La militarización de la PGR contribuyó al deterioro de los derechos humanos: AI

martes, 28 de mayo de 2002
Washington, EU (apro) - La continua militarización de la Procuraduría General de la República (PGR), el incumplimiento de las promesas del presidente Vicente Fox, el estatus quo en la impunidad y la falta de una solución al conflicto indígena de Chiapas siguieron contribuyendo al deterioro de la situación de los derechos humanos en México durante el 2001, denunció la agrupación Amnistía Internacional (AI) "En el 2001, al menos 13 jefes militares ocuparon puestos de importancia en la PGR No existía ningún mecanismo eficaz que permitiera llevar a cabo investigaciones judiciales independientes sobre los frecuentes informes de violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército o por los agentes de la PGR, o las procuradurías generales de Justicia de los estados", establece el informe anual del 2002 de AI, titulado "Ahora que es la hora de saber" El informe de 511 páginas, de las cuales le dedicó 8 al caso de México, también reconoció que en el país se dieron algunos avances en la defensa de las garantías individuales, aunque quedaron rebasadas por las preocupaciones y los continuos abusos Desde que Fox nombró como titular de la PGR al general Rafael Macedo de la Concha, AI ha sido una de las principales organizaciones internacionales en calificar de "preocupante" el hecho de que en México la impartición de la justicia esté en manos de militares "Las propuestas preelectorales para reformar la administración de justicia no se materializaron, y la presencia cada vez mayor de las fuerzas armadas en la PGR suscitó serias dudas sobre la intención del gobierno de hacer frente al problema de la impunidad", subraya el reporte Aunque breve, en comparación con otros años, el capítulo sobre México documenta que el gobierno de Fox ha hecho muy poco para mejorar la reputación del país en materia de derechos humanos, respecto del resto de las naciones del planeta La organización recordó que Fox, cuando asumió la Presidencia, se comprometió a terminar con la impunidad que se había caracterizado a lo largo de los 71 años de gobiernos priistas, aunándose a ello las promesas del canciller Jorge G Castaneda de incorporar las leyes nacionales a todos los tratados internacionales "No obstante, al acabar el año no se habían traducido mejoras efectivas para la protección de los derechos humanos, y seguían recibiéndose informes generalizados sobre violaciones de estos derechos", indica el informe Las amenazas a organizaciones y los asesinatos de individuos que defienden los derechos humanos en México fue otro de los distintivos del 2001 en la materia bajo el gobierno de Fox Sin hacer mención de la teoría de un posible suicido, AI señala como ejemplo de esto la muerte de la abogada Digna Ochoa, exmiembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el 19 de octubre, y las amenazas que recibieron miembros de asociaciones en Chiapas y Guerrero Pese a las promesas de que habría una rápida solución al conflicto indígena-chiapaneco, "en abril (del 2001) se desvanecieron al modificar y aprobar el Congreso un proyecto de ley sobre los derechos indígenas que no respetaba los principios acordados previamente", critica Amnistía Sostiene que, además, las comunidades indígenas continuaron sufriendo actos de intimidación y agresiones de grupos paramilitares o grupos civiles armados Las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos siguieron constituyendo "una practica habitual de los cuerpos de policía federal, estatal y municipal y del Ejército en las áreas policiales Las leyes destinadas a impedir y castigar estos abusos seguían siendo inadecuadas, y rara vez se recurría a ellas", añade Aunque "incompleta", la liberación de los campesinos guerrerenses y activistas ecológicos, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García fueron prácticamente la única buena noticia que reporta el informe de AI en materia de derechos humanos en México durante el 2001 Asimismo, da cuenta de la aparición de nuevas evidencias que surgieron el año pasado de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en 1968 (a lo cual contribuyó Proceso con la publicación de algunas fotografías), y vuelve a arremeter contra la administración Fox: "El presidente Fox no cumplió su promesa preelectoral de crear una Comisión de la Verdad para estudiar estos y otros casos no resueltos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, tales como ejecuciones extrajudiciales" Insiste en las críticas a las instituciones castrenses de México "Los tribunales militares no investigaron con eficacia ni procesaron a miembros del Ejército acusados de violaciones de derechos humanos, e impidieron que las causas se vieran ante tribunales civiles Empleados de la CNDH afirmaron que las operaciones antinarcóticos organizadas por las Fuerzas Armadas habían constituido una de las principales fuentes de denuncias de violaciones a los derechos humanos"