Labastida, en la investigación del IFE

domingo, 19 de mayo de 2002
México, D F (apro)- La reapertura del expediente financiero de la campaña de Vicente Fox, ordenada por el Tribunal Electoral, en el contexto del insólito protagonismo del Poder Judicial, obliga al IFE a investigar también, de manera paralela y con nuevos "músculos" jurídicos, el financiamiento del contendiente del PRI, Francisco Labastida Las finanzas de las dos principales fuerzas contendientes del 2000, por tanto, serán sometidas a las mismas facultades que amplió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, de paso --en una sentencia por separado--, canceló un eventual arreglo entre PAN y PRI, mediante la prohibición de que los promotores de una queja, como son los dos casos, se desistan y se archiven los expedientes Ya no: el Consejo General del Instituto Federal Electoral tendría que haber sesionado, el lunes 13, para modificar el Reglamento de Quejas Genéricas y cancelar eventuales negociaciones, como ya las ha habido desde 1997 Ahora, aunque los partidos lo soliciten, el órgano electoral puede continuar con las investigaciones Pese a que la sentencia del Tribunal Electoral obligaba al Consejo General del IFE a celebrar la sesión ese lunes, ya que era en un plazo de tres días después de emitida, finalmente no se llevó a cabo La decisión obedeció a que el presidente del órgano electoral, José Woldenberg, habló con su homólogo del Tribunal Electoral para aplazarla hasta el viernes 17, una situación considerada irregular por consejeros La razón para no realizar la sesión fue el calibre de la sentencia emitida, el martes 7: Casualidad o no, con diferencias de horas, a la sentencia del TEPJF siguió el libramiento --el miércoles 8-- de órdenes de captura en contra de cuatro involucrados en el escándalo del presunto desvío de recursos de Pemex a la campaña de Labastida Y, aunque con matices, forman parte de lo mismo Tanto en el caso de la primera investigación, sobre las finanzas de la campaña de Fox, como en las indagaciones sobre Pemex-Labastida, el IFE se topó con la negativa de las autoridades hacendarias y bancarias a proporcionarles información, escudadas en los secretos bancario, fiduciario y fiscal "Era un poco tener quijadas sin dientes, y solamente ladrar y nunca poder morder", ilustra el consejero Alonso Lujambio, presidente de la Comisión de Fiscalización del IFE, que en numerosas ocasiones había solicitado a los partidos promover una reforma en ese sentido Lo que no hizo el Congreso, lo hizo el Tribunal Esta sentencia del Tribunal Electoral permitirá ahondar en la investigación contra Fox, que --dice Lujambio-- está resuelto en "el corazón de la demanda": el pago de spots televisivos de los Amigos de Fox, hecho en abril del 2000, pero como adeudo de los transmitidos el año previo Falta, sin embargo, el resto de la investigación: la ruta del dinero desde el extranjero y si ingresó a las finanzas del PAN o del Partido Verde, un aspecto que, para los consejeros Jaime Cárdenas y Jesús Cantú --los únicos que criticaron las indagatorias y que votaron en contra de su cierre--, debe ser exhaustivo Cantú dice que las nuevas herramientas se aplicarán por igual: "Las dos quejas son, sin duda, las más relevantes que tiene el IFE, y tienen que ver con gastos de campaña, pero es aplicable para todo" Cárdenas propone que, al igual que en el caso de Pemex-Labastida, se presente una denuncia penal ante la fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República (PGR) "Debemos tener una actuación igual", aduce Y niega que el PAN y los Amigos de Fox queden a salvo, bajo el argumento de que los gastos que se hicieron fueron en la precampaña, que no está sujeta a revisión del IFE "Están equivocados", dice, sobre todo si se comprueba que tienen un origen extranjero "Aunque hayan sido de precampaña, que está por verse, habrá qué ver si los recursos, o parte de ellos, entraron a Acción Nacional Si entraron, así sea en la precampaña, por el simple hecho de no haberlo informado al IFE, sería responsable el PAN y habría sanción", explica "No está nada dicho Es muy temprano para decir que fue precampaña y no se les puede hacer nada No Ojo Hay que ver si entraron al PAN o al Verde o a la coalición La sanción no es solamente para partidos, es a personas, como Lino Korrodi o Carlota Robinson; a ellos los podemos sancionar" Resume: "No está fácil ni está dicho todo Hay que ver la investigación, las conclusiones de la investigación, y ver hasta dónde el marco electoral protege la impunidad y hasta dónde no" --¿Podría no haber una sanción jurídica, sino eventualmente sólo política? --Yo no descarto para nada las sanciones jurídicas, pero el simple hecho de que se demuestre que hubo recursos del extranjero, ya sería una mentira, otra mentira más ¿La sociedad mexicana podrá vivir con un presidente mentiroso? A deshacer la maraña La sentencia del TEPJF se produce a nueve meses de que PRI y PRD se inconformaron, igual que los consejeros Cárdenas y Cantú, con el cierre de la investigación de la Comisión de Fiscalización del IFE, que duró también casi un año desde que se presentó en plena campaña En el "truculento sistema de transferencias provenientes del extranjero y del país", como definió el caso el priista Enrique Jackson, al originar el escándalo y la queja, están involucrados un numeroso elenco de foxistas, encabezados por el operador financiero Lino Korrodi Además de Carlota Robinson y Viviana Korrodi, en la maraña de complejas operaciones --que se originan en la empresa belga Dehidration Technologies Belgium, de donde salieron 200 mil dólares-- aparecen empresarios y funcionarios públicos, como el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Hakim, hijo del Alfredo Hakim Aburto, un constructor que creció a la sombra del salinismo y que, en 1996, fue encarcelado por un presunto fraude al fisco por 11 millones de pesos Otro es el actual director de Procampo, José Antonio Fernández, coordinador nacional de los Amigos de Fox, cuyo creador fue José Luis González, actualmente en Televisa Al grupo pertenece Carlos Rojas, depuesto por el escándalo del opulento menaje de Los Pinos Otro involucrado es Rito Padilla García, secretario particular del sucesor de Fox en el gobierno de Guanajuato, Ramón Martín Huerta, actual subsecretario de Gobernación, y quien le ha dado refugio como director adjunto Ninguno de ellos fue llamado por la Comisión de Fiscalización porque, como lo hizo ver el TEPJF, ni siquiera los buscaron, como tampoco se trató de averiguar sobre las empresas K-Beta, Instituto Internacional de Finanzas, Grupo Alta Tecnología y ST&K de México, todas vinculadas a Korrodi Otra empresa, la zapatera Flexi, del mecenas de Fox, Roberto Plascencia Saldaña, involucrada en un donativo por un millón cien mil pesos, tampoco fue localizada, cuando todo el mundo en León, Guanajuato, la conoce El argumento de Lujambio para cerrar la investigación fue el no poder ir más allá sin la información de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y de la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV) "Una investigación supone una secuencia de acontecimientos", dice Lujambio, quien explica que sin la información para certificar los cheques y los movimientos bancarios, así como de las empresas involucradas, era difícil pensar en otras actuaciones "Ese fue siempre nuestro alegato Con el secreto bancario y fiscal, nuestras investigaciones son casi de risa Porque nuestros dientes y nuestra capacidad para compulsar prácticamente no existían" Destaca que algo que se ha olvidado en la discusión que desató el fallo del TEPJF es que "el aspecto central de la denuncia estaba prácticamente resuelto", como es la presunta violación del artículo 48 del Código Electoral, que establece que sólo los partidos pueden comprar en televisión spots en tiempo electoral Y se logró acreditar, con la consulta que se le hizo a TV Azteca, que Carlota Robinson, "aparentemente vinculada a Amigos de Fox", había pagado con un cheque de 900 mil pesos como adeudo de spots de 1999 "Consideramos en ese momento que el corazón de la investigación, y la duda que generaba la propia demanda (del PRI), quedaba despejado" El resto de la investigación, recuerda, se vio obstaculizada por las barreras que suponía el secreto bancario y fiscal, y ante la negativa de la SHCP y de la CNBV, tampoco era posible iniciar una controversia constitucional ni recurrir al amparo "Agotadas las instancias a las que podía acudir el IFE, solamente quedaba que los partidos recurrieran al Tribunal, para que éste iluminara con un criterio jurisprudencial los alcances de la acción fiscalizadora", lo que finalmente ocurrió

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