo lo constituye el endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos Este fenómeno está íntimamente ligado con la política hegemónica del gobierno vecino del norte, en un contexto de expansión hemisférica a través del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y del Plan Puebla Panamá (PPP), y de una nueva justificación histórica para seguir realizando, después de la guerra fría, su embestida hegemónica: el terrorismo Asimismo, el quebrantamiento de los pactos y acuerdos universales sobre derechos humanos por parte de los Estados Unidos, marcado con un maniqueo y absurdo discurso de la lucha del bien contra el mal y del están con nosotros o en contra nuestra, inaugura históricamente una ofensiva más abierta a todo el sistema de protección de los derechos humanos Lo preocupante es que todavía, a siete meses del 11-S, Estados Unidos ha logrado, impunemente, imponer su discrecional lógica de violaciones a los derechos humanos Nadie en el mundo puede violar derechos humanos, salvo nosotros, los salvadores del mundo, los enviados del bien Más seguros que protegidos () Para nadie ha sido oculto que unilateralmente ?aunque apoyado por actores como el primer ministro británico Tony Blair- los EU están minando las libertades fundamentales de miles de seres humanos, a pesar de existir un marco dentro del Derecho Internacional Humanitario (DIH) La falta de un marco jurídico y político adecuado para abordar los ataques terroristas ?el marco conceptual de las relaciones internacionales vigente no prevé la declaración de guerra de o hacia un actor no estatal-, así como la falta de un contrapeso a la hegemonía global de Estados Unidos, han permitido que en la supuesta defensa del "mundo libre" este país esté impulsando acciones que además de quebrantar las garantías individuales, fomentan el racismo, la xenofobia y la discriminación; e incrementan la vulnerabilidad de los derechos conocidos como económicos, sociales y culturales, alrededor del globo y en México Recientemente, al iniciar la 58 Comisión de Derechos Humanos (CDH) en la ONU, la responsable del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Mary Robinson, afirmó que veía seriamente amenazadas las reglas vigentes sobre derechos humanos por del 11-S en Estados Unidos "Necesitamos hacer frente al terrorismo no sólo a través de medidas legislativas y de seguridad, sino también con una armadura de valores comunes, estándares comunes y compromisos comunes sobre los derechos universales que nos definen como una comunidad y nos permiten acordar más allá de nuestras diferencias" Durante su desempeño como Alta Comisionada, Mary Robinson ha enarbolado una posición crítica respecto del gobierno estadounidense en materia de derechos humanos; no en vano ha sido que al confirmarse la salida de Mary Robinson de la oficina del Alto comisionado, se discurría "en los pasillos" sobre la presión política que había ejercido EU para su salida A pesar del señalamiento de la Alta Comisionada, la Resolución presentada el 22 de abril sobre Derechos humanos y terrorismo, fue ?previsiblemente- a favor del marco conceptual en el que los Estados Unidos ha cimentado su lucha contra el terrorismo En la resolución, la CDH reiteró su "condena categórica a todos los actos, métodos y prácticas terroristas, cualesquiera que sean sus motivos, en todas sus formas y manifestaciones, donde quiera que se produzcan, cada vez que ocurran y a quienes sean sus autores" De primera mirada, podría parecer con esta formulación que esta sentencia general incluiría también el terrorismo de Estado, según las propias definiciones de la ONU No obstante, en la Resolución se definen como actos de terrorismo internacional "aquellos que buscan minar los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia; amenazar la integridad territorial y la seguridad de los estados; desestabilizar a los gobiernos legítimamente constituidos, basados en los fundamentos de una sociedad civil pluralista y en el estado de derecho, y que tienen consecuencias perjudiciales para el desarrollo económico y social de los Estados" En este sentido, la CDH demandó la cooperación regional e internacional incluso para llevar a los responsables de actos terroristas ante la justicia Sin embargo, después de la política del gobierno de Bush en torno a la CPI, prevemos que esto no aplicará para ese país, además de que la formulación sigue sin tocar claramente la responsabilidad del terrorismo de Estado Otro dato que resulta impactante para el análisis de las repercusiones en el sistema de protección universal de derechos humanos, y que por otro lado habla de la influencia de las políticas estadounidenses en el papel de México en torno a los derechos humanos, es lo sucedido el 26 de abril en el pleno de la CDH México retiró un proyecto de resolución para la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha antiterrorista, al parecer debido a las presiones de un grupo de países, entre ellos varios árabes o islámicos como Argelia, Egipto, Arabia Saudí y Paquistán El proyecto recordaba a los Estados su deber de "garantizar que todas las medidas adoptadas en la lucha antiterrorista se ajustasen a las obligaciones contraídas en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario" Asimismo pedía a la Alta Comisionada que proporcionase "orientaciones sobre la protección de los derechos humanos así como ayuda y asesoramiento al respecto a los Estados y los órganos de las Naciones Unidas" Según fuentes periodísticas, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas y Human Rights Watch expresaron "consternación" por lo ocurrido y dijeron que a EU no le gustó el texto desde el primer momento y ejerció presiones para evitar que se presentara De terroristas y/o migrantes: las formas de la "lucha contra el terrorismo" Vinculado con los retos del marco normativo que se deriva del 11-S, se encuentra la conceptualización de "terrorismo" que se está construyendo Estados Unidos y sus aliados están utilizando el término de una forma que no distingue motivaciones ni características organizativas, por lo que ya están incluyendo grupos guerrilleros Además, podría darse la inclusión, en un marco jurídico a futuro, de grupos ecologistas radicales y movimientos contra la globalización que hacen uso de la acción directa para manifestarse En ese sentido, preocupa particularmente la ampliación que en la legislación de emergencia estadounidense ha dado al concepto terrorismo, y las repercusiones, como hemos visto, en los marcos de los instrumentos de protección de los derechos humanos, así como el slogan político de batalla: "el que no está con nosotros está en contra de nosotros" Organizaciones civiles de Estados Unidos han dicho que esto equipara a Al Qaeda con movimientos sociales antiglobalización o ecologistas, lo cual, en América Latina por ejemplo, es sumamente preocupante para la sociedad civil que se opone a proyectos como el Plan Puebla Panamá o el Área de Libre Comercio de las Américas De manera ambigua, en los últimos meses -por lo menos más persistentemente desde el gobierno foxista-, el asunto de la re-conceptualización de seguridad nacional, que involucra al delito de terrorismo, ha ido atravesando algunas de las decisiones de gobierno que se cimientan en un indefinido y enredoso concepto de terrorismo que no es conocido públicamente Para nadie es oculto el opaco resultado del trabajo del Asesor para Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zínser, quien ante tal éxito, salió del país a cubrir el asiento de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la ONU, y el cargo creado ex profeso en el gabinete del presidente Fox, desapareció A pesar de tal ambigüedad, algunos funcionarios del gobierno mexicano hablan con tal seguridad del terrorismo en un contexto arbitrario y politizado como el que llevó a consignar a quienes se dedican a lanzar "petardazos" a los bancos, algunos incluso hacen aseveraciones públicas como la hecha por el presidente Fox en España, en octubre pasado, en el sentido de equiparar a las guerrillas con terroristas al referirse a una "pequeñísima guerrilla" a la cual había que "echarle el guante", refiriéndose al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y al combate al terrorismo También en una desafortunada declaración de la subprocuradora de la Procuraduría General de la República (PGR), María de la Luz Lima Malvido, quien dijo también en esos días que aunque la ONU no hubiera incluido a México en su lista de países con terroristas, la legislación mexicana sí contempla como terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) o al EPR y por lo tanto debían "ser combatidos con toda la fuerza del Estado antes de que crezcan, pues hay la experiencia de organizaciones terroristas que empezaron detonando petardos en bancos y ya son de gran riesgo" La seguridad fronteriza Otra vertiente sumamente grave y cada vez más preocupante para la defensa de los derechos humanos se encuentra en el ámbito de las repercusiones precisamente en los parámetros de la seguridad fronteriza El reforzamiento y endurecimiento de la política migratoria en EU ha venido aparejado del nuestro Esta política encontró en el terrorismo una buena fuente donde abrevar sobre la situación Para combatir a los terroristas había que robustecer además la seguridad en las fronteras, que es por ahí por donde "se cuelan" los criminales o los sujetos que potencialmente se pueden convertir en tales, sólo basta traspasar las fronteras y tener ciertas características raciales que no te dejen pasar desapercibido ante los ojos de las autoridades, ya sean norteamericanas o mexicanas En México, ya desde la implementación del Plan Sur, en julio de 2001, se utilizaron como justificaciones para endurecer la política migratoria y reforzar el control policiaco-militar, las acciones encaminadas a combatir al crimen organizado, apelando al discurso justificativo de "todos los esfuerzos para combatir la inseguridad" Es decir, el refuerzo militar de las fronteras estuvo acompañado del discurso de la lucha para garantizar la seguridad de los mexicanos, combatir a toda costa el crimen organizado Aunque ello implicara un agudizamiento de la política migratoria en la frontera con Centroamérica, y las consecuentes violaciones a los derechos humanos de los migrantes Después del 11-S, esta política se vigorizó y se tradujo en un endurecimiento de las medidas para la seguridad fronteriza Asegurar la frontera ya no sólo utilizando el tradicional marco del combate al crimen organizado: tráfico de seres humanos, de droga, de vehículos, etcétera, sino para colaborar, además, en el combate al terrorismo Cuestión muy ad hoc con la política de contención migratoria ?trabajo sucio- para los Estados Unidos Si añadimos los proyectos económicos hemisféricos en el marco del TLC: ALCA y PPP, las conclusiones no parecen esconderse Los descontentos sociales por la implementación del PPP, que ya han comenzado a evidenciarse, merecen el cuidado precautorio e inhibitorio de los aparatos de represión, que puedan contrarrestar las varias manifestaciones sociales de descontento Qué mejor si estas "previsiones" contemplan un marco referencial de justificación con base en "acuerdos de cooperación, lucha contra el crimen organizado, combate al terrorismo", etc que buscan legitimar las posibles acciones de estos grupos policiacos militares Una mirada desde los derechos humanos